Por Jesús Rodríguez Barrio. Activista de La Comuna

El edificio en el que estuvo situada la Dirección General de Seguridad española durante los años del franquismo es, desde los años 80 del siglo pasado, la sede del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Su estética externa es la de un bonito edificio, muestra de la arquitectura pública española del S. XVIII, pero en los años del franquismo representaba el terror. Sus calabozos eran lo más parecido a las mazmorras de un castillo medieval y en las dependencias destinadas a los interrogatorios se practicaba la tortura de forma generalizada. Eso se hacía también con los detenidos por delitos comunes (principalmente, delitos contra la propiedad) aunque se practicaba especialmente (de forma sistemática y organizada) con los detenidos por actividades políticas y sindicales consideradas contrarias al estado franquista.

Por los calabozos de la Dirección General de Seguridad pasaron, también, personas perseguidas por el solo hecho de su orientación sexual y mujeres perseguidas por ejercer la prostitución y otros “delitos” relacionados con la moral. Víctimas de las llamadas Leyes de Peligrosidad Social. Personas diferentes, a quienes el estado franquista consideraba peligrosas para su modelo de vida y de sociedad, que sufrieron vejaciones, humillaciones, palizas y malos tratos en ese edificio de siniestra memoria.

Entre todas, las personas perseguidas por motivos políticos fueron distinguidas con la creación de una organización policial específica dedicada a su persecución. La represión de las actividades políticas y sindicales era competencia de una sección especial de la policía franquista llamada Brigada de Información Social, popularmente conocida como “Brigada Político-Social” (BPS). Todos sus integrantes practicaban la tortura. No era producto de un accidente o consecuencia de la maldad de una persona determinada (aunque, evidentemente, había funcionarios que la practicaban de forma más cruel que otros) sino una política sistemática llevada a cabo por funcionarios policiales, con el objetivo de reprimir y aterrorizar al sector de la población que estaba en contra del régimen franquista.

Todo eso sucedió en ese edificio, al cual los medios de comunicación se refieren actualmente de forma habitual con el pomposo nombre de Real Casa de Correos, tal vez con la intención de buscar en el pasado lejano una referencia que haga olvidar su siniestro papel en nuestra historia reciente.

Pero nada lo recuerda. Porque, hasta el día de hoy, ninguna autoridad ha considerado conveniente poner en ese lugar un recordatorio en memoria de los ciudadanos que sufrieron la extrema violencia que allí se practicó en contra de los más elementales derechos de las personas.

Hace unas semanas, Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, justificaba la ausencia de memoria pública para las víctimas del franquismo, en el edificio en el que actualmente reside la sede de su gobierno, diciendo que "la memoria de las víctimas dividiría a la sociedad".

Pero en una sociedad democrática, la única unidad posible es la unidad con las víctimas. No puede haber unidad con quienes desprecian a las víctimas de un genocidio, que dejó más de cien mil personas desaparecidas y asesinadas por las fosas de nuestro país y miles de personas detenidas, torturadas y encarceladas por motivos políticos. No puede haber unidad con quienes niegan, incluso, la condición de víctimas a quienes sufrieron esta persecución.

Es cierto: nuestra memoria obliga a tomar partido entre las víctimas y los verdugos. Entre quienes exigimos justicia, verdad y memoria para las víctimas del franquismo y quienes siguen defendiendo la impunidad de los criminales.

Sin embargo, esa es una división absolutamente necesaria, pues las víctimas y quienes defendemos el derecho a la justicia, la verdad y la memoria no podemos estar junto a quienes defienden la impunidad de los crímenes del franquismo, que son crímenes de lesa humanidad.

La tarea, pendiente, de construir en nuestro país una sociedad sana, y una democracia llena de derechos, obliga, hoy más que nunca, a trazar una línea roja que aísle a quienes niegan sus derechos fundamentales a una parte de la sociedad.

Sra. Ayuso: la placa que siempre hemos exigido en el edificio que ocupa su gobierno, en memoria de quienes fueron detenidos, torturados y asesinados en la Dirección General de Seguridad, es, precisamente, una parte imprescindible de esa línea roja, que hace falta en nuestro país, para garantizar y defender los derechos fundamentales de la persona humana. Unos derechos cada vez más amenazados en el tiempo presente, que deben ser protegidos para que nuestra democracia pueda sobrevivir.

Y lo que usted hace, negar la memoria de las víctimas en el principal centro de detención y tortura de la policía política del franquismo, es, indudablemente, tomar partido por quienes, todavía hoy, siguen justificando todo lo que sucedió en ese lugar.

Nuestra memoria de la Dirección General de Seguridad es la memoria de un trozo de nuestra propia existencia y, mientras estemos vivos, tenemos la obligación de recordarla y hacerla recordar.

Por nosotras y por quienes ya no pueden hablar y recordar. Por los vivos y los muertos. Por todas las víctimas.

Por quienes nos recordarán. Para que la historia no se pueda repetir.

Fascismo, nunca más.

Justicia, verdad y memoria para todas las víctimas del franquismo.

Porque fueron, somos.

Porque somos, serán.