Venta de armas, corrupción y mafia

Tica Font

Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

La última de semana de marzo la prensa italiana se hacía eco del arresto domiciliario de dos ex directivos de Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, ex director de relaciones externas y Stefano Carli, ex director operativo de Selex Service Management, perteneciente a Finmeccanica.

Finmeccanica es una empresa líder mundial en tecnología aeroespacial y de defensa italiana; en la actualidad la empresa se ha transformado en un holding industrial con representación en más de 100 países; el estado italiano posee el 30% de las acciones de dicho holding.

La empresa Selex Service Management es una subsidiaria de Finmeccanica y recibió 400 millones de euros en 2009 para diseñar y gestionar el sistema Sistri de seguimiento electrónico de rastreo de desechos especiales y peligrosos. Este sistema fue encargado por el gobierno italiano después de que la mafia napolitana, que es la que controla la gestión de residuos, diseminara los residuos peligrosos de forma incontrolada. El sistema Sistri nunca ha llegado a completarse ni a entregarse.

Las investigaciones de la justicia napolitana en curso, centradas en el sistema Sistri, han puesto de manifiesto todo un sistema de facturas falsas y de sobrefacturación entre Selex Service Management y otras sociedades, a través de las cuales se desviaban fondos a paraísos fiscales y a cuentas suizas, en algún caso se observó que este dinero fue entregado en efectivo directamente en las oficinas de Finmeccanica. Dichos fondos estaban destinados al pago de sobornos y a la financiación de los partidos políticos italianos.

Lorenzo Borgogni abandonó Finmeccanica en 2011 por las denuncias de soborno a funcionaros hindús para asegurar la venta de 12 helicópteros valorados en 560 millones de €, según las investigaciones para conseguir el contrato el grupo industrial pagó 51 millones de €. El Gobierno de Nueva Delhi ante el escándalo, canceló dicha compra después de que la justicia india iniciara un proceso judicial por corrupción.

Lo mismo está ocurriendo en Panamá, en donde también se han vertido acusaciones de pago de sobornos a funcionarios panameños por la venta de material de defensa valorado en 250 millones de dólares. Algunos candidatos electorales plantean anular el contrato con Finmeccanica y sumarse a la investigación internacional de soborno y corrupción que se lleva a cabo en Italia.

El mercado de material de defensa mueve muchos miles de millones, en un entorno de confidencialidad y secretismo que favorece las prácticas de corrupción y soborno. Este mercado está controlado en un 90% por Estados Unidos, Rusia, La Unión Europea y China y por unas 140 empresas de los mismos. Debido a las características estratégicas del material, a los intereses político-estratégicos de dichas exportaciones, a la escasa competitividad empresarial –no más de dos o tres empresas pujan por un contrato- y al elevado valor de dichos contratos –cientos o miles de millones-, suele ser habitual que la empresa productora intente conseguir la firma del contrato sobornando a los funcionarios encargados de tomar la decisión.

Transparencia Internacional estima que el coste global de la corrupción en el sector de defensa es como mínimo de 20 mil millones de dólares al año. El mismo informe señala que solo el 10% de las empresas de armamento tienen información sobre sus propios sistemas internos de lucha contra la corrupción. Es decir, no hay mucho interés en controlar la corrupción.

El principal instrumento para luchar contra la corrupción es la transparencia. Es por ello que los gobiernos, empezando por los gobiernos de los principales exportadores de armas, deberían hacer públicas las transacciones que autorizan, deberían acabar con el secretismo, deberían publicar las armas que venden, a quien las venden y el valor de las mismas.