La violencia sigue siendo una herramienta de gestión común en las empresas

Ahora que volvemos de las vacaciones, es un buen momento para cuestionarse los entornos laborales en los que trabajamos y preguntarnos hasta qué punto hemos normalizado ciertas dinámicas que dañan nuestra salud.

Las relaciones interpersonales en cualquier ámbito social, tal y como las conocemos, llevan implícitas potencialmente ciertas dosis de violencia, ya se presente de forma física o no. El ámbito laboral, diseñado en torno a ciertas jerarquías de dominación, es uno de los escenarios donde se manifiestan estos episodios de agresividad más o menos explícitos, dada la confluencia que en ellos aparecen de relaciones sociales internas (dentro de la propia organización empresarial, horizontales y verticales) y externas (respecto a personas usuarias del servicio, por ejemplo). Ni que decir tiene que las distintas sociedades se estructuran simbólica y normativamente para intentar evitar que estos procesos de enfrentamiento entre personas o grupos sociales sean desintegradores socialmente. Podríamos decir que en cada contexto social, en cada época histórica, se aceptaría implícitamente unos ciertos niveles y formas de violencia.

Definir qué es o no una acción violenta en el ámbito laboral no es tarea fácil. En su expresión visible e inmediata, podríamos caracterizarla como aquel "comportamiento deliberado, aislado o repetido, que tenga un objeto o efecto intimidatorio que dañe la integridad física o psicológica de quien la recibe, durante el trabajo o como consecuencia del mismo". Esta definición también delimita, en cierto sentido, el nivel de violencia socialmente aceptada: aquella que, desde la perspectiva subjetiva de la víctima, no dañe su integridad física o psicológica. Esto supone que existen unas dinámicas violentas consentidas por el conjunto social, y cuyos efectos nocivos, o bien se invisibilizan, o bien se individualizan y normalizan. 

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De hecho, en el ámbito laboral, las potenciales víctimas ya partirían de un cierto nivel de aceptación interiorizado de violencia, a través del propio proceso de socialización, tanto primario, como es la familia, como secundario, al que pertenece el ámbito educativo o el entorno laboral. Dicho de otra forma, lo que consideramos o no violencia requiere una acción (física o psicológica) intimidatoria, pero, sobre todo, una percepción subjetiva de ser objeto de violencia y, como consecuencia de la misma, ser conscientes del efecto en la salud y el bienestar como persona violentada.

Una reciente encuesta realizada por la Fundación 1 de Mayo de CCOO, representativa de la población asalariada española, nos muestra que prácticamente tres millones de trabajadoras y trabajadores señalan haber sufrido violencia laboral, afectando principalmente a mujeres y personas jóvenes. En este último caso, prácticamente una de cada cuatro personas jóvenes (18-24 años) dice haber sufrido violencia, si bien estos porcentajes se reducen notablemente conforme aumenta la edad en los hombres, no siendo así entre las mujeres, que sufren mayores niveles de violencia a lo largo de su vida laboral. Estos datos sugieren que las mujeres y las personas jóvenes que, como sabemos, pueblan los trabajos más precarios y cuyo poder de negociación es más limitado, son las víctimas propicias a convivir laboralmente en entornos violentos.

Si añadimos a estos datos aquellas personas que señalan haber presenciado actos de violencia en su trabajo, el resultado es, si cabe, más preocupante: prácticamente una de cada tres personas señala haber sufrido o presenciado actos de violencia física, verbal o simbólica, en el trabajo, es decir, 5,9 millones de personas.

Que, como hemos señalado, la violencia sea más explícita durante los primeros años en el entorno laboral viene a resaltar que el proceso de socialización en el ámbito laboral utiliza de forma habitual la violencia como mecanismo disciplinario de integración. Esto debería hacernos reflexionar sobre si, realmente, podemos hablar malintencionadamente de una "generación de cristal" que, habiéndose educado en valores y prácticas más democráticas y saludables, se ve expuesta a situaciones de violencia que no entienden ni comparten, y que no están dispuestos o dispuestas a asumir. Esto nos lleva a pensar que, con toda seguridad, dado el volumen de personas afectadas, una parte de las bajas laborales que asolan a las personas más jóvenes tengan su causa también en los entornos laborales cuyo diseño organizativo y condiciones laborales pueden calificarse como hostiles.

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Por sectores, aparecen en primer lugar el sector sanitario y de atención social, el comercio minorista y la hostelería, y el sector educativo, donde entre el 36 y 39% de su fuerza laboral está expuesta a entornos laborales violentos. Son las actividades de atención a las personas las que concentrarían, por lo tanto, la mayor probabilidad de sufrir o presenciar actos de violencia de distinto tipo. Y, como veremos, no es por el hecho de ser sectores donde el contacto con personas ajenas a la empresa es más habitual, sino porque en ellos concurren los diferentes tipos de violencia: la violencia interna (horizontal o vertical), y la violencia externa (con clientes, usuarios o proveedores).

La mayoría de personas (4 de cada 5) reporta episodios de violencia verbal, simbólica o aislamiento social, si bien casi 1 de cada 4 ha registrado violencia física, esto es, el uso de la fuerza física como mecanismo de intimidación, lo que no es un dato menor. Del mismo modo, la mayor parte de la violencia en términos cuantitativos se produce entre compañeras y compañeros, si bien, la reiteración de la violencia es más propia de la relación jerárquica, prácticamente al mismo nivel que aquella que deriva de la violencia con personas usuarias del servicio. Es decir, la mayor parte de la violencia observada deriva de un marco organizativo, empresarial, que, cuanto menos, dinamiza y es permisivo con estos comportamientos agresivos.

Los efectos en la salud son abrumadores: el 60% de las víctimas por violencia señalan efectos graves en la salud mental; entre el 40% y el 50% de las personas afectadas por actos de violencia señalan problemas de sueño, dificultades de relación entre compañeros y compañeras, una menor eficiencia en el desarrollo de su trabajo, problemas de salud física, aislamiento en el entorno laboral e incluso problemas para mantener la relación laboral; del mismo modo, prácticamente un 30% de las personas que han sufrido violencia señalan posibles efectos negativos en su relación laboral. Como es evidente, todos estos aspectos se entremezclan, generando un caldo de cultivo propicio para el deterioro físico, psicológico y social de la persona violentada. 

Las mujeres, que, como hemos señalado, sufren una violencia estructural, reportan efectos más graves, especialmente en la continuidad en el empleo (valorando su abandono), lo que permite entender el papel de la violencia laboral como vector de exclusión en una sociedad en la que el salario limita las posibilidades de participación social. Por cierto, prácticamente un tercio de las mujeres que trabajan en entornos laborales hostiles registran episodios de violencia sexual en los mismos.

Cabe señalar que, en el 56,3% de los casos, la violencia laboral no es sancionada mediante la apertura de un expediente disciplinario. El apoyo que reciben las víctimas de violencia viene, principalmente, de familiares o compañeras y compañeros de trabajo, no de las jerarquías superiores de la empresa. Este hecho denota la permisividad de las direcciones de las empresas ante estos actos, así como la importancia que tiene para la víctima el apoyo social, esencialmente ajeno a los mandos empresariales, para amortiguar los distintos efectos por sufrir violencia. De hecho, las medidas más habituales por parte de las empresas atienden a los actos de violencia externa, relacionadas con medidas de seguridad (mamparas, controles de acceso, vigilancia privada…) que, según las personas encuestadas, no son eficaces si el conflicto, como parecen señalar los datos, proviene de las condiciones en las que se gestiona el trabajo en la empresa.

En resumen, en el Estado español, la violencia física, verbal o simbólica, sigue siendo una herramienta de gestión de la mano de obra por parte de los y las empresarias. Esta violencia genera un daño en la salud y el bienestar de los y las trabajadoras no siempre explícito ni reconocido. Estos marcos laborales violentos conllevan el aislamiento de las personas trabajadoras que lo padecen (o incluso que lo presencian) que, en muchas ocasiones, se ven obligadas al abandono del puesto de trabajo para salvaguardar su salud. Estos actos de conflictividad horizontal, vertical o incluso de servicio (con clientela, usuarios/as…) son alentados por una organización del trabajo y unas políticas de gestión de la mano de obra poco participativas, transparentes y democráticas que, lejos de abordar esta problemática, contribuyen a alimentarla.