Cuando trabajaba como lobbista en Bruselas me encontré ante un dilema ético tremendo. Tenía que defender la aprobación de un producto que se usaba para evitar la maduración de ciertas frutas y verduras, y así poder transportarlas desde sitios muy lejanos con medios de transporte lentos. Este nuevo producto iba a sustituir a otro que era cancerígeno. El problema es que este sustituto también era cancerígeno, pero significativamente menos dañino. ¿Se puede defender algo que provoca potencialmente cáncer como mal menor? Yo decidí que no. Hay veces que no existe el gris porque la opción es a vida o muerte. La tibieza mata.

El pasado viernes el Defensor del Pueblo sacaba una nota informativa sobre la masacre de Melilla del 24 de junio en la que recupera las primeras conclusiones de su investigación. Básicamente explica que el Ministerio del Interior miente y oculta pruebas, entorpeciendo el esclarecimiento de los hechos. Esto es algo que muchas personas llevamos meses denunciando, pero es la primera vez que una institución pública y oficial lo plantea abiertamente. Que esto sea así es un hecho inusual y en cierto sentido casi histórico que prueba la independencia del Defensor del Pueblo. Por eso resulta bastante sorprendente la tibieza con la que muchos espacios informativos han tratado esta noticia.

Es extremadamente grave que a estas alturas de nuestra democracia el Ministerio del Interior mienta con relación a la mayor tragedia migratoria que ha tenido lugar en la valla de Melilla. Sin embargo parece como si todo el mundo aceptara que Interior puede mentir, como si fuera inherente a su labor. En este sentido, hay que tener en cuenta que la mentira del ministerio se compone de transmisión de información falsa, concretamente en el número de pushbacks o devoluciones en caliente –"rechazos en frontera"– que se llevaron a cabo. Como mínimo 470, según el informe, cuando Interior solo había reconocido un centenar. También se compone la mentira de omisión de información, porque el ministerio se niega a entregar varias cintas de la valla para que la investigación se desarrolle como debe, y por lo tanto, entorpeciendo conscientemente la labor del equipo del Defensor del Pueblo mientras afirma que no es así.

La respuesta del ministro del Interior ha sido inaceptable, cuestionando a Ángel Gabilondo y su equipo. La salud democrática y la legalidad de nuestro sistema se ven muy amenazadas si permitimos tales comportamientos. Y sin embargo, insisto, solo hemos encontrado tibieza en las declaraciones institucionales y la mayoría de las líneas editoriales. Esta tibieza solo refuerza la sensación de impunidad que tiene Interior. Da igual lo que haga en la frontera: solo recibirá una reprimenda y pelillos a la mar. Llevado a cualquier otro espacio, la participación directa o indirecta de nuestro Estado en la muerte de 23 personas, según cifras oficiales, o más de 40, según fuentes en el terreno, y con más de 70 desaparecidos, sería un escándalo de dimensiones épicas.

A los chavales que murieron les faltan familiares en nuestro país que con tesón, y sin pausa, se enfrenten a esta situación denunciándola públicamente. Por esta ultima razón es indispensable que organizaciones y medios de comunicación asumamos ese rol y sin tibieza expongamos la mala praxis de Interior y presionemos para que todos los materiales necesarios para la investigación sean entregados al Defensor del Pueblo. Es igualmente indispensable que exista una presión pública exigiendo a la Fiscalía General del Estado que avance con contundencia en su investigación, que parece parada desde que se inició. Y finalmente es emocionante comprobar cómo Ángel Gabilondo ha hecho honor a su puesto y su trabajo convirtiendo a su oficina en lo que debe ser, un defensor real del pueblo, defendiéndonos como sociedad y defendiendo nuestra democracia. A usted que me lee le toca la enorme responsabilidad de difundir todas estas informaciones entre familiares, amigas y conocidas. Cuento con ello.