¿Para qué sirve la ley de residuos?

Como con cualquier otra ley, la existencia de la ley de residuos se justifica en el interés general. Es un equilibrio entre las necesidades de cada individuo, los intereses de las empresas y los compromisos de las Administraciones.

Los residuos son una amenaza para la salud pública y por eso se obligó a las entidades locales a retirar los residuos de quienes viven en sus municipios. Sabemos que más allá de las molestias evidentes, los residuos generan impactos sobre nuestra salud. Muy particularmente los residuos derivados de los plásticos de usar y tirar: se degradan, liberando al entorno partículas (microplásticos) y sustancias químicas (plastificantes) que afectan a nuestra salud.

Los microplásticos están presentes en todas las muestras analizadas, sean de suelos agrícolas, nieve en las montañas, heces humanas, tejido pulmonar o en el propio cerebro. Los plastificantes, en particular bisfenoles y ftalatos, tienen capacidad de disrupción endocrina, causando problemas de salud que van desde infertilidad, obesidad o diabetes; a cánceres testiculares y de mama o problemas en el desarrollo neuronal.

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“Hemos de lograr que los materiales circulares realmente se usen”

Rafa Ruiz

También nos hemos dado cuenta de la importancia de una economía circular, capaz de generar valor y beneficios a partir de los bienes y los materiales disponibles en el circuito productivo y comercial, minimizando la incorporación de materiales de la naturaleza.

Una economía circular que es clave en un contexto geopolítico cada vez más convulso. La reutilización y el reciclaje son cuestiones estratégicas para reducir la dependencia exterior. Tanto en la importación de materias primas, como en la exportación de materiales de desecho, una buena gestión de residuos puede contribuir a equilibrar la balanza de pagos.

Conviene recordar que la ley de residuos sirve para:

- Evitar daños a la salud de las personas.

- Distribuir los costes de evitar que los residuos causen molestias y daños en nuestro entorno.

- Organizar la economía circular para obtener el máximo provecho de los bienes y las materias en circulación.

Para ello, es necesario aplicar las prioridades establecidas en la jerarquía de residuos y cumplir los objetivos comprometidos por todos los agentes involucrados. Desde 1997 nos establecimos objetivos de reciclaje de envases. En 2024 se ha evidenciado que la recogida separada de botellas de plásticos impide cumplir con esos objetivos. Eso nos lleva a implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Esta obligación se establecía en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular, tras una ardua negociación de los representantes de la voluntad popular y según las indicaciones de un estudio de viabilidad de la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España.

Una obligación que llega después de casi 30 años de responsabilidad ampliada del productor. Un principio que establece qué requisitos, para que quienes ponen en el mercado productos que con su uso se convierten en residuos, asuman los costes de recogida de esos residuos. Tres décadas en las que envasadores y distribuidores de producto envasado han tenido libertad para organizar sistemas integrados de gestión, en los que deberían haber sido capaces de atender un requisito legal que se reduce, básicamente, a asumir los costes que generan los residuos de los envases que ponen en el mercado.

La evidencia de que en 2023 se recogieron separadamente menos del 42% de las botellas de plástico sujetas a control administrativo, pone en valor las llamadas de atención sobre las cifras de reciclaje lanzadas desde el activismo y la academia. Las alertas en forma de trabajos técnicos, informes ecologistas y artículos científicos se han materializado. Con la excusa de una diferencia metodológica de cálculo, las corporaciones del producto envasado y su distribución han incumplido sistemáticamente sus obligaciones legales.

Según cálculos que pueden resultar prudentes y conservadores, atendiendo al “Informe relativo al cálculo de la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso para bebidas en el año 2023”, ese incumplimiento ha tenido un coste anual de 1.700 millones de euros trasladados a los presupuestos municipales por la deficiente gestión de residuos de envases.

Tres décadas en las que se han registrado decenas de incendios en instalaciones homologadas como recuperadores y recicladores por el sistema integrado de gestión de residuos de envases, convirtiendo el sueño de la economía circular en una pesadilla. En el horizonte asoman sanciones económicas por incumplimiento de la normativa europea relativa a la gestión de residuos.

Cumplir los objetivos de reciclaje, disponer de materias primas que encuentren salida en el mercado, atribuir correctamente los costes de la recogida y el tratamiento de los residuos de envases, mejorar la transparencia en la gestión… todo se puede conseguir con la implantación del SDDR que, obligatoriamente, debería empezar a funcionar en breve según lo establecido en la ley de residuos, pero la prensa económica anda presionando para un nuevo aplazamiento del SDDR.

Las grandes corporaciones ponen palos en las ruedas con los mismos argumentos con los que llevan 30 años inundando nuestras vidas de plástico de usar y tirar. Con consecuencias sobre la producción local y el pequeño comercio. Con costes que los ayuntamientos, sin capacidad real de negociación con el sistema integrado de gestión de residuos de envases, están repercutiendo en las personas vía tasas de residuos.

Como en cualquier otro ámbito legislativo, la ley de residuos recoge los compromisos que democráticamente hemos asumido a través de nuestros representantes. Sin ser perfecta, es el mejor acuerdo que tenemos para defender el interés general, pero no sirve de nada si quienes tienen la responsabilidad de cumplirla y hacerla cumplir siguen haciendo como si no existiese.

Ya no solo es urgente, también es obligatorio cambiar un sistema de recogida de residuos que traslada al conjunto de la sociedad los costes de un modelo de negocio insostenible, que no permite recuperar los materiales para esa economía circular que tanto pregona y que está generando un acuciante problema de salud pública.