El adelanto del toque de queda en Castilla y León (CyL) no debería enfocarse como una confrontación del gobierno autonómico con el de la nación, ni siquiera, contra el mismo coronavirus, como quiere plantearlo el presindente de CyL Alfonso Fernández Mañueco (PP). A falta de que se pronuncie el Tribunal Supremo, apunta a ser un recorte de libertades civiles amparadas por la Consitución sin contar con el aval de la ley. Y eso es gravísimo.

Olviden si la medida es o no correcta, no traten de determinar quién está más acertado en el establecimiento de las horas para el toque de queda o si el gobierno central arrastra los pies en su gestión; esa no es la cuestión. El punto verdaderamente a analizar es qué se puede y qué no con la ley en la mano. La movilidad por el territorio nacional es una derecho tan esencial que para restringirlo es preciso que el Congreso apruebe la declaración del estado de alarma.

A pesar de ello, Fernández Mañueco ha optado saltarse lo dispuesto por el gobierno de la nación y desobedecer a su superior. Nadie dice que el presidente de CyL oculte otros intereses que no sean los de frenar la pandemia, pero saltarse lo establecido por nuestra Constitución no parece el camino. Al sur, en Andalucía, Moreno Bonilla también reclama ese adelanto del toque de queda a las 20:00 horas, pero en lugar de imponerlo, lo ha solicitado y, mientras tanto, mantiene las 22:00 horas... cosa bien distinta -y absurda- es que prohíba el tránsito entre provincias salvo si es para esquiar o cazar.

Así las cosas, el gobierno central no es el único que ha recurrido la decisión de la Junta de CyL, también comienza a hacerlo la ciudadanía, que ve cómo se pretenden recortar sus libertades civiles sin aval legal aparente. Oficiosamente, la policía no está sancionando entre las 20:00 y las 22:00 horas, pero sí informando de que hay toque de queda. De resistirse a la autoridad y permanecer en la calle, ser detenido o sancionado, y después que el Supremo declare ilegal el adelanto de la Junta de CyL, ¿quién resarcirá a ese ciudadano?

Saltarse lo establecido por la ley, aun cuando se justifique en la búsqueda del bien común, es muy peligroso porque abre la puerta a un horizonte en el que el cruce de intereses particulares sea la norma. Además, ese desorden y caos institucional ha sido la tónica general desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La ciudadanía está hastiada, los continuos choques entre Comunidades Autónomas y gobierno central, sus respectivas incoherencias y contradicciones provocan desamparo y desesperanza en una ciudadanía que parece servir a los represetantes políticos, olvidando que son éstos quienes fueron elegidos como servidores públicos.

Si ante un desafío como la misma supervivencia, la clase política es incapaz de consensuar una postura común, en serio, ¿qué podemos esperar de ella?