Dos hechos recientes ilustran los objetivos segregadores y reaccionarios de las derechas extremas: Las jornadas de VOX en el Congreso contra la ‘Ideología de género y las denuncias falsas’ y la reacción racista de ultraderechistas en Madrid tras la presunta agresión sexual a una adolescente por un inmigrante joven de origen marroquí.

Al mismo tiempo, dirigentes del Partido Popular, especialmente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con gran eco en los grandes medios de comunicación, amplifican el odio a los inmigrantes racializados, boicotean la redistribución desde Canarias de menores o colaboran con la campaña racista de criminalización y expulsión de los inmigrantes irregulares, en vez de garantizar sus derechos humanos y habilitar su regularización.

Por una parte, la ultraderecha lleva su neoconservadora campaña mediática y política basada en el negacionismo de la violencia machista, en la inexistencia de las situaciones de desigualdad, dominio y prepotencia patriarcal. La mayor lacra de esa situación queda reflejada en la constatación de las agresiones machistas y la discriminación que sufren las mujeres y colectivos LGTBIQ+, en diferentes campos relacionales. Sobre ello hay suficiente evidencia empírica, imposible de rebatir a pesar de los bulos y la desinformación, y se ha desarrollado una amplia conciencia feminista e igualitaria entre los sexos, así como un potente movimiento feminista transformador que figura como su adversario sociopolítico y cultural a derribar.

Por otra parte, instrumentalizan un supuesto hecho agresivo poniendo el foco no en la prevención de esa violencia y la protección y el avance de derechos de las mujeres, junto con la individualización del presunto delito, sino en la estigmatización y la represión punitiva a toda una comunidad de jóvenes inmigrantes, particularmente de cultura musulmana.

Su preocupación no es la protección de las mujeres, en particular de las víctimas de violencia machista, que niegan; por el contrario, pretenden esconder las agresiones machistas e impedir el reconocimiento y la reparación de las víctimas frente a los agresores.

Su prioridad es doble. Por un lado, frenar el feminismo, los procesos igualitarios y emancipadores que favorecen a las mujeres, en beneficio de las ventajas y privilegios patriarcales, sin adoptar medidas frente a esa lacra que es el machismo violento, que no sean el tradicional punitivismo legal y represivo.

Por otro lado, afianzar el racismo, con las consecuencias de la segregación social y cultural de la población inmigrante, particularmente la racializada y de origen magrebí. Se estigmatiza como amenaza para su plan de orden social y homogeneidad cultural, desde un nacionalismo esencialista y excluyente; por tanto, configuran un enemigo interno a erradicar. Se construye un ‘nosotros civilizado’, en posición dominante, frente a un ‘ellos bárbaro’, en posición subalterna. Las derechas extremas generan un conflicto entre esas identidades, solo resoluble, según ellos, por dos políticas: la asimilación forzada, con sumisión y segregación, o la expulsión del país; y, en la práctica, por una combinación de ambas.

Al mismo tiempo, estas campañas de odio, justificación del machismo y violencia racista, con objetivos e intereses más pragmáticos, pretenden consolidar la segregación social, espacial y cultural de esa población inmigrante, así como la subalternidad femenina. Tratan de conseguir dos objetivos complementarios.

Uno, la mayor subordinación laboral y vital, como mano de obra barata en el mundo económico-empresarial, que presione a la baja las condiciones y derechos de la población autóctona; así, se incrementa su división, insolidaridad e inestabilidad.

Dos, una contención de la diversidad étnica y cultural, para mantener la supremacía de su nacionalismo excluyente, pero que reclama diálogo cultural y cierto mestizaje voluntario y cooperativo, con respeto y esfuerzo de convivencia intercultural en la pluralidad, más en una sociedad plurinacional como la española, por parte de la sociedad receptora con perspectiva progresista.

Ambas cosas son imposibles de aceptar por las derechas extremas, que priorizan el nacionalismo identitario conservador, la maximización del beneficio socioeconómico privado y la cohesión cultural y política de una base social reaccionaria amparada en las ventajas derivadas del sometimiento inmigrante y patriarcal.

Se trata, con el apoyo de todos sus aparatos mediáticos, de la penetración del racismo, el machismo y el autoritarismo, entre algunas capas populares autóctonas, funcional para sectores del poder establecido, que tiene una doble tarea. Por un lado, recomponer sus élites dirigentes en un sentido autoritario, en el caso español de refuerzo de VOX en detrimento del PP, frente a su deslegitimación por su gestión regresiva, antidemocrática y corrupta anterior.

Por otro lado, debilitar el campo popular y progresista y el Gobierno de coalición, con la descalificación de su representación social y política, así como, atraer a una base social en descenso y con incertidumbres, respecto de su estatus social, nacional, cultural o de sexo. Su descontento, mediante manipulación, se reorienta hacia la defensa de sus ventajas parciales y un nuevo supremacismo relativo a costa de los escalones más vulnerables: capas precarias, particularmente, de mujeres e inmigrantes.

Es su combate contra lo woke, con un enfoque despreciativo hacia los avances en condiciones sociales y derechos civiles beneficiosos para la mayoría de la sociedad. Sobre todo, atacan, en primer plano, las mejoras de carácter feminista o antirracista y, más en general, democráticos y progresistas, incluido el propio Estado de bienestar europeo y los servicios públicos y la acción por la sostenibilidad medioambiental del planeta y frente a la emergencia climática.

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En particular, aparte de la segmentación laboral en el mercado de trabajo o en el acceso a la vivienda, que afectan más a la población inmigrante o recién nacionalizada, las propias políticas sociales respecto de la sanidad y la educación públicas de muchas Comunidades Autónomas, especialmente la de Madrid, promueven sistemáticamente, además del recorte de recursos públicos, la discriminación por el estatus social y el origen étnico-nacional.

La desconsideración institucional hacia los menores inmigrantes, junto con la segregación escolar, alimenta la exigencia ultra para imponer la subordinación de una nueva generación joven diversa que, por motivos sociodemográficos, laborales y socioculturales, va a tener un fuerte impacto en el mercado de trabajo, en la convivencia y en la sociedad.

La ultraderecha, se apresta, como en EEUU y Europa, a una estrategia autoritaria de dominación y división social, con la neutralización de las opciones progresistas de integración social, igualdad e interculturalidad.

Por tanto, no estamos solo ante una ofensiva cultural o ideológica ultra, habitual en la interpretación, sobre todo estadounidense, en las décadas pasadas. Desde el primer mandato de Trump y, especialmente en éste, así como en las políticas iniciadas por distintos gobiernos europeos, incluido los socialdemócratas de Reino Unido o Dinamarca, estamos ante una auténtica ofensiva política y relacional derechista, racista y autoritaria.

Lo fundamental, desde una óptica progresista o de izquierdas, en consecuencia, no es solo afrontar una acción cultural o ideológica que cuestione la amplia y persistente difusión de ideas y marcos interpretativos reaccionarios. Esa actividad es necesaria. Pero la estrategia ultra busca apoyos sociales y electorales y, al mismo tiempo, incrementa sus posiciones de poder entre los aparatos del Estado, principalmente, fuerzas de seguridad, judicatura y alta burocracia pública, así como su complicidad con los intereses del gran poder económico, no con su pretendido ‘pueblo’.

Su objetivo último es la conquista del poder institucional, para moldear la sociedad a su plan regresivo y autoritario. Es el sentido del trumpismo, las alianzas de las derechas en Europa y las del PP en algunas Comunidades Autónomas.

Por tanto, la principal tarea progresista es sociopolítica, en el doble sentido de una acción reformadora político-institucional y una actividad relacional y transformadora directamente en la sociedad. Así, hay que abordar una agenda específica de transformaciones sociales e institucionales, de carácter igualitario y solidario que afronte el cambio de las condiciones vitales y culturales de las mayorías sociales. El reto de la regularización inmigrante es inminente. Para frenar la involución derechista, hay que superar las dinámicas segregadoras y discriminadoras que, desde el racismo estructural, afectan a la población inmigrante y recién nacionalizada, así como garantizar la consolidación y el avance en los derechos feministas frente a la involución machista.

Se trata de combinar el debate y la pugna sociocultural con la activación cívica y la gestión institucional por la implementación de una política integral que asegure la convivencia intercultural y el desarrollo social de la población. El futuro del país depende de ello.