La ocupación acelerada de suelos para construir se ha convertido en uno de los problemas ambientales más importantes en todo el litoral ibérico. La huella de consumo de suelo por habitante se ha multiplicado enormemente por la expansión urbanística, con especial gravedad en el litoral mediterráneo. Los 800 kilómetros del litoral andaluz registran cifras de ocupación urbana sin precedentes. El ejemplo paradigmático está en la Costa del Sol, donde el 90% es suelo urbanizado. En los últimos 50 años, el suelo urbano se ha incrementado en un 700%, con consecuencias medioambientales y de destrucción de paisajes naturales que son muy graves y de difícil o imposible recuperación. Es demoledor el panorama. Las abultadas cifras de pérdida de suelos en nuestros litorales no dejan lugar a dudas.

El sellado de suelos, para darle usos de carácter permanente, de difícil reversión, es insostenible por ser el suelo un recurso limitado no renovable (su renovación es bastante mas lenta que la velocidad a la que lo consumimos). Por ello, hay que plantear en el litoral, no solo el freno a la desmesura urbanística sino la reversión de usos intentando recuperar suelos ya degradados. Es a lo que algunos expertos se refieren como “esponjar” el litoral para hacerlo resiliente a los escenarios que se nos ofrecen. De seguir en la senda actual sin cambiar la tendencia, nos enfrentaremos a un futuro, en términos ambientales, demasiado sombrío. Y esponjar, no significa la construcción intensiva de infraestructura de defensa, como puertos, paseos marítimos y espigones, que ya han afectado gravemente a la “dinámica” costera y los sedimentos marinos, sino todo lo contrario.

La ocupación desmedida de suelo ha generado degradación de las comunidades de flora y fauna, paisajísticas y pérdida de servicios de los ecosistemas litorales. Si no se adoptan medidas correctoras urgentes sobre la saturación urbana en la franja litoral, asistiremos a una consecuente pérdida de los servicios turísticos al perderse su atractivo actual. Y eso debería preocupar al sector. El sector turístico debe ser consciente del riesgo de continuar con la dinámica actual.

Buena parte de los ayuntamientos costeros de Andalucía prevén en sus planes de ordenación urbana un crecimiento medio del 60% del suelo construido. Esto resulta llamativo, cuando El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), del año 2006, estipulaba limitaciones para el suelo urbanizable de los municipios, de un máximo del 40% del construido en ese momento, justamente para frenar la por entonces imparable fiebre inmobiliaria. Con la crisis del ladrillo se congeló el desarrollo urbanístico. Los planes se quedaron sin ejecutar y a la espera. Pero hete aquí que, con la reactivación económica vuelven a plantearse. Si el POTA limitaba el crecimiento de suelo urbanizable al 40%, -y eso ya era demasiado-, ¿cómo es posible que ahora se contemplen aumentos del 60%? Parece evidente que es la propia administración autonómica, la responsable de haber desarrollado instrumentos que permiten interpretaciones laxas de la ley y abren la puerta a incrementos por encima de lo legalmente reglado. Y eso va contra toda lógica: no se puede multiplicar la superficie construida asumiendo los planes generales en vigor en todo el litoral. Porque en las últimas décadas se han recalificado demasiados terrenos y se han otorgado demasiadas licencias en zonas protegidas, en áreas inundables y en franjas costeras a pie de playa. Porque la lógica mas elemental nos está diciendo que no se puede seguir una senda que al final choca con la realidad. Las administraciones deben orientar las actuaciones en el ámbito del urbanismo, buscando las claves de un futuro deseable, anticipándose a posibles situaciones a evitar, como en el caso de los usos del suelo. Y parece que eso no se está considerando. Y es que, tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos habituales hasta ahora y que han conducido a una burbuja y sobredimensión constructiva. Es decir, que han demostrado que no sirven ya, y debe hacerse un nuevo análisis que actualice tanto los criterios como los instrumentos y procedimientos de planificación urbanística y territorial, de modo que se evite la repetición de los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma actual viene ocasionando. De no hacerlo, los problemas territoriales y urbanos actuales se acentuarán porque se basan en criterios del corto plazo y provocan una transferencia de las consecuencias y de impactos complejos, al futuro.

Es precisa una reforma de la Política Urbanística ya que los instrumentos de planificación deben ajustarse a un diagnóstico previo en aspectos decisivos como: la salud de los ecosistemas, la medición de su resiliencia, el estudio de las relaciones entre ecosistemas y la lógica territorial, o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención.

La conclusión es que hay una necesidad urgente de creación de nuevos marcos de referencia jurídicos respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos a los actuales desafíos, y que estos marcos permitan la intervención de los ciudadanos, porque el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, y por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva.

Y por supuesto no olvidar que el recurso suelo, -que es la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa-, se renueva en plazos de tiempo demasiado elevados y lo estamos consumiendo sin considerar lo que nos cuesta su pérdida.