¿Quién vela por los intereses de los fabricantes de bombas de racimo?

Tica Font

Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

La sociedad civil internacional, durante años ha estado llevando una campaña de desarme, en concreto primero llevó a cabo una campaña de prohibición de las minas antipersona y posteriormente una campaña para prohibir las bombas de dispersión o munición de racimo. Ambas campañas lograron un tratado internacional que prohíbe, el uso, fabricación almacenamiento y venta, al mismo tiempo que compromete a destruir las minas y municiones de racimo almacenadas o sembradas. La campaña de prohibición de las minas antipersona fue galardonada con el premio nobel de la paz.

Las organizaciones españolas impulsoras de dichas campañas presionaron al gobierno español para que firmara dichos tratados; el gobierno así lo ha hecho y se ha adherido a ambos. Consecuencia de ello, es que las empresas españolas no pueden fabricar ni vender dichas armas ni la tecnología para fabricarlas en un tercer país que no haya firmado las convenciones correspondientes.

Instalaza es una empresa de explosivos que producía municiones de racimo; con la firma de dicho tratado la empresa las dejó de producir y vender. La empresa se sintió agraviada por la decisión del gobierno e interpuso ante los tribunales una demanda reclamando una indemnización por dicha decisión. Instalaza pedía una compensación económica de unos 60 millones de euros, alegando que la decisión impedía el lucro de la empresa, la imposibilidad de atender ventas que se estaban negociando o futuras ventas y sus ganancias correspondientes y los costes que tendría que realizar en destrucción de stock o las perdidas asociadas en el I+D invertidas en su desarrollo.

Hace un par de meses el juez de la Audiencia Nacional de la sección séptima de la sala de lo Contencioso, ha desestimado la demanda de Instalaza, el gobierno no tendrá que compensar económicamente a los fabricantes de dichas bombas por las pérdidas económicas que les suponga no fabricar y no venderlas. Esta es una buena noticia

El ministro de defensa Pedro Morenés fue consejero de Instalaza entre 2005 y 2009, conoce bien la empresa y mantiene buenas relaciones con ella, tanto que no era necesario que la empresa llevara a los tribunales al Ministerio de Defensa para ser compensada directamente por la falta de negocio, el Ministerio puede compensar, y así lo ha hecho, a Instalaza extrajudicialmente. De hecho el Ministerio ha seguido contratando la adquisición de explosivos con Instalaza y ha contratado sus servicios para el desmantelamiento de las bombas de racimo. Por tanto podemos afirmar que Instalaza ha obtenido beneficios por la firma del tratado de prohibición de las municiones de racimo.

A principios de 2014 el Ejército de Tierra acaba de formalizar un contrato con Instalaza para el suministro de material bélico, en concreto del lanzagranadas Alcotán por valor de 4 millones de euros. Instalaza ha sido y es proveedor histórico de explosivos del ejército español, Instalaza no necesita querellarse con el Gobierno ni enemistarse con el Ministerio de Defensa, ya que no deja de ser un proveedor regular al que le sigue vendiendo otros productos explosivos y al que le seguirá vendiendo productos de nueva generación en el futuro.