En pleno debate electoral (1992) entre Bill Clinton y George H.W.Bush (padre) el candidato demócrata le espetó súbita y airadamente, a su contrincante la frase que ya ha pasado a la historia: ¡Es la economía, estúpido! El Presidente Bush que se presentaba a la reelección centró el debate alardeando de sus éxitos en política internacional (Fin de la Guerra Fría y de la Guerra del Golfo). La frase no es de Clinton sino de su asesor Carles Carville, economista que siempre criticó las política económicas basadas en los recortes que olvidaban las necesidades cotidianas, perentorias y esenciales de los ciudadanos.(Sanidad, Vivienda, Educación, entre otras). Por eso, es bueno volver a poner de relieve los viejos principios keynesianos que sacaron a Occidente de la recesión de la posguerra de 1945. Keynes planteaba la puesta en práctica de políticas fiscales y monetarias por parte del Estado para mitigar los efectos de la recesión y de las crisis que con carácter cíclico se producen en el mundo de la economía.

Según la opinión de todos los expertos la pandemia del coronavirus, todavía presente, nos ha llevado a un situación de crisis semejante a la que surge de las ruinas y la desolación de la II Guerra Mundial. En aquella ocasión se empezaba de cero pero en el presente todavía no hemos conseguido parar el contador. El artículo 43 de la Constitución proclama el derecho a la protección de la salud. Como es lógico nadie puede garantizar que todos gocemos de buena salud por lo que se conforma con organizar y tutelar la salud pública y adoptar medidas preventivas y dotar a la sociedad de las prestaciones y servicios necesarios. Es una obligación constitucional de los poderes públicos. Solo hay una manera eficaz de generalizar la asistencia médica, universal y gratuita. La clave reside en la adopción de una política de inversiones procedentes de los ingresos y la capacidad presupuestaria del Estado.

Según la definición clásica, la asistencia sanitaria universal y pública se entiende como el derecho al acceso a asistencia completa y pública de todos los residentes de un país o región geográfica o política sin importar su capacidad económica o situación personal. Estamos en plena fase de gestación de lo que se ha dado en llamar reconstrucción. Solo se reconstruye o se refuerza aquello que de alguna manera se ha destruido o deteriorado. En principio lo que se necesita urgentemente es un plan de estructuración de un sistema sanitario que ha demostrado numerosas carencias. Desde hace muchos años prestigiosos profesionales de la medicina denunciaron la alarmante e incomprensible deficiencia de la asistencia primaria que exige una red de centros de salud diseñados en función de las necesidades de la población, olvidando criterios de rentabilidad. Es decir, dinero, dinero y dinero, empleado en llenar este hueco que según los expertos evitaría gastos y costes a los hospitales que, por su parte, deben estar dotados de medios materiales y personales que la pandemia ha demostrado que son insuficientes.

La situación se ha vuelto tan perentoria que hasta un grupo de millonarios ha firmado un manifiesto ofreciendo desempeñar un papel fundamental para curar nuestro mundo. Reconocen que no son los que están cuidando a los enfermos en las unidades de cuidados intensivos; no están conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales; no reponen los estantes de las tiendas, ni reparten comida puerta a puerta; pero "tenemos dinero, mucho dinero". Un dinero que se necesita ahora desesperadamente y que seguirá siendo necesario en los próximos años, cuando nuestro mundo se recupere de esta crisis. El secreto fundamental es que el dinero salga del presupuesto público, se gestione con eficiencia y se erradiquen los contratos basura.

Reproduzco un párrafo del manifiesto de los millonarios que me ha llamado la atención por su análisis certero de lo que representa una política que incumbe a los poderes públicos:"Los problemas que ha causado, y puesto en evidencia, la covid-19 no se pueden solucionar con caridad, por muy generosa que sea. Los líderes de los gobiernos tienen que responsabilizarse de obtener los fondos que se necesitan y de gastarlos de manera justa. Se puede garantizar una financiación apropiada de nuestros sistemas de salud, escuelas y seguridad mediante un aumento impositivo a las personas más ricas del planeta, personas como nosotros". La caridad es intermitente, el gasto publico es cíclico e incluso puede llegar a ser extraordinario.

Como se ha dicho certeramente, después de las experiencias que tuvimos que afrontar y que no paran de reproducirse hay que centrarse en la mejora de los medios humanos y de los recursos técnicos existentes. Como dicen los expertos, es indiscutible que, no sólo por la pandemia, pero agravada por esta, ha revelado una escasez de personal médico y personal sanitario en el nivel ambulatorio, que es uno de los elementos de definición del sistema. Según los datos de que se dispone, la especialidad de medicina familiar y comunitaria suponía el 43% de las 4.400 plazas MIR en 1996, y ha pasado en 2018 al 26% de las 6.600 plazas ofertadas. Falta personal sanitario, y esta situación se ve ahora agravada por el incremento en la demanda asistencial que la enfermedad ha tenido en estos últimos meses. En este sentido es prioritario incrementar el personal sanitario para atender este servicio esencial a la sociedad. El incremento no debe ser solo cuantitativo sino también retributivo. El sueldo mínimo, según las escalas profesionales nunca debería ser inferior al doble del salario mínimo interprofesional. Están bien los aplausos pero mucho más la justicia retributiva.

Comparto lo que se ha escrito:"En segundo lugar, la situación de derechos laborales del personal sanitario, que ha de ser mejorada. Salarios bajos; el salario medio del personal médico en centros ambulatorios tras 6 años de carrera universitaria y 5 años de antigüedad –tres de residencia, más dos años más de contratación– puede situarse en unos 1.800 euros netos mensuales, salario que ha disminuido durante la pandemia incluso con el incremento de jornada que ha supuesto. Precariedad laboral referida a la contratación; tras los años de residencia, la posibilidad de acceder a una contratación y de alcanzar una estabilidad en el empleo no es tarea fácil. Carga de trabajo excesiva debida a la falta de personal y una organización de las tareas que requieren mejoras urgentes".

No creo que la Unión Europea ponga reparos a estas propuestas. Muchos países se asombraran al conocer la situación laboral y retributiva de nuestro personal sanitario. En mi opinión sería un error dejar la planificación de la reconstrucción del sistema sanitario público al criterio de cada Autonomía. Según nuestra Constitución corresponde en exclusiva al Estado central, sentar las bases y coordinación general de la sanidad. Una sanidad pública, universal y gratuita garantiza la igualdad y fomenta la solidaridad, pilares sobre los que se asienta una sociedad democrática y civilizada. Es urgente que los ciudadanos conozcamos cuales son los planes, especificados y cuantificados, material y económicamente, que nos ofrece el Gobierno para afrontar el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario. Si alguien discute esta apremiante prioridad, la respuesta que merece, la puede encontrar en el título de este artículo.