El Sáhara Occidental arde de nuevo. La chispa saltó en Dajla, en los territorios ocupados, con la muerte del joven de 29 años Maishan Mohamed Lamin hace dos días, tras haber recibido una paliza a manos de unos colonos marroquís que le condujo a la muerte. La tensión se multiplicó y comenzaron las redadas. El ejército marroquí ha establecido el toque de queda en Dajla y las cifras que llegan desde los territorios ocupados hablan de casi 40 jóvenes detenidos, algunos de ellos en paradero desconocido.

Se han establecido controles militares en los accesos de los barrios saharauis y se detiene a cualquier saharaui que se atreva a circular por allí. Sólo en la avenida principal de la ciudad, se han apostado patrullas militares compuestas por cinco soldados armados y la policía de El Aaiún llega ya como refuerzo. Se ha impedido la libre circulación, por lo que la protesta que pretendía hacer un grupo de saharauis fuera de la ciudad ha sido saboteada. El clima que se respira o, mejor dicho, que asfixia, es muy similar al vivido tras el brutal desmantelamiento del campamento Gdeim Izik hace casi un año.

Comienzan a extenderse las noticias de palizas y torturas por parte de los soldados marroquís. Los soldados están quemando casas de los saharauis e, incluso, una escuela. Ya ha comenzado el traslado de prisioneros hacia la temible Cárcel Negra de El Aaiún. Se habla de siete muertos y las noticias que me llegan directamente de Dajla es que tan sólo uno es saharaui, víctima de una paliza a manos de colonos marroquís. El resto son todos marroquís, pero no asesinados a manos saharauis, precisamente: cuatro murieron en un accidente de tráfico al sustraer un vehículo saharaui y un militar y un colono murieron por fuego marroquí.

Comienzan ahora a llover las críticas sobre el Gobierno español. No faltan motivos, porque no podemos olvidar que, pese a que la ministra Trinidad Jiménez lo niegue o no lo sepa -Jaúregui ni siquiera tiene claro cuándo abandonó España este territorio-, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental. El problema es que, además de que parece improbable que nuestro Gobierno -sea del color que sea- supere la histórica política deshonesta para con nuestra ex provincia 53, hoy por hoy no somos nadie. España no tiene peso en el contexto internacional, menos aún ahora con la crisis. Esa es la cruda realidad para nosotros y para los saharauis.

España no tiene peso en la toma de decisiones de ese ente llamado Comunidad Internacional. Es un mero vagón de cola que se suma al sol que más calienta... o que menos quema. ¿Significa eso que no tiene responsabilidad, que no se lo puede exigir que, al menos, alce la voz defendiendo los Derechos Humanos? En absoluto. Debería hacerlo, es lo mínimo, pero ni siquiera llega a eso, adoptando una postura de sumisión a Marruecos y a las potencias que lo apoyan. Porque si España no tiene peso, otra cosa muy distinta sucede con los grandes defensores del régimen de Mohamed VI: EEUU y Francia. En el caso de los primeros, aliados desde la lucha contra el comunismo en la Guerra Fría. Marruecos es uno de los mayores receptores de ayudas estadounidenses, pues le abre la puerta al Magreb y suma un apoyo en su Guerra contra el Terror. Francia, por su parte, tiene muchos intereses económicos en Marruecos y, como contrapartida por ejemplo, veta en el Consejo de Seguridad que la ONU vele por el respeto de los Derechos Humanos en el Sáhara.

Así están las cosas. Si se fijan, ni siquiera he hablado del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Ese mismo que se reconoce por el Derecho Internacional y por las resoluciones de la ONU que, permitánme la expresión, la Comunidad Internacional -las potencias como EEUU y los peleles como España- se pasan literalmente por el forro. Y es que de lo que aquí hablo es de respeto por los Derechos Humanos, los mismos que se violaron hace casi un año en Gdeim Izik y que no importaron ni a España, ni a Francia, ni a EEUU... y mucho menos a la ONU.

Hoy habrá concentraciones de protesta a las 20:00 horas por toda España (Puerta del Sol en Madrid, Portal de l'Àngel en Barcelona, Plaza Mayor de Valladolid, Plaza Nueva de Sevilla, Plaza Santo Domingo de León, Delegación del Gobierno de Santander y Plaça del Ajuntament de València).