Opinión
Sanidad, escuela, pensiones… ¿y la comida?

Por Paola Hernández Oliván
Coordinadora de proyectos en la asociación Mensa Cívica.
En Europa sobra comida, pero no para todo el mundo. Según Eurostat, en 2025 el 8,5 % de la población de la Unión, más de 38 millones de personas, no podía permitirse una comida con carne, pollo, pescado o su equivalente vegetal cada dos días. En España, casi 450.000 niños y niñas viven así, según el análisis de Educo de la última Encuesta de Condiciones de Vida. Y ocurre en una de las grandes potencias agroalimentarias del continente, que exporta frutas, hortalizas, aceite y carne a medio mundo.
Esa es la paradoja de la inseguridad alimentaria europea: no falta comida, falta acceso. Faltan ingresos, tiempo, cocinas, comedores y precios justos. Y la respuesta que damos se parece demasiado a la de la vivienda llamada asequible, donde primero hay que demostrar que puedes pagarla. Con la comida es al revés pero igual de perverso: para recibir ayuda tienes que demostrar que eres lo bastante pobre. Colas en los bancos de alimentos, tarjetas monedero con requisitos, informes de servicios sociales. Ayuda condicionada, temporal y, muchas veces, humillante.
Levantamos el Estado del bienestar sobre una idea sencilla: hay necesidades tan básicas que no pueden depender ni de la caridad ni del mercado. Por eso tenemos sanidad universal, educación pública, pensiones y un sistema de atención a la dependencia. La alimentación, sin la que nada de lo anterior se sostiene, sigue fuera. Se trata como un asunto privado de cada hogar o, en el mejor de los casos, como una emergencia que atienden voluntarias y entidades sociales al límite de sus fuerzas.
Otros países han empezado a cambiar la pregunta. En Reino Unido, uno de los países más ricos del mundo, unos 14 millones de personas tienen dificultades para alimentarse. La Comisión por el Derecho a la Alimentación, impulsada desde el Parlamento con sindicatos, universidades y organizaciones sociales, ha escuchado a casi 2.500 personas en las cuatro naciones y acaba de proponer una Ley del Derecho a la Alimentación: obligaciones claras para el Gobierno y las administraciones, objetivos, seguimiento independiente, informes al Parlamento y vías de reclamación cuando no se cumplan. Lo que pedía la gente no era más caridad. Era dignidad, poder elegir y la certeza de que la semana que viene también habrá comida en casa. El 82 % de la población británica apoya ese derecho.
En Francia el debate ha ido más lejos con la seguridad social de la alimentación. La idea es aplicar a la comida la lógica de la sanidad pública: cada persona cotiza según sus ingresos y todas reciben una cantidad mensual, se habla de unos 150 euros, para gastar en productos y comercios elegidos democráticamente con criterios de calidad, proximidad y precio justo para quien produce. Ya funcionan cerca de treinta experiencias locales, de Montpellier a pequeños pueblos del Vaucluse, y una proposición de ley para experimentarla durante cinco años fue aprobada en comisión en la Asamblea Nacional. Universal, sin colas y sin estigma.
Brasil enseña lo que está en juego. Inscribió el derecho a la alimentación en su Constitución en 2010 y lo sostuvo con transferencias de renta, compra pública a la agricultura familiar, comedores escolares y un consejo con participación ciudadana, el CONSEA. Salió del Mapa del Hambre de la ONU en 2014. Jair Bolsonaro suprimió el CONSEA en su primer día de gobierno y en 2022, el país había vuelto al mapa. El hambre es una decisión política, y un derecho sin instituciones que lo sostengan se desmonta en un solo día.
En ese sentido, España no parte de cero en todo. Estos últimos años se ha aprobado una normativa para que los comedores públicos sean más saludables y sostenibles, para prevenir el desperdicio alimentario o para acercar el producto local y de temporada a la mesa. Pero sigue sin reconocer por ley el derecho a la alimentación, sin una protección social alimentaria que no pase por hacer cola, sin espacios donde quienes comen, cocinan y producen decidan juntos, y sin frenar la concentración y especulación por la tierra.
Esos huecos son justo los que quiere cubrir la iniciativa ciudadana europea "¡La alimentación es un derecho humano para todas y todos! Garantizar sistemas alimentarios sanos, justos y sostenibles", que recoge firmas en toda la Unión. Si alcanza el millón, la Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre una propuesta para crear o modificar normas europeas que garanticen sistemas alimentarios justos y con gobernanza democrática; apoyen iniciativas nacionales de protección social como la seguridad social de la alimentación; reconozcan que los alimentos no son mercancías ordinarias; impulsen la agroecología campesina, los sistemas alimentarios territoriales y las semillas campesinas; frenen la concentración de la tierra; regulen estrictamente los ultraprocesados y los transgénicos, incluidos los de nuevas técnicas genómicas; y aseguren una compra pública sostenible y un etiquetado que diga la verdad. Se trata de dar un marco común europeo a lo que Reino Unido, Francia y Brasil ensayan por separado. Firmarla es una forma concreta de empezar.
Una sociedad que obliga a elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera tiene un problema mucho mayor que la inflación. Comer bien no debería depender de la suerte, de una cola ni de demostrar que eres lo bastante pobre. La comida no debería ser algo que la gente busca desesperadamente, sino algo que simplemente tiene. Eso es un pilar del bienestar. Ya es hora de construirlo.


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