Por Antonio Pérez, miembro de La Comuna.

Hoy por hoy, en España es mucho peor ser acusado de terrorista que de violador. En el rarísimo caso de que un condenado por terrorismo y delitos conexos salga de la cárcel en libertad provisional, estará controlado por unas medidas de seguridad que incluirán pulseras telemáticas y limitación de sus actividades públicas. En todo momento, se sabrá dónde está y, si alguno de sus simpatizantes pretende organizarle un recibimiento público, correrá el riesgo de ser detenido y encausado por apología del terrorismo. Ningún medio de comunicación se atreverá a entrevistarle y, por supuesto, nadie le pagará ni un euro aunque utilice su imagen –por supuesto, para denostarle-. Toda la atención mediática se volcará en bombásticas alabanzas sobre sus víctimas, incluso ampliando su abanico hasta la enésima generación de familiares, vecinos y gente-que-pasaba-por-ahí.

Por el contrario, la libertad concedida a los violadores de La Manada -convictos y condenados a nueve años de prisión- sólo incluye unas mínimas condiciones de control y ninguna sobre sus actividades públicas. Han obtenido esa libertad cuasi total porque el tribunal que les condenó no aprecia riesgo de fuga ni posibilidad de reincidencia delictiva. Nos vemos obligados a suponer que los jueces han entrado en las cabezas de los violadores y han descubierto que su arrepentimiento estaba escondido tras el hipotálamo o el bulbo raquídeo. Sin embargo, los datos objetivos no avalan este feroz subjetivismo puesto que la mayor parte de La Manada era reincidente cuando fueron detenidos en Pamplona. Más aún, cuatro de los cinco aguardan vista oral imputados por delitos sexuales que, antes de San Fermín 2016, habían perpetrado en Pozoblanco (Córdoba)

Por esta clamorosa falta de verdaderas medidas cautelares, de hecho, la libertad de La Manada supone la cuarta condena a la víctima: la primera fue la violación colectiva, agravada por el robo de su móvil; la segunda, la escandalosa condena por “abuso con prevalimiento”; la tercera, la puesta en libertad provisional de los violadores. Y la cuarta, el confinamiento en la Comunidad de Madrid de la víctima, único territorio español al que se limita la protección del Estado. Ahora bien, ¿qué puede pasar si este verano la víctima decide irse a una playa y la encuentra alguno de sus violadores? La Manada tiene amistades poderosas, sobre todo entre los hooligans futboleros, ¿quién nos asegura que los violadores no sugieren dentro de ese violento mundillo que algunos amigotes busquen a la víctima? Y decimos ‘la víctima’ pero lo correcto sería decir “las víctimas” puesto que todas las mujeres que caminen sobre el territorio estatal están amenazadas, sean españolas, inmigrantes o turistas. En palabras más exactas: están aterrorizadas.

Si La Manada fuera clasificada como terrorista, posiblemente hubiera sido confinada en su lugar de residencia (Sevilla) y entonces la víctima vería su libertad de movimientos ampliada a toda España. Pero ha ocurrido al revés. Asimismo, ningún medio, ninguna televisión, se les acercaría ni, aún menos, les pagaría. No les permitirían hacer a su favor ni siquiera una rifa de barrio. Pero ha ocurrido al revés: los violadores se forrarán con la explotación de su delito, serán recibidos en los estadios como si fueran héroes y se crearán clubes y peñas en su honor. Para cuando tengan que ir al juzgado de Pozoblanco, podrán ir en limusina.

Nada podemos hacer contra la arbitrariedad y la solapada misoginia de algunos jueces. Esos togados encopetados de Pamplona no querrán oír de pulseras telemáticas y menos de investigación sobre los dividendos que obtendrán los violadores y sus cómplices mediáticos explotando el morbo nacional –para la víctima, una quinta condena-. Pero, frente al Estado-Tribunal, siempre nos queda la sociedad, la gente, el pueblo soberano. Por ejemplo, cualquier ciudad o aldea, puede declarar a La Manada persona non grata y no sólo puede sino que debe proclamarlo a los cuatro vientos. Cualquier institución u organismo puede negar su apoyo –léase, subvenciones y exenciones- a las inicuas fuentes de ingreso de los medios basura y de los violadores. Sin olvidar acciones más directas, los ciudadanos, individuales o colectivos, pueden –y deben- boicotear el encanallamiento generalizado que se nos viene encima.

Recientemente, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha sacado la transexualidad de su lista de enfermedades. Ya era hora. Para completar el envite burocrático, el hueco dejado por lo trans debería ser cubierto por la misoginia puesto que el odio a la mujer es evidentemente una enfermedad. Y no es una enfermedad ‘normal’ sino mucho peor: es una pandemia, es contagiosa, prospera por la complicidad de buena parte de la Humanidad y, para remate, no se cree en su existencia. Todo ello la convierte en un agente mórbido sumamente activo y dañino que prolifera, por ejemplo, gracias a que violadores compulsivos y reincidentes como los de La Manada no hayan sido castigados como lo que realmente son, virus infecciosos especializados en ese tipo de misoginia que es la violación colectiva. O, si lo prefieren, terroristas en grado sumo.