La violencia contra las mujeres con ocasión de ser mujeres, o la violencia sufrida mayoritariamente por mujeres, no es casual ni puntual, sino estructural. Forma parte de nuestra estructura social hasta tal punto que en buena media nuestra estructura, nuestro automatismo grupal es la propia desigualdad entre hombres y mujeres, y la propia violencia de género. Así, en nuestro sistema la forma de resolver conflictos en la práctica sigue basándose en buena parte en que las mujeres pongamos por delante los intereses del grupo y aceptemos que los hombres pongan por delante sus ambiciones e intereses propios; nuestra forma colectiva de ejercer el poder sigue partiendo con frecuencia de que las mujeres nos resignemos ante un techo de cristal y seamos segundonas de grandes hombres en situaciones en las que deberíamos tener un puesto superior al de ellos, y no pocas veces en nuestro día a día somos medidas e identificadas en relación a hombres. Incluso Yolanda Díaz, candidata a presidenta del gobierno, es frecuentemente medida y vista no por el valor del proyecto que lidera, sino por su relación con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Incluso en la entrevista que le realizó un periodista tan brillante como Jordi Évole, en mi opinión ella era tratada como una mujer alrededor de esos dos hombres.

Enfrentarnos a la violencia de género es enfrentarnos a nuestra propia estructura social con la firme decisión de cambiarla esencialmente, y con la conciencia de que el reto es enorme pues ninguna persona está libre del influjo de la desigualdad y la violencia de género, ningún colectivo es ajeno a la violencia de género, y por tanto, los propios instrumentos que usamos contra la violencia de género son deficitarios para cumplir esa labor, y necesitamos ser revisados constantemente.

Por eso es especialmente imprescindible, y así lo ha recalcado la ONU, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, la aplicación de la Diligencia Debida por parte de todas las administraciones públicas, para garantizar la adopción de medidas eficaces y contundentes en la prevención de esta lacra, en la persecución de estos crímenes, y en la protección y reparación a las víctimas.

Y para que nuestras administraciones públicas sean suficientemente diligentes, uno de los requisitos más relevantes, en mi opinión, es que hemos de exigir a todos los partidos políticos que sean a su vez diligentes en esta materia empezando por mirar hacia sus propias filas. Hemos de aspirar a que los partidos políticos defiendan sin restricciones los derechos humanos y no amparen a hombres respecto de los cuales hay signos de que ejercen la violencia de género.

Al ser la violencia de género en todos los ámbitos, no solo en el de la pareja, estructural, no debe cogernos de improviso que nos lleguen noticias de una agresión sexual por parte de un miembro de un partido político a una compañera, o un acoso sexual o sexista, o un maltrato en la pareja, porque en todos los colectivos existe la desigualdad y la violencia de género. A la derecha y a la izquierda.

No basta con escuetos códigos éticos y de conductas que refieren el compromiso con la igualdad y el rechazo a la violencia de género. Es imprescindible que desde los partidos políticos se establezca la obligación formal para cada uno de sus miembros de comprometerse con las normas internacionales y nacionales contra la violencia de género, que se establezcan claras normas de tolerancia cero hacia la violencia de género en todos sus ámbitos y formas, que se difundan exhaustivamente entre sus miembros, empezando por las propias juventudes de los partidos y acabando con los propios líderes históricos; y que del mismo modo se establezcan y difundan periódicamente pautas expresas de actuación diligentes ante una sospecha o noticia de violencia de género en el interior del partido. No digo con ello que en cuanto una mujer manifieste que ha sufrido violencia de género se suspenda a un hombre de su cargo o sea apartado de las listas electorales automáticamente, o expulsado del partido, pero sí que se debe abrir una inmediata y veloz investigación interna con intervención de personas externas, especialistas e imparciales que ocasione una decisión fundamentada sobre si existen o no indicios suficientes en ese momento para adoptar medidas cautelares el partido político, o no. Y que si se llega a la conclusión de que hay indicios, se adopten medidas contundentes sea quién sea el hombre en cuestión, así como medidas que protejan de represalias a la mujer y su entorno.

Lo que no es ajustado a derecho y especialmente al derecho a la igualdad, y corrompe nuestra democracia, es que se presione a las mujeres que forman parte de los partidos políticos para que no desvelen una situación de violencia de género hasta que se terminen unas elecciones o un mandato, o que no lo hagan nunca, porque perjudicaría al partido. El silencio cómplice perjudica a todas las mujeres y a nuestra sociedad en su conjunto, pues dificulta el avance en la erradicación de esta lacra.

Ya está bien de que las mujeres tengamos que sacrificar nuestros derechos por el interés del grupo en beneficio de agresores. ¿Acaso no pueden los partidos políticos prever que situaciones así se van a dar, organizar un sistema de respuesta garantista para las dos partes, darlo a conocer y hacerlo accesible? Se puede y de debe hacer.

La ley del silencio que perpetúa la violencia de género debe romperse eficazmente desde los partidos políticos para que pueda romperse desde las administraciones públicas. Las elecciones son un buen momento para encarar la violencia de género desde dentro y para explicar a la ciudadanía el sistema interno del partido contra la violencia de género. ¿A qué están esperando?