Eva García Sempere

Más de 3.000 millones de personas asalariadas en el mundo. A pesar de la que tasa de afiliación sindical está disminuyendo en términos globales en los últimos años, así como la densidad sindical y existe una elevada preocupación por el envejecimiento de sus miembros, lo cierto es que siguen representando en general las mayores organizaciones de masa en sus países. En la mayor central sindical del mundo, creada en 2005, se representa a 168 millones de trabajadores de 154 países. En España, con una tasa de afiliación bastante baja, solo una central sindical (CCOO; datos de 2015) tiene más de 900.000 miembros, lo que sigue siendo, de lejos, el mayor espacio de coordinación y organización de las trabajadoras de nuestro país.

Es innegable que el movimiento obrero ha de incorporarse a la lucha contra el cambio climático si queremos que los retos sean asumidos por la mayoría de las personas trabajadoras. Y si queremos que sea más fácil la transición a un necesario nuevo modelo social, laboral y económico. Porque, en esencia, los propios sindicatos (al menos los de clase) deberían ser los principales motores del movimiento contra la emergencia climática: pocas, muy pocas luchas serán más materiales y más de clase que la lucha contra el cambio climático y, en general, la lucha contra los grandes problemas ambientales.

Sin embargo, la realidad es tozuda: en términos generales los sindicatos han llegado tarde a las luchas ambientales y con numerosas contradicciones en su seno. Probablemente la propia diversidad ideológica de la afiliación, el hecho incontestable de que la afiliación es considerablemente mayor en sectores industriales “tradicionales” que en los nuevos yacimientos de empleo, los problemas urgentes de acceso a empleo o la falta de formación en materia ambiental han tenido mucho que ver. Pero también, y esto es clave, que no termina de darse el paso a hacerse las preguntas correctas: no es sólo quién y cómo se produce, sino también para qué, a costa de qué y quién y en interés de quién.

Porque en un contexto de disminución de recursos fundamentales para la vida, desde las tierras raras tan necesarias para hacer el cambio tecnológico hacia un sistema más renovable y eficiente ambientalmente, hasta el agua o el suelo fértil, de lo que “toca” hablar es de quién, cómo, cuánto y cuándo se va a decrecer.

Y en este sentido, el papel del movimiento obrero y, por tanto, de las organizaciones que lo representan y aglutinan, ha de pasar de ser tímidos observadores del cumplimiento de la legislación ambiental a ser elementos centrales en la elaboración de programas y políticas de producción: planificación democrática de la producción, ni más ni menos.

No bastan (no solo, quiero decir) medidas que corrijan las formas de producción insostenibles, ni cambios en el sistema energético hacia energías renovables, ni mejorar los sistemas de gestión de residuos, si todo el modelo no se redefine: debemos avanzar hacia otro modelo de producción basado en las necesidades sociales y ambientales y no en los beneficios económicos de unos pocos.

Y ha de hacerse sin dejar a nadie atrás. Dicho de otra manera: transición justa con justicia climática.

Es evidente que para las grandes fortunas y multinacionales su principal objetivo es el beneficio económico, no el beneficio social o ambiental. Y a ello fiarán todas sus actuaciones. No importan cuánta responsabilidad social corporativa o cuántas campañas pidiendo responsabilidad individual a sus consumidores propongan: el mercado nunca garantizará derechos y tratará, por todos los medios, de generalizar el mensaje de que la responsabilidad siempre es del individuo que no hace lo suficiente. Y esto ha de quedar grabado a fuego en el ADN de los sindicatos: quien nos trajo a esta situación, quien no ha dudado nunca en comprometer nuestra salud y la del planeta, no gestionará la transición ecológica para la mayoría.

El movimiento obrero, especialmente de los países más vulnerables, ha venido acercándose a otros movimientos sociales y ambientales con fuerza. Muy reseñable ha sido la alianza fraguada durante años de oposición a los tratados de libre comercio, tan devastadores para las comunidades y el espacio que habitan. Y es lógico, si tenemos en cuenta que es allí donde las multinacionales campan más a sus anchas, sin respetar derechos laborales, ambientales ni sociales: esquilman recursos, contaminan suelos, agua y aire y provocan desplazamientos masivos de población.

Hambre y enfermedad provocadas de manera directa por el mercado y sus prácticas devastadoras del medio ambiente.

Pero, sin irnos tan lejos, en nuestro propio país empiezan a ser más que evidentes y preocupantes los efectos del cambio climático.

Cada verano sufrimos más y más intensas olas de calor, que elevan las temperaturas a niveles insufribles. También el efecto contrario, con olas de frío polar que, de la misma manera que las olas de calor, han provocado numerosas muertes directas o indirectas, consecuencia de agravarse distintos problemas de salud previos. No olvidemos que, tal como advertía un estudio en el que participó el CSIC y que fue presentado el pasado año, “si las temperaturas aumentasen de manera global entre 3 y 4 grados, en lugar del 1,5 recomendado por el Acuerdo de París, la mortalidad por calor ascendería entre el 0,73 y el 8,86%" “En el caso de España los datos muestran un aumento de entre el 3,27 y el 6,29%”. Escalofriante. Y profundamente injusto en sus efectos: no, no sufren de la misma manera las olas de calor o los episodios de frío siberiano quien vive en la calle que quien tiene un techo, quien puede pagar facturas astronómicas en aire acondicionado/calefacción que quien no puede hacerlo. La clase, siempre es la clase social.

Por otra parte, tal como se señalaba desde la Organización Mundial de Alergia "el cambio climático, conjuntamente con el estilo de vida urbano, la contaminación y el estrés, están haciendo de las enfermedades alérgicas la mayor epidemia no infecciosa del siglo XXI”.

Los impactos en materia laboral vienen también anunciándose. Desde ISTAS-CCOO llevan tiempo advirtiendo de la necesidad de luchar contra el cambio climático, así como de la urgencia de adoptar medidas de adaptación a sus efectos, para evitar que se agraven riesgos laborales existentes y hacer frente a los nuevos.

Las ocupaciones al aire libre (sector primario, servicios como limpieza y cuidado de jardines, funcionarios que desempeñan sus tareas en el exterior o la construcción) son mucho más vulnerables a los periodos de temperaturas extremas: golpes de calor, cansancio extremo, exposición a la contaminación del aire y riesgo químico.

Asimismo, los trabajadores del sector primario tienen mayor riesgo de sufrir infecciones por distintos vectores. Y, dado que el aumento y virulencia de plagas es un hecho, la exposición a pesticidas para combatirlos también incrementará el riesgo de intoxicación.

Y atención, porque serán precisamente los colectivos más precarizados, con menos derechos y con condiciones laborales más desreguladas quienes con mayor virulencia lo sufrirán. Falsos autónomos como los “riders”, trabajadores de la construcción sin contrato, guías turísticos, temporeras o repartidores de publicidad son carne de cañón para estar entre los primeros que sufrirán el agravamiento de las condiciones ambientales.

De nuevo, los más vulnerables al cambio climático serán trabajadores precarizados que, posiblemente, no puedan ni demandar medidas de vigilancia y prevención. Este mismo verano ha sido dramático en cuanto a muertes laborales asociadas a efectos climáticos.

A pesar de esta realidad que conocen y, en muchos casos, tratan de combatir las centrales sindicales, lo cierto es que siguen ancladas en un discurso cortoplacista. Queda mucho por avanzar para dejar atrás de una vez por todas el enfrentamiento dentro de la clase trabajadora que nos diseñó el capital: no, no existe contradicción entre empleo y medio ambiente. Dejemos de alimentarlo.

No será posible ningún empleo, ningún futuro, sin un medio ambiente que lo sustente, sin los recursos necesarios para garantizar una vida digna.

Por tanto, los sindicatos han de tomar las riendas, formar a su propia afiliación y dar un paso valiente: no solo hay gestionar las pequeñas parcelas de sensibilización, hay que gestionar la transición ecológica con justicia social y climática.

Han de incorporarse como voz propia y vinculante al diseño, ejecución y evaluación de las políticas productivas, con mirada larga, sabiendo que determinados sectores productivos están condenados a las desaparición si queremos sobrevivir como sociedad. Pero garantizando que se ponen en marcha los procesos de reconversión necesaria para que nadie quede atrás, para que no se mueran territorios enteros y para que las siguientes generaciones tengan una oportunidad.

Richard Trumka, representante de uno de los sindicatos más críticos con el Green New Deal y cuyas posiciones han sido utilizadas y aireadas por el Partido Republicano para sustentara su infame negacionismo, dio una clave durante el Global Climate Action Summit en 2018 que deberían recordar cada vez que se habla de la necesidad de emprender medidas difíciles:

“He aprendido alguna cosa a propósito de la ciencia en las minas. Cuando el patrón nos amenaza para que ignoremos los riesgos mortales de nuestro trabajo... esas maderas que se derrumban sobre nuestras cabezas... esa tos que anuncia la silicosis... la ciencia es la única que nos dice la verdad: los efectos de calentamiento climático nos amenazan a quienes trabajamos y también amenazan nuestros empleos y nuestra economía”.

Es normal que haya incertidumbre, que haya inquietud sobre qué nos deparará el futuro. Pero también tenemos algunas certezas: el mercado no velará por nosotras, el patrón no nos dirá la verdad si con ello puede perder beneficios. Si algo nos queda claro en estos tiempos oscuros es que debemos estar unidas. Movimiento ecologista y movimiento obrero han de seguir encontrándose y fortaleciendo el camino común. Si cabe una esperanza, nacerá del trabajo conjunto de quienes nos jugamos la vida.