“Reclamamos una revisión profunda del derecho al padrón (…) Estamos construyendo un país en quiebra.” El alcalde de Vic, Albert Castells, de Jutns realizaba estas polémicas declaraciones en una entrevista la pasada semana en El Periódico. Unas declaraciones que se sumaban a todo un eco de alcaldes catalanes que en el último tiempo han convertido el derecho al padrón en el centro de una campaña xenófoba.

Los ataques al derecho de las personas migrantes a empadronarse no es algo nuevo en Cataluña, ya fue uno de los objetivos de Plataforma Per Catalunya (PxC) en la primera década de este siglo. Una organización liderada y fundada por un notorio antiguo militante de Fuerza Nueva, Josep Anglada, que supuso la  primera tentativa seria de modernización de la ultraderecha en el Estado español. Usando el catalán y basando su actividad política en la rentabilización de focos de conflictividad local, con temas como el orden público y la migración, y con un fuerte discurso islamófobo, consiguieron consolidar ciertos núcleos municipales que le reportaron los mejores resultados electorales de la ultraderecha hasta la irrupción de Vox. De hecho, Plataforma Per Catalunya tenía su epicentro político en Vic, en donde el propio Anglada fue concejal en varias legislaturas por PxC y después de superar una inhabilitación recuperó su asiento en el consistorio con la plataforma Som Identitaris, que en las últimas municipales del 2023 alcanzo dos concejales y cerca del 9% de los votos.

En 2010, en pleno auge electoral de PXC, el equipo de gobierno municipal de Vic, formado por CiU, el PSC y ERC, decidió no empadronar a ninguna persona migrante que se encontrara en situación administrativa irregular mientras no acreditara que había cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia. Una medida que se aprobó aun sabiendo que no prosperaría, al infringir el derecho y la obligación de empadronamiento que determinaba la Ley de Bases de Régimen Local de 1995.

La medida fue declarada ilegal por la justicia, confirmando que empadronar es un derecho fundamental y no una potestad discrecional del ayuntamiento para controlar la inmigración.  Pero lo importante para los partidos que la votaron no era tanto aplicarla como hacer campaña electoral con ella, incurriendo en esa suicida práctica de intentar frenar el ascenso de la extrema derecha comprando y aplicando sus propuestas. El propio Anglada aplaudió la medida de impedir el empadronamiento afirmando que: "no han tenido ninguna otra salida que darme la razón", y dándoles la "bienvenida al club de racistas y xenófobos, tal como nos acusa la gente".

Se desató toda una carrera xenófoba entre buena parte de los partidos catalanes que utilizaron el padrón y los derechos de las personas migrantes como un arma de propaganda electoral. Se llegó incluso a conseguir que varios municipios catalanes, fruto de la presión electoral de la ultraderecha, siguieran el ejemplo de Vic e intentaran negar el padrón a las personas migrantes.  Justo un año después de la polémica medida contra el empadronamiento de las personas migrantes, PxC alcanzaba los mejores resultados de su historia con sesenta y siete concejales en toda Catalunya, convirtiéndose en la segunda fuerza en Vic con el 20% de los votos.

A  medida que avanzaba el proceso soberanista catalán, la contradicción fundamental se desplaza de la amenaza externa (migrante) al espacio de disputa de la identidad (Catalunya vs España) y el principal eje de articulación de PxC entró así en declive. A partir del referéndum del 9 de noviembre del 2014 y la apertura de un proceso de referéndums a escala municipal en donde se fortalece cada vez más una dinámica de bloques, españolista y catalanista, se diluyen los discursos excluyentes contra la inmigración abriendo una dinámica inclusiva de identificación con cualquiera de los dos bloques en disputa que necesitan ampliar sus apoyos.

El independentismo ocupa así la agenda política, desplazando los temores identitarios y excluyentes de la islamofobia y dejando sin espacio a Anglada. En paralelo, se difumina el concepto excluyente de “los de fuera”, favoreciendo una definición inclusiva de la pertenencia (catalán es todo aquel que trabaja y vive en Catalunya) heredada del movimiento antifranquista.

Durante más de una década, Cataluña fue una anomalía en una Europa que giraba a la derecha. Mientras en gran parte del continente crecían fuerzas reaccionarias, xenófobas y autoritarias, en Cataluña se abría un ciclo de movilización popular que, con todas sus contradicciones, desbordaba los marcos del régimen del 78 y señalaba horizontes de ruptura canalizando el malestar social hacia un horizonte transformador. Esa brecha de excepcionalidad no solo contuvo el avance de la extrema derecha durante años, sino que desplazó los términos del debate político hacia una agenda popular, democrática y republicana.

Ese ciclo ya se cerró hace unos años. Y con su cierre, Cataluña dejo de ser excepción para convertirse en espejo. La entrada de Vox primero, y de Aliança Catalana después, confirmó el cierre del ciclo soberanista y que la política catalana ya se mueve al ritmo de la reacción europea. Hoy, el mapa catalán se parece más al del resto de Europa: giro a la derecha, un debate público contaminado de discursos nativistas e islamófobos. La apatía ha desplazado a la movilización. Parece que hubiéramos regresado al pasado, a ese inicio del siglo marcado por la irrupción de Plataforma Per Catalunya y la vuelta de Junts a la posición convergente del “no caben todos”.

Una autentica “lepenizacion de los espíritus” de Junts, que no es ajena a la propia dinámica europea de los partidos democristianos y liberales, e incluso algunos socialdemócratas, a enredarse en el debate identitario y xenófobo con un endurecimiento de sus posiciones migratorias para intentar contener la fuga de votantes hacia la extrema derecha. Una lepenización que en el caso de Junts tiene nombre: Aliança Catalana, y apellidos: Silvia Orriolls.

De hecho, una de las primeras medidas desde la llegada de Aliança Catalana al gobierno municipal de Ripoll -la ciudad más grande del Estado español en la que gobierna la extrema derecha-, fue poner en práctica una serie de dificultades y trabas burocráticas para empadronar a familias migrantes: alargar plazos, pedir más comprobaciones y derivar casos a verificación policial. Justamente, aprendiendo de la experiencia anterior, Orriols no prohíbe abiertamente el padrón para las personas migrantes sino que utiliza los medios a su alcance para dificultarlo.

Una medida que sabía que contaría con una reacción institucional contraria: la Generalitat pidió explicaciones por las trabas detectadas y del Gobierno español dio un plazo para que el ayuntamiento informara sobre su gestión. El objetivo estaba cumplido. Se genera una polémica judicial puesto que es denunciada por delitos de odio, e institucional, con el aliciente de verse enfrentada al Gobierno central. Consigue atención mediática. Tanto medios nacionales como estatales cubrieron extensamente la polémica, enfatizando el enfrentamiento con el Gobierno español, llegando el eco, incluso, hasta medios internacionales como The Guardian y lográndose viralidad en redes sociales, alimentando el algoritmo con odio

En este sentido, no es casualidad que Junts celebrara el mayo pasado su convención municipalista en Vic, una ciudad cercana a Ripoll y Olot, donde los discursos antiinmigración tienen fuerza desde hace décadas. Una convección en donde el secretario general de Junts, Jordi Turull, abrió de nuevo la carrera xenófoba contra el derecho al padrón, afirmando: que “no se podía premiar” con el empadronamiento a aquellas personas que cometieran un "acto ilegal", en referencia a la ocupación de viviendas. En esta línea, el alcalde de Junts de Figueres, Jordi Masquef, declaró que se había acabado la "barra libre" con las ayudas y el padrón no podía ser "un cheque en blanco que otorgue derechos y prestaciones al primero que pase". Y la alcaldía de Junts de Sant Vicenç de Castellet puso en marcha en 2025 una nueva ordenanza para regular el padrón municipal y así evitar "fraudes e irregularidades"

Como pudimos comprobar hace ya quince años en el caso de Vic, comprar la agenda programática de la ultraderecha solo favorece su legitimación y normalización. En este sentido, un estudio reciente del académico Lie Philip Santoso, titulado De la colaboración a la convergencia: actitudes nativistas entre los partidarios de la derecha no radical, observa que cuando un partido tradicional pacta o adopta propuestas políticas de la extrema derecha, esto lleva a que sus votantes adopten los postulados de la agenda ultra.  De hecho, el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), publicado en noviembre, muestra que Junts perderían entre 15 y 16 escaños, que irían íntegramente a parar a Aliança Catalana.

A lo largo de estos años, estamos comprobando por toda Europa cómo la verdadera victoria de la extrema derecha, así como la condición previa para su actual ascenso electoral e institucional, ha sido la normalización progresiva de su discurso. Hoy tanto el debate general como muchas políticas públicas relacionadas con la seguridad (ciudadana y fronteriza) y con la inmigración (refugio, asilo, integración, interculturalidad) están cargadas de contenidos introducidos por la extrema derecha y que hace unos años hubieran resultado impensables.

Un éxito que no se mide solo en votos, sino también y sobre todo en haber conseguido que las posiciones identitarias, excluyentes y punitivas se hayan trasladado desde la marginalidad hasta el mismo centro de la arena política, condicionando hoy buena parte del debate público. Porque cuestionando el padrón de las personas migrantes, se está cuestionando quién tiene derecho a tener derechos. Asumir el debate en sus términos, solo lleva a un callejón en donde la ultraderecha marca los contenidos y los marcos. Y en donde las personas solo pueden perder derechos.