Ucrania y la tentación del poder sin contrapesos

Existe una narrativa ampliamente instalada en Europa según la cual Ucrania representa hoy la defensa de la democracia frente al autoritarismo ruso. Desde una perspectiva geopolítica, esa afirmación resulta difícilmente discutible. Ucrania combate por preservar su soberanía frente a una agresión que pretende negar su propia existencia como Estado independiente. Sin embargo, trasladar esa lectura al funcionamiento interno del sistema político ucraniano exige bastantes más matices.

Antes de la invasión rusa de febrero de 2022, se tiende a olvidar que Ucrania distaba mucho de ser una democracia liberal consolidada según todos los índices de democracia internacionales. Era, más bien, una democracia electoral con una sociedad civil extraordinariamente activa y una competencia política real, pero también un Estado profundamente condicionado por la corrupción, la influencia de los oligarcas, la debilidad del poder judicial y la captura parcial de numerosas instituciones públicas. Desde la Revolución Naranja hasta el Maidán la capacidad de movilización de la sociedad frente a los déficits estructurales había quedado más que demostrada, pero ninguno de aquellos procesos consiguió transformar completamente el funcionamiento del Estado.

Volodímir Zelenski llegó a la Presidencia en 2019 prometiendo precisamente romper con ese modelo. Su victoria simbolizó el rechazo de buena parte de la sociedad ucraniana a unas élites políticas asociadas durante décadas al clientelismo y a la corrupción. La guerra alteró por completo ese proyecto. La prioridad dejó de ser la reforma del Estado para convertirse, con toda lógica, en la supervivencia nacional. Sin embargo, cuatro años y medio después de la invasión rusa, la guerra no solo ha transformado el frente militar. También está modificando profundamente el equilibrio del poder político en Kiev. La última remodelación del Gobierno constituye probablemente el mejor ejemplo.

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EFE

La salida de Yuliia Svyrydenko como primera ministra apenas un año después de asumir el cargo difícilmente puede interpretarse como un simple relevo técnico. Su sustitución por Serhii Koretskyi, hasta ahora presidente de la empresa estatal Naftogaz, se ha justificado oficialmente por la necesidad de reforzar la coordinación del Ejecutivo y adaptar el Estado a una guerra que ha entrado en una nueva fase de desgaste. Pero el cambio también confirma una tendencia mucho más profunda y es que el Gobierno ha ido perdiendo progresivamente autonomía política frente a una Presidencia que concentra cada vez más capacidad de decisión. En ese mismo sentido, todavía más significativa resulta la destitución de Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa. Fedorov era una de las figuras más respetadas del Ejecutivo. Un tecnócrata de apenas 35 años que como responsable de Transformación Digital había impulsado la modernización tecnológica del Estado y desempeñado un papel decisivo en el extraordinario desarrollo de la industria ucraniana de drones, uno de los pocos ámbitos donde Ucrania ha conseguido compensar parcialmente la superioridad militar rusa. Su paso por el Ministerio de Defensa apenas duró unos meses. Diversas informaciones apuntan a discrepancias con la cúpula militar sobre la conducción de la guerra y sobre el ritmo de las reformas del Ministerio. Su salida provocó incluso la dimisión de un alto mando de la Fuerza Aérea, un episodio muy poco habitual desde el comienzo de la invasión.

Estos movimientos no constituyen casos aislados. Desde 2022 Zelenski ha impulsado varias remodelaciones ministeriales, relevos en la administración presidencial, cambios en los servicios de inteligencia y sustituciones en las Fuerzas Armadas. Oficialmente, todos ellos responden a una misma lógica: aumentar la eficacia del esfuerzo bélico, combatir la corrupción y adaptar las instituciones a una guerra prolongada. Pero, observados en conjunto, revelan otra dinámica igualmente evidente que es la creciente concentración del poder en torno a la Presidencia.

La guerra no ha creado esa tendencia. Más bien ha actuado como acelerador de unas instituciones que ya eran frágiles antes de la invasión. En un Estado donde los mecanismos de control nunca llegaron a consolidarse plenamente, el estado de excepción permanente facilita que el poder ejecutivo acumule competencias extraordinarias con escasos contrapesos efectivos. Buena parte de esa concentración gira alrededor de la Oficina del Presidente. Si durante los primeros años de la guerra esa función la desempeñó Andrii Yermak, considerado el verdadero arquitecto político del círculo de Zelenski, desde enero de 2026 esa responsabilidad recae en Kyrylo (Kiril) Budánov, antiguo jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (GUR). Su nombramiento no constituye un simple relevo administrativo. Representa la incorporación al núcleo político del Estado de la figura militar probablemente más popular de Ucrania y uno de los responsables de las operaciones de inteligencia más exitosas contra Rusia desde 2022. El ascenso de Budánov ilustra, además, otra característica de la evolución del sistema político ucraniano donde se observa una progresiva fusión entre los ámbitos civil, militar y de inteligencia en torno a la Presidencia. No se trata únicamente de que el presidente concentre un mayor poder político, sino de que los principales centros de decisión del Estado —el Gobierno, la Oficina Presidencial, los servicios de inteligencia y la conducción estratégica de la guerra— aparecen cada vez más integrados bajo un mismo liderazgo. En circunstancias excepcionales esta arquitectura puede aumentar la capacidad de respuesta. El problema reside en que reduce los espacios de deliberación y dificulta la existencia de contrapesos institucionales efectivos.

Naturalmente, la situación excepcional que vive Ucrania explica buena parte de esta evolución. Ningún país sometido a una guerra existencial puede funcionar con la misma normalidad institucional que en tiempos de paz. La ley marcial, la suspensión de las elecciones o la ampliación de las competencias del Ejecutivo encuentran cobertura constitucional y responden a necesidades objetivas derivadas del conflicto. Otras medidas, sin embargo, no pueden ser explicadas, como por ejemplo la ilegalización de partidos políticos. Y aquí es donde surgen las principales dudas, en un contexto de prolongación indefinida de la guerra (recordemos que la guerra de Afganistán duró 10 años hasta la salida de la URSS), resulta inevitable preguntarse dónde se sitúan los límites de esa excepcionalidad. La cuestión ya no consiste únicamente en cuánto poder necesita un presidente para dirigir una guerra. La cuestión es cuánto tiempo puede mantenerse esa concentración de poder no sólo sin deteriorar aún más unas instituciones, sino, por el contrario, para reforzarlas en términos democráticos, especialmente cuando se le está ofreciendo a Ucrania su entrada en la UE.

Este debate coincide además con un momento especialmente complejo sobre el terreno militar. Rusia mantiene la iniciativa en varios sectores del frente oriental gracias a una economía completamente orientada hacia el esfuerzo bélico, una superioridad demográfica considerable y una creciente capacidad industrial. Los avances territoriales son lentos, pero constantes, mientras los ataques masivos con drones y misiles buscan desgastar la capacidad económica y psicológica de Ucrania. Frente a ello, Kiev continúa demostrando una notable capacidad de innovación tecnológica y adaptación táctica. Los ataques de largo alcance contra instalaciones militares rusas y el desarrollo de sistemas no tripulados han alterado parcialmente el equilibrio del campo de batalla. Sin embargo, la guerra ha entrado claramente en una fase de desgaste en la que la capacidad industrial, el apoyo occidental y la resistencia institucional resultan tan decisivos como las propias operaciones militares.

Y es precisamente ahí donde la dimensión política adquiere una importancia estratégica. Ucrania no solo necesita armas. También necesita demostrar que continúa siendo un Estado gobernable y un candidato creíble para la adhesión a la Unión Europea. Bruselas ha priorizado, con razón, el respaldo militar y financiero frente a Rusia. Sin embargo, tarde o temprano deberían volver a situarse en primer plano los criterios que históricamente han definido cualquier proceso de ampliación, esto es, la independencia judicial, Estado de derecho, lucha contra la corrupción y existencia de mecanismos efectivos de control del poder político.

La paradoja resulta evidente. Zelenski llegó a la Presidencia prometiendo desmontar un sistema dominado por las élites oligárquicas. La guerra ha debilitado buena parte del poder económico de aquellos oligarcas, pero al mismo tiempo ha favorecido otra forma de concentración del poder, esta vez articulada alrededor de la Presidencia y de un reducido núcleo político cuya capacidad de decisión apenas encuentra contrapesos efectivos. La reconstrucción de Ucrania incluirá sí, infraestructuras, pero también instituciones fuertes capaces de limitar el poder político, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en este momento en el país.

La teoría dice que Ucrania no ingresará en la Unión Europea únicamente por resistir a Rusia. La teoría también dice que deberá demostrar que es capaz de construir un Estado donde el poder no dependa de la fortaleza de un líder, sino de la solidez de sus instituciones. Y en este sentido, efectivamente la guerra en Ucrania es existencial para el proyecto europeo, pero no por la amenaza militar rusa, sino por la amenaza al modelo democrático y los valores que defiende en sus tratados, si estas dos cuestiones quedan relegadas, entonces se habrá consumado su mimetización con lo que dice combatir.