En periodo electoral, todos los partidos políticos ponen encima de la mesa sus promesas para con las personas que trabajan en régimen de autónomo. Mujeres y hombres que ven cómo siempre terminan siendo olvidados, a pesar de representar el grueso del tejido empresarial de una España que depende en gran parte de ellos.

Ser autónomo en España es una misión suicida. Lo han disfrazado de mil maneras diferentes, con la figura del emprendedor como el summum de la desfachatez. Cuando a uno le preguntaban qué tal se vive trabajando para uno mismo, la respuesta más común era algo así como "tiene sus ventajas e inconvenientes, pero yo no lo cambiaba por tener jefe". Eso está cambiando.

Cuando uno paga a la Seguridad Social hasta el 70% de lo que factura -que no de lo que gana-, cuando hace de banco del Estado al adelantarle todo el dinero de un IVA que aun tardará meses en cobrar, cuando no tiene protección por desempleo ni por baja por enfermedad... cuando se da la circunstancia de que cuanto más antigüedad se tiene trabajando en este régimen, menor protección se tiene, como es el caso de la retirada de la ayuda familiar cuando echas el cierre a un negocio en el que, además, habías generado empleo contratando a personas... Cuando todo eso sucede, y les aseguro que sucede, muy grandes tienen que ser las ventajas para continuar al pie del cañón...

... o eso o, sencillamente, que para que te precarice un tercero prefieres hacerlo tú mism@ mientras puedas dado, además, que alcanzada cierta edad, las empresas ni siquiera te quieren precarizar.

Arrancaba la columna hablando de las promesas incumplidas de los partidos políticos pero, ¿saben qué? Ni siquiera eso es lo peor. Lo peor de todo es que esos mismos partidos, allá donde gobiernan, ya sea a nivel autonómico o local, agravan aún más el sistema depredador que lleva a los autónomos al borde del abismo. Tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos están incumpliendo con la ley de pago a proveedores. En el caso de las primeras, el periodo medio de pago alcanza los 40 días, mientras que en los Consistorios se dispara hasta los 67 días.

Todo lo que exceda de los 30 días es un incumplimiento de la ley que estrangula al autónomo. A diferencia de lo que sucede con los tributos, no hay abono de intereses, aunque se dan casos en los que los retrasos en el pago de trabajos realizados pueden superar el año. Dicho de otro modo, esos mismos partidos, ya no es que incumplan su compromiso de cambiar la ley, es que ni siquiera cumplen la vigente. ¿Cómo confiar en ellos?

Según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), cada día cierran 23 comercios. Comercios, por otro lado, que no tienen opción de tributar al 7,7% como hacen las grandes empresas. ¿Saben a cuánto tributan las pequeñas empresas, según las cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades, publicada por la Agencia Tributaria? Al 18,37%. Esa es la diferencia entre grandes y pequeños: los primeros esquivan la ley y se habla de "ingeniería fiscal", mientras que los segundos, si se salen del guión, se hunden en la economía sumergida y son defraudadores. Y, pase lo que pase, el Estado continúa saqueando al autónomo y la autónoma.