Opinión
Ni silencio, ni olvido, ni impunidad para los crímenes del franquismo
Dice Fabián Salvioli –exrelator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición– que, ÚNICAMENTE a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, es a quienes se les pide que olviden, que pasen página, incluso, que perdonen.
Voy a recordar algunos datos de la envergadura de la represión franquista que se produjo en todo el Estado español y en las zonas colonizadas del norte de África de las que se van conociendo algo. Cierto que estos datos son revisables puesto que no ha habido todavía una investigación oficial y ni mucho menos judicial, para poder certificarlos, más bien se deben a los estudios realizados por historiadoras e historiadores:
- 700.000 a 1.000.000 personas fueron prisioneras en los 286 campos de concentración españoles organizados por los franquistas.
- Tras finalizar la guerra, en 1939 había unas 270.000 personas en las diferentes cárceles y centros de detención habilitados como tales.
- 90.000 presos formaron parte de batallones de trabajo esclavo, más otros 47.000 en batallones disciplinarios.
- Entre 140.000 y 150.000 hombres y mujeres indefensos fueron asesinados y enterrados en fosas y cunetas, víctimas de desaparición forzada.
- 40.000 personas fueron ejecutadas tras la guerra, en tiempo de paz. Las ejecuciones se produjeron durante toda la dictadura. Recordemos que en 1963 fue fusilado Julián Grimau, dirigente del PCE y ejecutados mediante garrote vil los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado y con idéntico método brutal. En 1974, fue ejecutado Salvador Puig Antich, también militante anarquista. Por último, el 27 de septiembre de 1975, se van a cumplir 50 años, fueron fusilados Ángel Otaegui y Juan Paredes, de ETA (pm) y Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, militantes del FRAP, apenas dos meses antes de la muerte del dictador.
- Más de 500.000 personas huyeron de España hacia el exilio. Unas 9.200 fueron prisioneras en campos de concentración nazis, de las que solo sobrevivieron 3.539. Se han cumplido 80 años de la liberación de esos campos.
- El poder franquista llevó a cabo 49.045 expedientes de depuración de maestras y maestros, así como medio millón de expedientes referidos a otros títulos y profesiones y los tribunales de la Causa General abrieron más de 300.000 expedientes de responsabilidades políticas, incluso contra personas que ya habían sido ejecutadas que significaron la pérdida total o parcial de bienes, multas, destierros e incluso pérdida de la nacionalidad.
A esto habría que añadir otras muchas violencias de las que no se tienen datos concretos como fue la violencia contra las mujeres violadas, torturadas, peladas al cero, obligadas a beber aceite de ricino y paseadas para su escarnio y humillación; incluyendo, en muchos casos, adolescentes y niñas.
- Miles de víctimas del robo de bebés tras la guerra, un grave delito que siguió practicándose contra las mujeres vulnerables, especialmente solteras y pobres, hasta 1993.
- Mujeres encarceladas por abortar, ejercer la prostitución o ser adúlteras. (estos “delitos” no los contempló la Ley de Amnistía de 1977).
- Viudas y huérfanos que quedaron desprotegidos y abandonados a su suerte a quienes se les ocultó la ubicación de las fosas, o se les prohibió hacer público el duelo y se les negó la pensión necesaria hasta el año 1977.
- Miles de adolescentes y mujeres encerradas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer por “delitos contra la moral nacional-católica” que estuvo en funcionamiento desde 1941 hasta 1985.
Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas y encarceladas por luchar por los derechos democráticos y contra la dictadura, de cuya dimensión exacta no tenemos tampoco idea, aunque nos puede servir el estudio que realizó Juan José del Águila sobre el Tribunal de Orden Público (TOP), tribunal especial para delitos políticos, que funcionó desde diciembre de 1963 hasta enero de 1977: 22.660 causas abiertas por el TOP (casi 7 por día) que afectaron a 50.609 personas a las que se les impusieron 11.958 años de cárcel. Este mismo tribunal impuso multas por la cantidad total de 32.461.178 ptas.
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Durante la dictadura y la transición un elevado número de personas fueron asesinadas con total impunidad por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como por la actuación de grupos de extrema derecha parapoliciales como la Triple A, Guerrilleros de Cristo Rey, los GAL, etc.
También se llevó a cabo una persecución constante contra las personas por su orientación sexual, etnia, religión... a quienes se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes y, a partir de 1970, la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social.
Todos estas gravísimas violaciones de los derechos humanos son considerados delitos de lesa humanidad según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario “estén o no incluidos en las legislaciones nacionales”. No prescriben y no se pueden amnistiar y el Estado tiene la obligación de perseguir a estos criminales.
¿Cuántos de los perpetradores de estos crímenes han sido investigados y procesados en España? Ninguno. ¿Por qué?
50 años de la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo
Tras la muerte de Franco y el nombramiento de Juan Carlos como jefe de Estado, con el título de Rey de España –tal y como había previsto el propio dictador–, se impuso una transición pactada uno de cuyos pilares fundamentales estaba basado en mantener el silencio impuesto a los “perdedores” y hacer del olvido una ley: La Ley de Amnistía de 1977, que en su artículo 2 apartados e) y f) amnistiaba a las “autoridades, funcionarios y agentes del orden público”, de los delitos y faltas que pudieran haber cometido.
En esos años se produjeron algunos intentos de juzgar los crímenes del franquismo o de recuperar la memoria histórica, aunque fueron perseguidos o sus efectos resultaron efímeros. Un ejemplo de ello fue el Tribunal Internacional contra los crímenes del franquismo, integrado por magistrados, políticos, abogados, escritores, actores internacionales y españolas. El 28 de noviembre de 1978, una semana antes del referéndum constitucional, miembros del Tribunal que estaban reunidos en el hotel Convención, fueron detenidos por la Policía, junto a cinco periodistas que iban a cubrir las conclusiones del encuentro. En 1986 se celebró un multitudinario Homenaje a las Víctimas del Franquismo en Madrid y en Barcelona, que contó con la asistencia y el apoyo de numerosos artistas y personalidades de izquierdas, así como de partidos y sindicatos, salvo el PSOE de Felipe González, en el Gobierno. No fue hasta finales de los años noventa y sobre todo a principios de este siglo cuando se volvió a hablar de la memoria democrática.
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El movimiento memorialista y el primer juicio contra el franquismo
A raíz de los juicios abiertos en España contra las dictaduras argentina y chilena a finales de los noventa, en particular el procesamiento del torturador argentino Scilingo y la orden de detención contra Pinochet, se recuperó la esperanza de poder abrir, de una vez por todas, una investigación de los crímenes del franquismo.
En 2007, se aprueba la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica. Y en 2008, Baltasar Garzón, entonces juez en la Audiencia Nacional, a instancias de asociaciones de memoria histórica y de familiares de víctimas, inicia un proceso para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo desde 1936 a 1952. No se pudo llevar a cabo y el propio juez fue acusado de prevaricación, aunque al final fue absuelto por el Tribunal Supremo en un auto de 2012 donde se sentaban las bases del mantenimiento de la impunidad de los crímenes del franquismo:
- Ley de Amnistía de 1977.
- Prescripción del delito y la no retroactividad de las leyes, al no aplicar el principio de legalidad internacional.
Desde 2008, distintos mecanismos de Naciones Unidas han recomendado a España hasta doce informes que ponga fin a la impunidad por los crímenes de la Guerra y el franquismo, privando de efectos a la Ley de Amnistía de 1977, de forma que no pueda ser utilizado como ley de Punto Final.
Debido a la imposibilidad de avanzar en el tema de la justicia, el 14 de abril de 2010 se inicia lo que se conoce como Querella Argentina. La jueza María Romilda Servini, titular del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires es la encargada de esclarecer miles de casos desde 1936 hasta 1978. Es la única querella contra los crímenes del franquismo abierta en el mundo. Durante estos 15 años la jueza Servini ha enviado decenas de exhortos y peticiones al Estado español que han sido desoídas.
En 2013, después de recoger 200 querellas, los abogados solicitaron la imputación y orden de detención internacional contra nueve acusados, entre los que se encuentran Rodolfo Martin Villa, ministro de Interior y responsable político de las decenas de asesinatos que se produjeron en la peor época de la transición (Elda, Vitoria, Semana Negra de Madrid, Semana pro Amnistía, San Fermines 78). La jueza Servini imputó también a otros 20 más y aunque varios de ellos han fallecido, los sobrevivientes siguen imputados.
También 2013 se crea la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) con el objetivo de coordinar las iniciativas desarrolladas por las asociaciones, personas y redes del estado español, organizando una estructura que agrupe y articule todas estas iniciativas. En estos años han dado su apoyo decenas de ayuntamientos, así como algunos Parlamentos autonómicos y organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional e Iridia y el centro Sira, así como decenas de personas a título individual.
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Querellas presentadas contra los crímenes del franquismo en el Estado español
A partir de junio de 2017 se presentaron las primeras querellas por torturas contra el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Le siguieron muchas más, entre ellas las presentadas por varios ayuntamientos en nombre de sus vecinos.
En la actualidad ya son más de 115 querellas presentadas que han contado con el apoyo del Centro Sira, el grupo Iridia y Amnistía Internacional, algunas han sido admitidas como la presentada por Julio Pacheco Yepes por torturas contra Villarejo y otros policías que, en septiembre de 2023 pudo declarar ante la juez del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. La primera vez que sucedía este hecho. Tras el auto del Tribunal Constitucional de junio de 2024 denegaba el recurso de Francisco Ventura, otro querellante por torturas, para se le reconociera la tutela judicial efectiva negada por los tribunales, la querella presentada por Julio fue sobreseída. En enero de este año se ha admitido la querella de Carlos Serrano también por torturas y siguen su proceso otras varias por desaparición forzada (fosa de Paterna), robo de bebés y la del asesinato policial de Teófilo del Valle en Elda, en febrero de 1977.
Cientos de miles de personas y sus familiares que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos siguen esperando y luchando por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Desde CEAQUA pedimos que el Parlamento impulse medidas legislativas adecuadas para revertir la impunidad de los crímenes franquistas como la modificación/derogación de la Ley de Amnistía de 1977, la reforma del Código Penal para incorporar el principio de legalidad con una perspectiva de derecho internacional, y para que las definiciones de los delitos de tortura y desaparición forzada sean conformes a las convenciones internacionales. Y también exigimos que se debe aprobar de forma inmediata la Ley de Bebés Robados, presentada ya en varias legislaturas.
Tras la muerte de Franco nos dijeron que no era el momento de exigir nada: el Ejército, la Policía, la Judicatura eran franquistas. Cincuenta años después, sin mediar depuración alguna, resulta que nada ha cambiado en el Ejército, la Policía y la Judicatura. ¡Sorpresa!
La Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática supuso un avance, pero en el tema de la justicia no ha sido así. Nos instan a acogernos a la justicia restaurativa que según los estándares de la justicia internacional es lo que la música militar a la música. Se parece, pero no es lo mismo. Nos dicen que no vamos a conseguir nada. Nos repiten que no se pueden juzgar los crímenes del franquismo en España. Nos conminan a conformarnos, como siempre.
Pero no saben que somos corredoras y corredores de fondo, que vamos a seguir mientras podamos y que estamos convencidas de que otras nos seguirán. Porque lo que pedimos es justo y necesario no solo para las víctimas, sino por encima de todo para la sociedad. Porque estamos hablando de derechos humanos y de futuro, y un Estado que no sea capaz de asegurar el respeto a los derechos humanos no es una democracia de calidad, como exigimos quienes luchamos por ella. No podemos hablar de 50 años de democracia, sino de 50 años de impunidad. Por ello repetimos:
¡Todo menos el silencio, todo menos el olvido, todo menos la impunidad!
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