El fragor de la batalla mediática en el contexto del mediawfare ha socavado el debate de fondo sobre la naturaleza del servicio público y los cambios estructurales que ha de acometer RTVE en el nuevo ecosistema del capitalismo de plataformas. Nos referimos, en concreto, a los trabajos que la Subcomisión del Mandato Marco ha iniciado a nivel parlamentario para sentar las bases operativas de organización y desarrollo del principal canal radiotelevisivo de nuestro país.  

Más de ocho años después de concluir el período del documento base en vigor que fija las directrices de la política de gestión del ente público y tras un intento fallido en la anterior legislatura, desde el Grupo Plurinacional Sumar hemos conseguido finalmente que se convoque a los portavoces de los grupos con representación parlamentaria para sentar las bases de un nuevo tiempo para la Corporación. No ha sido fácil. En lo que llevamos de esta XV Legislatura, consta en acta la demanda de impulsar, como es preceptivo, el segundo Mandato Marco de RTVE, sin respuesta del grupo mayoritario en el Senado.

Entre tanto, la modificación del real decreto que alteró el modelo de elección de los miembros del Consejo de Administración, ha definido nuevas reglas del juego que entran en contradicción con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) al suprimir la elección por mayoría cualificada. No es objeto de la subcomisión resolver tal anomalía democrática, pero sí garantizar cuando menos la materialización de los valores constitucionales en el compromiso institucional de la función articuladora del servicio público audiovisual.

En una nueva y compleja estructura de la información amenazada por la injerencia externa y el vaciamiento del dominio público, la revisión de los principios vectores de actuación de RTVE se torna estratégica, primero para el futuro de la industria audiovisual y, en segundo término, para el pluralismo interno y la democracia.

Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2006, de 5 de junio, y la posterior aprobación del primer Mandato Marco de la Corporación, han transcurrido más de 17 años. En este tiempo han tenido lugar cambios significativos en el sector por la emergencia de nuevos actores globales y una economía de plataformas que no solo ha alterado las reglas del mercado interior, debilitando la posición de las empresas nacionales, sino que en este proceso de transformación de la llamada ‘cuarta revolución industrial’ se han impuesto condiciones de producción y difusión radicalmente distintas.

En este contexto del capitalismo de plataformas y ‘siliconización’, RTVE ha continuado operando como el principal motor de la economía audiovisual, siendo el mayor empleador público del sector en España. Pero es tiempo, sin lugar a dudas, en el horizonte de las nuevas cadenas de valor, de redefinir el papel y función social de la corporación, perfilando un proyecto sólido de futuro que garantice claros objetivos generales de prestación del servicio en función del interés general, nuevos contenidos programáticos para la inmensa mayoría, líneas estratégicas de producción interna y apoyo al cine, la animación y la industria del videojuego.

También debe haber nuevas bases financieras y de gestión del talento humano que atesora, apostando por la innovación y el desarrollo, y relaciones institucionales productivas enraizadas en los territorios de la red más extensa y consistente de cuantas empresas de comunicación existen en el país.

En este empeño, conviene empezar a exigir, a fin de evitar situaciones de impasse como las vividas años atrás, la actualización y renovación del Mandato Marco anualmente mediante la permanencia y seguimiento de la subcomisión encargada de redactar el documento, que debería continuar sus trabajos y velar por la continuidad de los lineamientos y directrices que han de concretarse en el contrato-programa.

Igualmente, es deseable el desarrollo y articulación de espacios que hagan efectivo el derecho de acceso contemplado en el artículo 20 de la Constitución como el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana que, junto con el Consejo Profesional y el Estatuto de Redacción, garanticen el principio de autonomía y neutralidad en la prestación del servicio.

La representación y fiscalización por la ciudadanía es la máxima garantía del cumplimiento de la misión de servicio público audiovisual. Se trata de una clara y decidida apuesta por la mediación. Haría posible cumplir exigencias como el desarrollo de servicios de conectividad a la red y la puesta en marcha de foros comunitarios en la formación de la cultura digital, atender la demanda latente de contenidos de la España vaciada, fomentar la cultura de la ciberseguridad ciudadana o, por poner un caso, promover la diversidad y creatividad audiovisual de la ciudadanía.

RTVE ya tiene experiencia en la escucha activa y atención a la población, sus verdaderos mandatarios. Cuenta además con un semillero de ideas sistematizadas en la consulta promovida a lo largo del Estado hace menos de un lustro, por no mencionar la red de cátedras universitarias patrocinadas por el ente y los proyectos presentados al concurso público que debieran servir, junto a sus promotores, de punto de partida para iniciar un nuevo modelo de gestión. Solo hace falta refundar el histórico Instituto Oficial de Radio Televisión (IORT) como centro de referencia e innovación social, impulsar el Canal Cultura como espacio de experimentación y diálogo público, y apostar por abrir espacios de construcción en común en centros territoriales, canales temáticos y su ventana al exterior, priorizando la cooperación público-público.

En definitiva, ante los nuevos tiempos de la era de la Inteligencia Artificial (IA), más que las consabidas respuestas y las bases tradicionales del modelo fabril y generalista de lo que Eco denominara la ‘paleotelevisión’, ha llegado la hora de cultivar un nuevo espíritu y propuesta programática acorde con la estructura de sentimiento de la generación Z y de los televidentes que aspiran y esperan de las pantallas de RTVE una ventana de oportunidad para encender la imaginación.