El reciente ataque y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela se han explicado de muchas maneras y, en muchos casos, con muchos eufemismos: como una operación necesaria, como una respuesta excepcional, como un episodio más de la geopolítica global. Sin embargo, todas esas lecturas comparten algo inquietante: dan por sentado que estamos ante un hecho aislado, una anomalía, cuando quizá lo más honesto sería reconocer que Venezuela no es una excepción, sino un síntoma. Un síntoma de cómo funciona el poder cuando un sistema económico y político entra en fase defensiva y ya no es capaz de resolver sus propias contradicciones sin recurrir a la fuerza, directa o indirecta.  

La reacción de la comunidad internacional resulta especialmente reveladora si se compara con la respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Entonces, la violación del derecho internacional fue denunciada de forma casi unánime, acompañada de sanciones masivas y de un discurso moral contundente en defensa de la soberanía. Sin embargo, ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el lenguaje se vuelve ambiguo y prudente: no se habla de invasión, sino de operación; no de ilegalidad, sino de justicia. Esta doble vara de medir no es una incoherencia puntual, sino la expresión de un orden internacional jerárquico, donde algunas potencias pueden suspender las normas sin dejar de presentarse como garantes del derecho. La ley no desaparece: se vuelve selectiva, y esa selectividad se acepta como normal.  

En un mundo que, cada vez más, reconoce la urgencia climática mientras sigue organizándose alrededor del petróleo, Venezuela difícilmente puede leerse como un simple conflicto político interno. Sus enormes reservas fósiles la sitúan en el centro de una contradicción que atraviesa el orden global: se habla de transición ecológica, pero se actúa como si el verdadero problema fuera quién controla los últimos recursos de un modelo que ya ha demostrado ser inviable. La disputa no es solo política, sino profundamente material: hasta dónde estamos dispuestos a prolongar un sistema energético que choca frontalmente con los límites del planeta. La política de Donald Trump, con su negación abierta de la crisis climática y su apuesta sin complejos por los combustibles fósiles, no rompe con este esquema, sino que lo hace explícito. El extractivismo deja de maquillarse como transición y se convierte en política de Estado, tanto dentro como fuera de sus fronteras.  

Este contexto ayuda a entender por qué el derecho internacional aparece cada vez más como un marco flexible, aplicado de forma selectiva. Se invoca cuando legitima determinadas acciones y se relativiza cuando se convierte en un obstáculo. No se trata tanto de una ruptura explícita de las normas como de su suspensión tácita, de lo que Michel Foucault describió como la normalización de la excepción dentro de los dispositivos de poder. Cuando el poder se siente amenazado, la legalidad deja de ser un límite y pasa a ser una herramienta. Y lo más preocupante es que esa lógica empieza a ser asumida con naturalidad, sin apenas escándalo social.  

La aceptación de estas dinámicas no puede explicarse únicamente por la manipulación mediática o la desinformación. Tiene que ver con algo más profundo: con la manera en que el sistema ha logrado construir consenso y hacer pasar sus propios intereses por sentido común. Louis Althusser lo formuló con claridad al señalar que el gran logro del capitalismo no fue imponerse por la fuerza, sino conseguir que los dominados se reconocieran a sí mismos en el orden que los domina. La ideología, en este sentido, no actúa ocultando la realidad, sino produciendo sujetos que la defienden como si fuera natural.  

En el caso venezolano, el relato dominante simplifica una realidad compleja hasta convertirla en una historia de fracaso interno, de país incapaz de gobernarse a sí mismo. En ese marco, las sanciones, los bloqueos y las presiones externas aparecen como consecuencias inevitables, casi naturales. Se puede discutir su eficacia, pero rara vez su legitimidad estructural. Se puede criticar a un gobierno, pero no el derecho de ciertas potencias a decidir qué países pueden desarrollarse y cuáles deben ser castigados. La ideología opera precisamente así: no imponiendo lo que hay que pensar, sino delimitando lo que es posible pensar.  

Pierre Bourdieu —y perdón por el exceso de postestructuralismo— explicaba que la dominación más eficaz no es la que se impone por la fuerza, sino la que se ejerce de forma simbólica, cuando las personas aceptan como justo un orden que las perjudica. Venezuela es presentada como un "fracaso" o una narcodictadura, no como un espacio de disputa geopolítica y económica. Del mismo modo que la pobreza se individualiza y se convierte en culpa personal, la devastación ecológica y social se externaliza y se atribuye a decisiones locales, nunca a un sistema global basado en la extracción ilimitada de recursos.  

Esta lógica se vuelve todavía más inquietante si se observa desde la perspectiva de la biopolítica que analizó Foucault. El poder contemporáneo ya no necesita matar directamente: gestiona la vida y la muerte de forma diferencial. Decide qué poblaciones merecen ser protegidas y cuáles pueden ser abandonadas. Las sanciones económicas, los bloqueos financieros y el aislamiento internacional funcionan como tecnologías de poder que producen sufrimiento sin necesidad de intervención militar directa. El poder no mata: deja morir, y lo hace de forma técnica, burocrática, aparentemente neutral.  

Europa observa este escenario desde una posición cada vez más incómoda. Podría haber sido un referente alternativo, un espacio capaz de articular una transición ecológica justa, de defender lo público y de apostar por una educación crítica y universal. Sin embargo, ha optado mayoritariamente por adaptarse a la lógica neoliberal, mercantilizando el conocimiento, precarizando la universidad y vaciando de contenido político el discurso ecológico. Al renunciar a disputar los marcos ideológicos, Europa ha renunciado también a su capacidad de influencia real.  

Relacionado con este tema

“El extractivismo es una recolonización perfecta”

Ismael Juárez Pérez

Pensar Venezuela desde una perspectiva de izquierdas y ecologista no implica idealizar a ningún actor ni negar las responsabilidades internas del país. Implica situar lo ocurrido en un marco más amplio y reconocer que no estamos ante un caso aislado, sino ante una forma de gestión del mundo que se consolida a medida que el capitalismo fósil entra en crisis. Un mundo en el que la fuerza se ejerce sin necesidad de grandes justificaciones, porque el consenso ha sido construido previamente a través de la ideología, la violencia simbólica y la normalización de la excepción. Tal vez la pregunta no sea solo qué ocurre en Venezuela, sino qué estamos dispuestos a aceptar como normal en un contexto de agotamiento ecológico y político. Porque el mayor peligro no es que el sistema se derrumbe, sino que, incapaz de transformarse, intente sobrevivir llevándose todo por delante.