Salvemos al soldado bar

Es un hecho sabido que en el tiempo de los romanos una ardilla podría cruzar la Península Ibérica saltando de árbol a árbol, pero hoy en día tendría que hacerlo yendo de bar en bar. Con tantos bares y tantos restaurantes, el problema no iba a ser llegar hasta los Pirineos: el problema iba a ser salir de Cádiz, de Madrid y de Bilbao. La hostelería es la marca diferencial del país desde mucho antes de que Fraga promocionara el chiringuito de playa como la respuesta española a los búnkers y casamatas del Muro de Atlántico. Si en el desembarco de Normandía los aliados se hubiesen encontrado con unos cuantos chambaos bien pertrechados de cerveza, manzanilla, jerez, migas, gambas y espetones de sardinas, la Segunda Guerra Mundial habría sido otra historia. “Que inventen ellos” decía Unamuno, y nos lo imaginamos diciéndolo apalancado en una barra, mientras se toma un chato de vino y unas anchoas.

En un pasaje célebre del Quijote, tantas veces citado fuera de contexto, don Quijote y Sancho se topan con la iglesia del pueblo y acaban discutiendo, como casi siempre, ya que ellos eran más de tropezar con fondas y posadas, alancear cueros de vino y dirigir ínsulas baratarias. De cualquier modo, la iglesia y la hostelería forman dos de los pilares básicos de la economía hispánica, sin olvidar el negocio de la construcción, que es la tercera pata del banco desde Atapuerca y desde antes de que los bancos fuesen bancos. De ahí las ayudas institucionales a los patriarcas del ladrillo y de ahí el régimen fiscal de manga ancha del que disfrutan las posesiones eclesiásticas en suelo patrio. Lo difícil era que don Quijote y Sancho tropezaran con otra cosa, por ejemplo, con una universidad o una biblioteca.

De inmediato el gobierno ha decidido movilizarse para sostener el sector hostelero, fuertemente golpeado por la crisis del coronavirus y por las restricciones provocadas por las condiciones sanitarias. La hostelería reclama 8.500 millones de euros para garantizar su supervivencia, una cifra que contrasta con los 4 millones destinados a paliar la angustiosa situación del sector del libro. Mientras en otros países las administraciones se desviven para salvar la cultura, aquí la diferencia es de 8.496 millones a favor de la barra libre, el botellón y los calamares. A menos que uno no sea español de pura cepa, no se entiende muy bien que el grueso del rescate se dedique a apuntalar bares, tabernas, tascas, cantinas, discotecas y demás templos del alcohol, mientras se abandonan a su suerte no sólo librerías, cines y teatros, sino también ferreterías, droguerías, talleres, peluquerías, panaderías, estancos, carnicerías y demás negocios abstemios. Parafraseando al clásico, podemos decir que en España vivir no es necesario: beber sí.

Eso de tener los bares cerrados durante el toque de queda es un verdadero problema, porque a veces me da por levantarme muy temprano y tengo que cruzar tres o cuatro calles para llegar hasta mi despacho, donde tengo el ordenador, la biblioteca, el tabaco y otros utensilios de mi oficio. A veces temo que la policía me pare, me pregunte a dónde voy a esas horas y no me libre de la multa, porque resulta inverosímil que alguien se gane la vida con la escritura, no digamos a las cinco de la mañana. Me acuerdo entonces de aquel reality de la aduana de Canadá, donde la policía no investiga tanto si el viajero incauto lleva encima drogas, armas o licor de contrabando, sino que están especializados en detectar si tiene permiso de trabajo. “Usted viene aquí a trabajar, no lo niegue” dice el aduanero, implacable, mandándolo de vuelta a casa como si el pobre hombre aspirase a un puesto en la directiva de Vox. Si los bares estuvieran abiertos, al menos siempre me quedaría el recurso de echar un trago.