Opinión
Ruanda como síntoma de la transformación europea

Por Miguel Urbán
El 16 de noviembre, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron en Viena, junto al Gobierno de Ruanda, su intención de establecer en el país africano un centro de deportación para personas migrantes expulsadas de territorio europeo. La elección del lugar para anunciarlo no deja de tener una macabra ironía histórica. Fue precisamente en Viena donde, en 1993, se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que reafirmó el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Treinta y tres años después, cinco gobiernos europeos se reúnen en esa misma ciudad para impulsar un mecanismo que pretende trasladar a personas migrantes a miles de kilómetros, a un país con el que no tienen necesariamente ningún vínculo, en una vuelta de tuerca más de la necropolítica migratoria de la Unión Europea.
La iniciativa, bautizada con el eufemismo de “return hub” (centro de retorno), pretende comenzar a funcionar en 2027 y está dirigida a personas con órdenes de expulsión ejecutables que no han podido ser devueltas a sus países de origen. Sus promotores aseguran que será un centro abierto, donde las personas trasladadas podrán establecerse en Ruanda o intentar regresar voluntariamente a otro país. Lo presentan como una solución innovadora y humanitaria, una nueva oportunidad para quienes ya no tienen derecho a permanecer en Europa. Pero detrás de este lenguaje aparentemente amable se esconde una transformación profunda de las políticas migratorias europeas: la posibilidad de expulsar a personas a terceros países con los que no tienen ninguna relación. Lo que hasta hace pocos años se presentaba como una opción en los márgenes parlamentarios de la ultraderecha, jurídicamente rechazable y políticamente inviable, se está convirtiendo en un instrumento ordinario de la política migratoria europea.
No se trata de una decisión improvisada. El pasado mes de junio, el Parlamento Europeo aprobó la reforma del Reglamento de Retorno, abriendo la puerta a la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea. La votación fue celebrada por representantes de la extrema derecha al grito de "send them back" ("mandadlos de vuelta"), una imagen que sintetiza mejor que cualquier discurso la transformación política que está experimentando Europa. El nuevo reglamento, adoptado definitivamente en octubre, permite que los Estados miembros establezcan acuerdos con terceros países para trasladar a personas migrantes sobre las que pesa una orden de expulsión. Apenas cinco meses después de aquella votación parlamentaria, el proyecto de Ruanda constituye el primer gran intento de materializar internacionalmente esa nueva arquitectura jurídica. La excepcionalidad se convierte en norma y las propuestas que hace apenas una década se situaban en los márgenes de la extrema derecha pasan a formar parte de la legislación comunitaria.
A pesar de que Pedro Sánchez ha criticado el proyecto de “return hub” en Ruanda, cuestionando su humanidad y su futuro, no podemos olvidar que España ha desempeñado un papel pionero como laboratorio de la externalización de fronteras europeas. Ya en 2008, una antigua escuela de Nuadibú, en Mauritania, funcionaba como centro de detención de personas migrantes financiado con fondos españoles y conocido como el "Guantanamito español". Según Amnistía Internacional, por aquellas instalaciones pasaban mensualmente entre 200 y 300 personas procedentes de Senegal y Malí. Casi dos décadas después, una investigación de la Fundación porCausa y El Salto documentó la financiación europea de nuevos centros de detención en Mauritania, con participación de la agencia española de cooperación FIAP. A ello se suman los acuerdos policiales con Senegal, la vigilancia aérea de Frontex desde Cabo Verde y los millones de euros destinados a convertir la cooperación con terceros países en una herramienta de control migratorio.
Una trayectoria que obliga a examinar las contradicciones del Gobierno español. No se trata de mecanismos idénticos, pero ambos responden a una misma racionalidad política: trasladar cada vez más lejos de las fronteras europeas las funciones de vigilancia, retención y expulsión. Europa comenzó externalizando sus fronteras para impedir que las personas migrantes llegaran a su territorio. Después comenzó a financiar centros de retención y dispositivos policiales fuera de sus fronteras. Ahora pretende expulsar fuera de Europa también a quienes ya se encuentran dentro. La externalización ha pasado de ser una política de contención de llegadas a convertirse también en una política de expulsión.
Además, los riesgos de estos centros extraterritoriales no son simples problemas de funcionamiento que puedan solucionarse con mejores protocolos de supervisión. Son consecuencias estructurales del propio modelo. El desplazamiento a miles de kilómetros dificulta el acceso a asistencia jurídica, la supervisión independiente, el seguimiento de posibles abusos y la identificación de responsabilidades cuando se producen vulneraciones de derechos.
En este sentido, la elección de Ruanda tampoco es casual, ni está exenta de profundas contradicciones. El país, gobernado desde hace décadas por Paul Kagame, acumula denuncias documentadas de represión de la oposición, detenciones arbitrarias, restricciones de las libertades políticas y graves deficiencias en las garantías judiciales. A ello se suma su implicación en el conflicto del este de la República Democrática del Congo y las acusaciones internacionales sobre su apoyo a grupos armados responsables de graves violaciones de derechos humanos.
No deja de resultar paradójico que gobiernos europeos que denuncian estas prácticas consideren ahora a Ruanda un socio adecuado para hacerse cargo de personas expulsadas de sus territorios. Más aún cuando el país africano ya alberga a unas 140.000 personas refugiadas y otras desplazadas bajo protección internacional, principalmente procedentes de Burundi y la República Democrática del Congo, mientras los programas humanitarios afrontan crecientes dificultades de financiación. Europa parece dispuesta a movilizar recursos para financiar mecanismos de expulsión hacia Ruanda mientras la asistencia a quienes ya necesitan protección allí sufre importantes limitaciones presupuestarias.
Pero para comprender verdaderamente la decisión de los cinco gobiernos europeos es necesario ir más allá de sus implicaciones jurídicas y humanitarias. Porque el acuerdo con Ruanda también debe analizarse como una operación de propaganda política. Sus promotores lo presentan como una solución eficaz para aumentar las expulsiones y disuadir la inmigración irregular, pero los precedentes internacionales ofrecen motivos suficientes para cuestionar esa supuesta eficiencia. No existe evidencia sólida de que estos mecanismos consigan reducir de manera significativa los movimientos migratorios, mientras su puesta en marcha no solo supone una vulneración flagrante de los derechos humanos de las personas deportadas sino que puede implicar enormes costes presupuestarios, innumerables litigios y complejas negociaciones diplomáticas.
En cambio, su rentabilidad política puede producirse incluso antes de que comience a funcionar el primer centro. Basta con anunciarlo, organizar una rueda de prensa y presentar el proyecto como demostración de firmeza ante la inmigración. Es aquí donde aparece una de las claves fundamentales de la actual política migratoria europea: la transformación del populismo de los muros en un nuevo populismo de las deportaciones.
Hace años hablábamos del "populismo de las vallas" para describir una política que encontraba en la construcción de muros fronterizos una forma rápida, visible y aparentemente contundente de responder a las preocupaciones de la ciudadanía. Los muros nunca fueron únicamente instrumentos materiales de control fronterizo. También eran dispositivos simbólicos destinados a representar la recuperación de la soberanía y de la capacidad protectora del Estado. Su eficacia no se medía exclusivamente por impedir el paso de personas, sino por su impacto sobre la opinión pública y su utilidad para fabricar adhesiones electorales mediante el miedo a la migración.
Ahora asistimos a una nueva evolución de esa misma lógica. Donde antes se levantaban vallas para escenificar la protección de las fronteras, ahora se anuncian centros de deportación en África para representar la capacidad de expulsar. La frontera deja de ser solamente una línea física que separa territorios y se convierte en un mecanismo de exclusión que puede perseguir a las personas incluso cuando llevan años viviendo en Europa. El objetivo político no es únicamente impedir que entren más migrantes, sino mostrar que quienes se consideran indeseables pueden ser apartados de la comunidad en cualquier momento. No deja de ser revelador que la propia primera ministra danesa, Mette Frederiksen, haya insistido en que la importancia del proyecto no reside únicamente en el número de personas que puedan ser expulsadas, sino en la señal que se pretende enviar. La función propagandística deja así de ser una interpretación para convertirse en parte explícita de la justificación gubernamental.
Y precisamente el protagonismo de Frederiksen, dirigente socialdemócrata, constituye uno de los elementos más significativos de esta nueva etapa. La externalización de las políticas migratorias ya no es patrimonio exclusivo de gobiernos de extrema derecha como el de Meloni o de proyectos conservadores radicalizados como el que intento impulsar las deportaciones británicas a Ruanda. Ahora cuenta con el respaldo de gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas que compiten por demostrar su firmeza en materia migratoria. Una competencia que, lejos de desactivar el discurso de la extrema derecha, ha contribuido a normalizar buena parte de sus propuestas.
La verdadera victoria política de la ultraderecha no consiste únicamente en conseguir más votos o entrar en los gobiernos, sino que sus adversarios terminen asumiendo su agenda, convirtiendo sus propuestas en políticas de Estado. Porque el acuerdo de Ruanda no representa una ruptura repentina con la política migratoria europea, sino la culminación de una necropolítica que normaliza medidas que antes se presentaban como excepcionales, medidas que hasta hace no mucho solo defendía la ultraderecha y que ahora son la política migratoria de la UE.



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