El pasado viernes 27 de enero se vivió un día muy triste para la democracia en Rincón de la Victoria (Málaga). Lo era de inicio, porque Podemos tenía que presentar una moción para que el Consistorio rinconero cumpliera con la ley, en este caso, con la de Memoria Democrática; y lo fue de cierre, pues además de honrar en la casa del pueblo a un franquista como José Mª Pemán, el PP a través del alcalde -y presidente de la Diputación Provincial de Málaga- Francisco Salado, afirmó que "los terroristas asesinos gobiernan en España en este momento".

Amanecía el 27 de enero y las redes sociales del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria recordaban que se conmemoraba el Día Internacional del Holocausto. La derecha, que gobierna en el municipio, elegiría una curiosa manera de celebrar tal efeméride: honrando a quien llamó al exterminio de quienes no compartían sus ideas. Para la Historia han quedado las palabras en Radio Jerez del que impulsara la depuración del profesorado republicano: "La idea de turno político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y de expulsión, única válida frente a un enemigo que está haciendo en España un destrozo como jamás en la Historia nos lo causó ninguna nación invasora".

La sesión, en la que tuve ocasión de participar a través de un mecanismo denominado Escaño 22 para dar voz a la ciudadanía en asuntos contemplados en el orden del día, fue un auténtico despropósito. Lo fue desde el inicio, al comprobar que ni alcalde ni secretario (supuesto garante de la legalidad en el Consistorio) conocían el reglamento que regula esta fórmula de participación.

A partir de ahí y pese a su implicación directa en el golpe militar y posteriormente en la dictadura franquista, las palabras que dedicó la derecha para impedir la retirada de la calle fueron esperpénticas. Desde la de la portavoz de Ciudadanos, Clara Perles, que llegó a limitar la implicación de Pemán en una mera cuestión de libertad de expresión; a la del portavoz del PP, Borja Ortiz, que rebajó el papel del depurador a "simpatía en algún momento con el régimen de Franco"; pasando por el concejal de Vox, José Antonio Rodríguez, que acusó al pleno de pretender ser un "juzgado popular".

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Como cabía esperar, la moción no prosperó, anclándose el Ayuntamiento en el incumplimiento de la ley -como viene haciendo desde la primera Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Rodríguez Zapatero-. Lo peor, sin embargo, aún estaría por llegar, cuando el alcalde cerró los turnos de intervención recurriendo, incluso, al 25% de castellano impartido en las aulas catalanas. Salado se refirió a "gestos totalitarios" que se viven actualmente en nuestro país, llegando a asegurar que "los terroristas asesinos gobiernan en España".

Tal afirmación difamatoria no sólo es falsa e irresponsable, sino profundamente antidemócrata. La derecha ha optado por instalarse en el continuo descrédito a nuestro Estado de derecho, dando por sentado ante la opinión pública que es posible que terroristas asesinos ostenten cargos de gobierno, algo que obviamente es falso. El problema de todo este ruido que propaga la derecha es que tiene cierto calado en una parte de la población, que o bien se deja manipular o contribuye a amplificar este insulto a la inteligencia para favorecer sus intereses particulares, que nada tienen que ver con el bienestar de España y quienes la habitan.

La impunidad con que representantes de la derecha como Salado insultan a cargos públicos elegidos democráticamente debería cortarse de raíz. La ciudadanía no alcanza a comprender cómo es posible que durante un pleno municipal un alcalde mantenga honores a un franquista al tiempo que lanza acusaciones tan graves contra quienes gobiernan en España. ¿Dónde están los límites? ¿Hasta dónde se permite que llegue la derecha en sus insultos, en sus mentiras, no ya en sus actos de partido, sino en actos oficiales de gobierno?

Por una mera cuestión de higiene democrática, estas manchas deberían ser limpiadas aplicando para ello el mejor desinfectante: nuestro Estado de derecho. Una limpieza que nada tiene que ver con la que promovía Pemán, más partidario del exterminio. A diferencia de él o de quienes lo defienden, las personas demócratas apostamos por la pluralidad y la libertad de pensamiento y expresión, lo que no implica que para disfrutar de esos derechos que nos trajo la Democracia se vulneren los de terceros, como de hecho hizo Salado el pasado viernes. Es responsabilidad de todos no permitirlo, abrazando para ello la ley y no esperando que ésta actúe siempre de oficio, sino dándole un empujón para ayudarle a eliminar los gérmenes de quienes pretenden infectar nuestra convivencia.