Sánchez y Aragonès en el laberinto

El encuentro entre el ministro de la Presidencia del Gobierno español, Félix Bolaños, y la consellera de Presidència del Govern, Laura Vilagrà, ha supuesto un primer contacto entre el Ejecutivo estatal y el de la Generalitat después de unos meses de congelación de relaciones y de alta tensión política trasladada al Congreso de los Diputados con el desmarque por parte de ERC de la mayoría de la investidura. Las valoraciones sobre lo que supone la reunión del miércoles, como acostumbra a pasar en política, son flexibles y dispares. Balance muy positivo por parte de Bolaños y una dosis mucho mayor de precaución y escepticismo por la de Vilagrà, lo que aumenta el ya de por si elevado grado de confusión en torno al llamado tema catalán.

Es cierto que la condición humana nos hace a unos más optimistas que a otros, pero, más allá de ello, hay que tener cuidado con la dimensión táctica de este tipo de balances. Y es que el efecto Tarradellas ha hecho mucho daño. Me refiero a cuando el expresident de la Generalitat voló del exilio a Madrid para una primera reunión en la negociación de su retorno y la reinstauración de las instituciones catalanas en el Estado español. Tarradellas culminó la reunión con un “ha ido muy bien” cuando el encuentro había sido tenso e improductivo. Pero la mentira piadosa del expresident salvó las relaciones entre las dos partes de un torrente de reproches y la crónica política de la época otorga a este episodio el carácter de cuña providencial que permitió posteriormente cerrar un punto clave para la Transición española, como es la restauración efectiva de la Generalitat mantenida en el exilio bajo presidencia de Tarradellas.

Pero este tipo de tácticas corresponden a personas y momentos históricos muy determinados. Y que Bolaños quiera emular a Tarradellas puede resultar un poco pretencioso, pero sobre todo contraproducente, ya que la situación actual lo que precisamente requiere es una diagnosis compartida por ambas partes en conflicto sobre en qué punto político nos encontramos; por qué hemos llegado a él y qué instrumentos servirán realmente para desencallar la situación y, si no solucionar el conflicto actual, por lo menos, avanzar hacia algún tipo de acuerdo de mínimos.

Así las cosas, diversas incógnitas sobrevuelan el escenario político catalán ¿Estamos frente al retorno a la normalización de relaciones entre ambos gobiernos o en un simple contacto para marear la perdiz una vez más? ¿Llegará el deshielo al calor de la reunión veraniega que celebrarán Pedro Sánchez y Pere Aragonès el mes que viene? ¿Qué impide la recomposición de la entente entre ERC y la Moncloa, que recupere la cómoda mayoría de la investidura de Sánchez? Y ¿qué efectos tendrá todo ello en la política catalana, tanto en la tensa relación en el Govern entre ERC y Junts, como en el conjunto del independentismo o respecto al papel del PSC y los Comuns?

La reunión Bolaños-Vilagrà de la semana pasada es seguramente el retorno a la casilla de salida de las relaciones iniciadas con la negociación y los acuerdos entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Sánchez y Aragonès han andado perdidos dos años y medio en el laberinto y se podría decir que han topado con el Minotauro en forma de mayoría absoluta del PP en las elecciones andaluzas. En el fondo tanto socialistas como republicanos se han dado de bruces con el evidente fracaso de sus estrategias: por parte del PSOE, la de hacer desaparecer lo que algunos llaman “el tema catalán” de la ecuación mediática, especialmente, con los indultos de hace un año a los dirigentes independentistas encarcelados y manteniendo al ralentí la mesa de diálogo retomada en septiembre pasado y congelada pocas semanas después. Y por parte de Esquerra, ha errado en la idea de que podía arrancar del PSOE avances suficientes en la mesa de diálogo como para poder centrarse y afrontar con mayor tranquilidad la acción de gobierno del Govern Aragonès.

Es cierto que la política catalana tiene un nivel elevado de policentrismo, e incluso se puede llegar a pensar que no mira más allá de su ombligo. Y que después de los intensos años 2017 y 2018, la pandemia, la crisis inflacionaria y muchos otros temas, deberían provocar alguna reflexión sobre la pretensión de mantener en el primer plano de la agenda el Procés. Pero no es menos cierto que el PSOE, instalado en la conllevancia orteguiana respecto al tema catalán, ha dimitido de cualquier intento de poner sobre la mesa iniciativas que vayan al fondo de la solución del conflicto, y considera que bastante hizo con los indultos.

El problema es que tampoco el intento de volver a las cosas de comer -con la famosa ‘Agenda para el reencuentro’- ha surtido efecto y se ha sucedido fiasco tras fiasco. La polémica por la baja ejecución presupuestaria del 36% en Catalunya frente a más del 180% realizada en Madrid es el último ejemplo, pero podríamos añadir el recurso al Tribunal Constitucional contra la ley que regula los alquileres en Catalunya, la modificación en tiempo de descuento y por la puerta de atrás junto al PP de la Ley Audiovisual para beneficiar a los dos grandes grupos audiovisuales españoles perjudicando al extenso tejido catalán de pequeñas y medianas productoras, la imposibilidad de pactar una ampliación del aeropuerto del Prat, solo por poner algunos ejemplos cruciales para el Govern y para ERC.

Con esta situación, sin mesa de diálogo y sin las contraprestaciones de lo que se llamaba “peix al cove” en tiempo de CiU, cualquier “incidente de recorrido” como el caso de espionaje masivo al independentismo con Pegasus supone un torpedo a la línea de flotación de la resistencia de ERC en su empecinada apuesta por el diálogo y la negociación con el PSOE. A la vez que todo ello enturbia la idea de que siempre será mejor para un independentista que un socialista more en la Moncloa que un tándem Feijóo-Abascal.

Sin una apuesta decidida de Pedro Sánchez por hacer avanzar las relaciones de su Gobierno con la Generalitat a un punto de equilibrio que visualice mejoras, tanto en el terreno de gestión como en el político en lo relativo al Procés, ERC lo tiene muy complicado para hacer frente a la tremenda presión para romper toda relación con el Ejecutivo estatal que imprimen tanto desde dentro del Govern sus socios de Junts como el resto del independentismo, desde la CUP a las entidades soberanistas.

Por eso, sabemos que hemos vuelto a la casilla de salida si es que alguna vez salimos de ella, pero no hay ninguna certeza de si ello servirá para avanzar un paso más. Habrá que esperar a ver qué propone y qué es lo que acepta Pedro Sánchez. El problema es que dos años y medio después del pacto de investidura, la desconfianza respecto a las promesas del PSOE en todos los campos ha hecho mella en Esquerra. Y aunque la dirección cierra filas en volver a intentarlo, una parte de las bases militantes –veremos las votantes- se sienten engañadas y desilusionadas. A Pedro Sánchez se le ha acabado el crédito entre las bases republicanas, pero la dirección de Esquerra también tiene deshilachada la soga con que se amarró a la estrategia negociadora con el PSOE.

Y Junts no aflojará con su retórica de enfrentamiento –no hay actos que la secunden- para desgastar electoralmente a los republicanos, lo que conlleva una gran tensión y desestabilización del Govern que de paso pone palos a las ruedas en la gestión del Govern. De esta forma, queda tocado el binomio sobre el que se debía impulsar la presidencia de Pere Aragonès: avanzar en la resolución del conflicto y salir de la parálisis del Govern bajo presidencia de Quim Torra con una agenda ambiciosa e inminentemente transformadora.

Junts no aflojará, a pesar de los costes en la gobernabilidad, por la necesidad del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de mantener su influencia en el independentismo mediante la estrategia confrontacionista. Y no lo hará porque Junts tiene una nueva dirección capitaneada por Laura Borràs y el exconseller y expreso Jordi Turull, que aleja la formación del pragmatismo. Con una pugna interna considerable entre los dos líderes y sus facciones por el control del partido, que se sustenta en la instrumentalización del purismo independentista como arma arrojadiza.

De momento, la alternativa que puede liberar a Esquerra de la tenaza de Junts, ni está ni se la espera. Si alguien está pensando en Madrid que la solución pasaría porque el PSC –junto a los Comuns- apuntale a Aragonès si decide romper con Junts, a cambio de estabilidad en el Congreso, diría yo que tiene el prismático político desenfocado. No solo por la infausta memoria para los republicanos de cómo acabaron los Tripartitos, si no porque en estos momentos los socialistas se han convertido en el principal rival electoral de Esquerra en Catalunya. Así se comprobó con el empate a 33 diputados en las últimas elecciones al Parlament, y sin duda así se verá en las próximas elecciones municipales, especialmente en el área metropolitana de Barcelona y en grandes ciudades como Tarragona o Lleida.

Creo que la reanudación de las relaciones entre gobiernos y de la mesa de diálogo tiene mucho que ver más con un cúmulo de intereses que con la ética política. Pero que es imposible que funcione sin valentía política. Lo primero no es malo, los intereses mueven el mundo y han resuelto más de un sangriento y complicado conflicto. Lo segundo es un valor escaso en las democracias demoscópicas y de alta intensidad electoral que se han impuesto últimamente de las cuales el Estado español –y Catalunya- son alumnos aventajados.

Por un lado, el PSOE necesita imperiosamente, después de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, recuperar la tranquilidad parlamentaria para poner en marcha una apisonadora legislativa que le pueda dar un giro a la izquierda a su gobierno con la aprobación de una amplia batería de medidas que evidencien una mejora del día a día de los ciudadanos. Seguramente, le hará falta a Pedro Sánchez un retoque del Consejo de Ministros. Para lo último, se basta él solo; para lo primero, ERC es fundamental para recuperar la mayoría de la investidura. Por su parte, Esquerra necesita volver a intentarlo, y con prisas, con el Gobierno español, no por inercia, sino por tres motivos básicos. Primero, para demostrar que su estrategia basada en la negociación puede dar algún resultado aunque sea mínimo.

En segundo lugar, para consolidar un paréntesis de estabilidad, que permita impulsar la acción de Gobierno y conseguir algunos frutos palpables de haber llegado por primera vez a la presidencia de la Generalitat desde su restauración.

Y tercero, porque el calendario judicial promete una tensión insoportable en el independentismo coincidiendo con el quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017. Empezando por la revisión de los indultos a los dirigentes presos, improbable pero que se vive con una tremenda y lógica inquietud por los afectados y las bases independentistas. Pero también por las decenas de procesos abiertos por temas relativos al Procés que irán explotando en los próximos meses. Decenas de personas inculpadas de diversos partidos, entre ellas, dos miembros del Govern de Esquerra, el conseller Roger Torrent y la consellera Natàlia Garriga y un buen número de dirigentes del núcleo duro de la dirección de los republicanos, como Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y otros.

Sin un anclaje fuerte a una mesa de diálogo y negociación activa, no hay relaciones políticas que sobrevivan a este maremoto que sitúa a Esquerra y al independentismo frente a lo que llaman “una avalancha represiva”. Y esta certeza topa con un primer gran problema. La diferente cosmovisión de la realidad de las partes. Donde las gentes del PSOE ven en el escándalo del espionaje un lógico mecanismo de autodefensa del Estado –Margarita Robles dixit- los independentistas ven un terrible, injustificado y punible caso de persecución política. Donde los socialistas ven sentencias acatables como en el caso del 25% de castellano en la escuela catalana, los independentistas ven una justicia politizada y corrupta -los audios de Villarejo y Fernández Díaz sobre algunos jueces en la Operación Catalunya algo apuntan…- que ataca los cimientos de la convivencia en Catalunya.

Así las cosas, la cuestión es si el Gobierno español está decidido a actuar y si tiene margen de maniobra. En el terreno de la negociación del conflicto, admitiendo la necesidad de una solución democrática, es decir que suponga la viabilidad de todos los proyectos políticos democráticos, también el independentista. Es decir pasar de permitir que se sea independentista a permitir que se ejerza de independentista. Y aunque resulta lógica la defensa del PSOE del marco de la Constitución, sí sería posible según muchos constitucionalistas fijar las condiciones para que el independentismo pueda vehicular la independencia sin miedo a la cárcel. Llámenlo Ley de la Claridad o derecho de autodeterminación, pero la independencia debe ser posible de forma pacífica y democrática si así lo quiere una mayoría de catalanes y catalanas. Y se trata de establecer de qué forma. Porque si la respuesta es nunca jamás, difícil lo tendrá ningún partido español con el independentismo catalán.

Respecto a la desjudialización, es evidente que el Gobierno español como Poder Ejecutivo no puede interferir en las decisiones judiciales como exigen algunos sectores independentistas. Pero sí puede hacer muchas más cosas de las que ha hecho, indultos a parte, que no es poca cosa. Empezando por la legítima potestad de direccionar, hacia la distensión, la acción –hasta ahora muy beligerante- de la Abogacía del Estado en los casos contra independentistas en que esta se persona. Por ejemplo, rectificando la actuación arbitraria del Tribunal de Cuentas que a la práctica supone una pena más parecida a la venganza con incautación de bienes de los derrotados dirigentes independentistas que a una resolución de justificación jurídica en un estado de derecho. O la derogación/modificación del delito de sedición y de rebelión en el Código Penal, debate impulsado por los socios de Podemos que ha quedado en un cajón, a pesar de que el propio Pedro Sánchez admitió la necesidad de hacer los cambios por las presiones europeas, ya que los país vecinos no entienden que aún tengamos estos delitos en el marco jurídico español, decía.

Por lo que atañe a la gestión, la distensión con Esquerra tiene una solución mucho más fácil. Reconocer la realidad que el Gobierno de coalición no tiene mayoría absoluta en el Congreso, admitir que la geometría variable no tiene viabilidad con Ciutadans en peligro de extinción y tratar a Esquerra como principal y prioritario socio, que lo es de la mayoría de la investidura. Ergo, cumplir los compromisos establecidos y por establecer con los republicanos, empezando por los presupuestarios.

Es difícil saber si la reunión entre Bolaños y Vilagrà, o la que mantendrán el mes que viene Sánchez y Aragonès, servirá realmente para entrar en un nuevo tiempo político. El problema para articular las medidas necesarias es que la catalanofobia -inherente históricamente en el sistema político español, desde el Conde de Olivares a Lerroux, y acrecentada en nuestros tiempos a partir del 2017- introduce corrimientos de tierras electorales. De ahí el miedo de Pedro Sánchez y el PSOE a establecer una constructiva bilateralidad con la Generalitat como representación de Catalunya. Temor no solo a aceptar determinadas condiciones en lo que respecta al proceso independentista, sino a impulsar todo tipo de actuaciones: desde la lentitud de las inversiones en Catalunya, que provoca el miedo a la repercusión en otras comunidades, a la preocupante falta de coraje para defender una candidatura a los Juegos Olímpicos de invierno del 2030, frente al pulso del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. El propio COE ha reconocido que estaba pactada y que Catalunya había hecho los deberes y había sido constructiva.

Sin olvidar que, en el caso de la relaciones entre el PSOE y ERC, se produce en el terreno electoralista una suma-resta de resultado negativo. Es decir, que toda aquella actuación que el PSOE realiza contra el independentismo con fines electoralistas provoca consecuencias negativas en la demoscopia de Esquerra, y así mismo las exigencias de los republicanos provocan al PSOE vías de agua electorales. Y por vasos comunicantes la única mayoría posible para una futura nueva investidura de Sánchez se complica perdiendo por un lado lo que se gana por el otro. Una ecuación de difícil resolución para obtener el equilibrio perfecto que permita mantener las posiciones electorales a unos y a los otros y la suma sea positiva.

Creo poder decir que, si Pedro Sánchez supera los miedos y activa todos los mecanismos mencionados, encontrará en Gabriel Rufián un político más sensato de lo que su caricatura indica. En caso contrario, se topará con un político menos dócil de lo que transmite la propaganda de los adversarios de Esquerra. Y su lucha contra la demoscopia se puede convertir en una simple quimera. Veremos qué incluye esta vez el manual de resistencia-supervivencia. Pero en ningún sitio está escrito que ser consciente de los peligros de asomarse al abismo te libre de acabar despeñándote.