Mikel Otero y Héctor Tejero, responsables políticos de EH Bildu y Más Madrid respectivamente, acaban de publicar un artículo titulado "¿Renovables? Sí, gracias". En él, Otero y Tejero hacen un repaso de lo que ha sido la transición energética renovable en el Estado español durante lo que llevamos de siglo XXI, llegando a la conclusión de que ésta solamente ha supuesto ventajas por cuanto ha implicado una consistente disminución de las emisiones de CO2 y por tanto un avance en la lucha contra el Cambio Climático. En la conclusión del artículo se nos dice claramente que las renovables son un icono, a pesar de la presentación grotesca de ellas "por el negacionismo fosilista o por retardismos varios", y acaba aspirando a que ciertos progresos tecnológicos en el almacenamiento de la electricidad permitan sacarle aún más partido a estas tecnologías. Siguiendo el razonamiento de Otero y Tejero, nadie en su sano juicio puede honestamente oponerse a estas tecnologías que tanto han hecho por el bien de Estado español y del planeta.

No es un hecho casual que tanto Otero como Tejero representan a dos partidos políticos que han hecho bandera de la adopción masiva de un modelo muy concreto y particular de renovable, el de la Renovable Eléctrica Industrial (REI), como solución única a los problemas ambientales de nuestra sociedad. Un modelo que se basa en grandes inversiones y en modelos de explotación de carácter masivo e industrial, que tampoco por casualidad resultan ser los más interesantes para las grandes empresas y los grandes poderes económicos. Otero y Tejero pretenden presentar el modelo REI como algo neutro desde el punto de vista técnico y ventajoso desde todo punto de vista. Por supuesto, nada más lejos de la realidad.

Comencemos por las supuestas ventajas del REI, que Otero y Tejero enuncian. Se nos dice que el Estado español ha reducido sus emisiones en el sector eléctrico desde 110 millones de toneladas de CO2 en 2005 hasta solo 25 en 2025, todo ello gracias a la implantación masiva del REI. Y es cierto, aerogeneradores y parques fovoltaicos han permitido (y es algo muy positivo) la disminución de las emisiones de CO2, pero no toda la reducción se debe a ellos. En 2008, año que marca el máximo consumo, en el Estado español se consumieron 281.051 GWh de electricidad; en 2025, 256.084 GWh – una reducción del 8,9%. La razón principal de esta caída continuada del consumo eléctrico es la deslocalización de las industrias más electrointensivas. De hecho, es la pérdida industrial la que explica la mayoría del descenso de emisiones en todos los sectores (no solo el eléctrico) que también comentan Otero y Tejero. Sin duda la desindustrialización es una estrategia de descarbonización, pero seguramente no es la más deseable ni la más económicamente conveniente para todo el mundo.

Comentan también que actualmente la eólica y la fotovoltaica suponen el 40% de la generación eléctrica, lo cual es un hito destacable y una noticia positiva, pero de ahí se hace un salto al vacío en suponer que su instalación podrá seguir creciendo sin problemas. Hay, sin embargo, diversos obstáculos a su expansión que omiten comentar por completo. En primer lugar, en el Estado español a diciembre de 2025 teníamos 147 GW de potencia eléctrica instalada, para un consumo medio de 29 GW (27,5 si descontamos las pérdidas de transmisión), con picos de consumo de alrededor de 41 GW en momentos concretos del invierno y del verano. Hay clarísimamente un exceso de instalación, que es lo que está llevando a los actuales problemas de falta de rentabilidad, a los curtailments, a los apagones locales o generales como el del 28 de abril de 2025 y a los precios mayoristas cero o negativos (que, contrariamente a lo que parecen pensar, no es algo positivo porque justamente es lo que compromete la rentabilidad de las instalaciones). En segundo lugar, a día de hoy y con el modelo de instalación de renovables, éstas no pueden aportar a la estabilidad de la red, en particular en el control de la frecuencia o de la potencia reactiva – no es una imposibilidad terminal, pero compensarla llevaría mucha más inversión y costes fijos de lo que se reconoce en el debate público. Por ello, no es casual que desde el 28 de abril de 2025 se esté hablando continuamente de almacenamiento y baterías (cuyo desarrollo e implantación es intensivo en minería y diésel y por tanto en CO2), algo de lo que antes no se hablaba. Y es que la fabricación masiva de almacenamiento conlleva una complejidad y sensibilidad solo superada por la de la industria de los semiconductores, encareciendo finalmente el producto final y aumentando enormemente lo que se quiere evitar: las emisiones de CO2.  Por último, la intermitencia y variabilidad de la generación eléctrica renovable hace muy difícil su integración y obliga a tener sistemas de respaldo, encareciendo el conjunto y emitiendo más CO2: en 2025, las "operaciones reforzadas" de Red Eléctrica tras el apagón han significado un incremento del consumo de gas natural que nos ha llevado hasta los 270,04 millones de toneladas en el Estado español. Como se está viendo en tantos otros países, hay un límite a la capacidad de penetración renovable en el sistema eléctrico, y ya estamos muy cerca de ese límite.

Pero la parte del artículo que resulta más hiriente es la de la presunta democratización de la producción eléctrica. Se nos dice que ahora proliferan los proyectos "independientes" de las grandes compañías. En realidad, detrás de muchos de los proyectos que han proliferado durante estos años por toda la geografía española nos encontramos una plétora de empresas sin contenido real, constituidas con el capital social mínimo que marca la ley (3000€), sin experiencia  en el campo y que obviamente están ahí para especular con el proyecto, que acabarán revendiendo a una de las grandes. De hecho, si algo ha caracterizado el despliegue del REI de los últimos años ha sido su carácter especulativo y el total desprecio al territorio, al cual se le ha impuesto un trágala masivo de parques sin sentido que arrasan con el paisaje, la biodiversidad y la vida de las personas que lo habitan. Otra cuestión, por cierto, que Otero y Tejero omiten mencionar, es la de la masiva oposición de los centenares de plataformas que existen en toda Estado español en contra de estos proyectos abusivos, especulativos y, como hemos visto, sin sentido económico ni técnico alguno.

La historia real de les emisiones de CO2 y de la "democratización de la energía" es muy diferente y bastante menos halagüeña de la que describen Otero y Tejero. Tras el colapso de los mercados en 2008, la optimización de beneficios empresariales llevó a la masiva externalización de los procesos industriales hacia China e India. Se redujeron así las emisiones de CO2 en EE.UU. y Europa mientras crecían en esos países y en el transporte, hasta el máximo histórico de 38.110 millones de toneladas de CO2 en 2025, cuando la quema de petróleo, carbón y gas marcan sus respectivos récords históricos. Lo mismo pasó con el PIB y la desigualdad: se dilataba a ritmo de endeudar a las clases trabajadoras y la desaparición de las clases medias. Pero fue a partir de 2020, tras la pandemia de Covid, cuando el proceso se desboca. Entonces, el presidente del Gobierno anunció el pistoletazo de salida de la transición verde, digital e inclusiva con los fondos de recuperación y resiliencia y NextGenerationEU. 

La operación no solucionó el problema, porque la desigualdad y la desdemocratización crecían con el REI. En el Estado español, tres personas aglutinan ya tanta riqueza como los quince millones que viven bajo el umbral de la pobreza. Han pasado media docena de años y vemos por el retrovisor en qué consistió: un bombeo de riqueza desde esas clases empobrecidas y endeudadas hacia las grandes corporaciones de siempre que aquí participan en proyectos "verdes" subvencionados mientras prometen triplicar la extracción de crudo en Venezuela y contentar al emperador. 

Ahora, en el Estado español el 1% más rico posee el 21% de la riqueza total frente a ese 6% que repartimos entre la mitad más pobre de la población (25 millones). Esos sectores más ricos obtienen ingresos 64 veces superiores a la renta media y así el Estado español se ha convertido en uno de los países de mayor desigualdad de la Unión Europea con las tasas AROPE (pobreza y exclusión) más elevadas. Los jóvenes han sufrido la mayor pérdida: de rentas del trabajo y de expectativas de vivienda, movilidad o capacidad de formar familias, con las menores oportunidades de ahorro de la historia. A pesar de la reforma laboral y el aumento del empleo, especialmente en los sectores ligados a la transición, la pobreza crónica afecta ya al 14% de la población (datos de 2025). Las expectativas muestran una brecha persistente que requiere acciones urgentes.

Hablando de fósiles, a día de hoy el pensamiento de Otero y Tejero, aunque bienintencionado, es uno. El modelo REI ha fracasado. Nuestras calles no se están llenando, ni se van a llenar, de coches eléctricos. El hidrógeno verde ya ha mostrado sus severas limitaciones y la mayoría de las grandes empresas están cancelando proyectos. La última gran esperanza, el consumo desmesurado de los centros de datos impulsados por la voracidad de la IA (una claudicación en los objetivos, porque aquí no hay substitución ni transición, solo nuevo uso), es una burbuja financiera que amenaza con explotar en cualquier momento. Otero y Tejero viven en el año 2005 cuando han pasado ya 21 años. El capital sabe que el sueño del REI se ha acabado, y ha pasado página. Y mientras al otro lado del Atlántico Trump embarca a los EE.UU. en una cruzada por acaparar los últimos recursos del petróleo, en Europa el foco se está poniendo en el biogás y la biomasa, que prometen ser todavía más destructivas que el REI. Mucho nos tememos que en un año o dos veremos a Otero y Tejero defender las bondades de esos proyectos – ojalá nos equivoquemos.

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De todo el artículo de los dos responsables políticos de EH Bildu y Más Madrid, quizá lo más rescatable sea el título: "¿Renovables? Sí, gracias". Porque efectivamente necesitamos, y urgentemente, hacer una transición a un modelo energético 100% renovable. El Cambio Climático es un problema mucho más grave de lo que las instancias políticas quieren reconocer, como evidencian la sucesión de tormentas tan destructivas por todo el planeta y por la península, las olas de calor, la posible y precipitada llegada de un nuevo Niño que llevará en pocos meses las temperaturas a valores nunca antes vistos o la proliferación de enfermedades que llamábamos tropicales.

Si nos tomáramos en serio el Cambio Climático, los cambios a producirse deberían ser mucho más profundos y mucho más rápidos que la instalación de aerogeneradores y placas fotovoltaicos producidas por un complejo industrial global altamente contaminante y basado en recursos que se están agotando. 

Necesitamos no solo renovables; necesitamos una transición a la cual el mundo político decidió hace tiempo quitarle el adjetivo imprescindible: ecológica. Porque hay muchos más problemas ambientales que el Cambio Climático, y todos ellos – y el propio Cambio Climático – son de una gravedad tal que nos urgen a actuar ya. 

El modelo energético al que deberíamos ir implica un decrecimiento muy necesario, no el empobrecimiento al que nos está llevando el REI, y no solo para reducir emisiones, sino también la cantidad de contaminantes que nos rodean, en nuestros suelos, en  los alimentos, en todas las especies y en nuestros cuerpos. No es el tiempo de optar por modelos que resultan aceptables en los grandes despachos de la Castellana o de Abando: hay que tener el valor de pedir lo que verdaderamente necesitamos: una transición ecológica que deje un mundo vivible para nuestros hijos. ¿Transición ecológica? Sí, gracias.