El fracaso del esquema europeo de reparto obligatorio de demandantes de asilo para afrontar la crisis migratoria de 2015 y el hecho de que la casi totalidad de los llegados a territorio europeo lo hicieron irregularmente, pone en evidencia no solo la crisis de solidaridad en la UE, sino la ausencia de un marco jurídico que ofrezca unas vías seguras de acceso para aliviar el coste humanitario. Este fracaso colectivo de la UE provoca no solo un número insoportable de muertes, sino que financia indirectamente al crimen organizado que se alimenta del tráfico de migrantes. También supone un descomunal esfuerzo financiero en medidas de seguridad y fortalecimiento de fronteras exteriores y por ende, el lucro de una voraz industria del control migratorio.

Este fracaso colectivo de la UE provoca no sólo un número insoportable de muertes, sino que financia indirectamente al crimen organizado que se alimenta del tráfico de migrantes.

Los mecanismos que activan el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) tienen un enfoque territorial, por lo que la falta de rutas legales de entrada obliga de manera irremediable al demandante de asilo a acceder ilegalmente a territorio europeo para presentar su demanda y, por tanto, a arriesgar su vida y caer en las redes de traficantes. La ironía es que mientras la Unión europea promueve la externalización de la gestión migratoria, esa extraterritorialidad aplicada al cumplimiento de los deberes de protección de derechos humanos, como sería el visado humanitario, no le interesa, convirtiendo su aplicación en una quimera.

Un visado humanitario europeo garantizaría una entrada segura para aquellas personas que necesitan protección internacional, ya que permitiría solicitar a través de la representación diplomática o consular de un Estado miembro en un país tercero, un visado por un tiempo limitado y con el fin exclusivo de acceder al territorio europeo para completar el procedimiento de solicitud de asilo.

Un visado humanitario europeo garantizaría una entrada segura para aquellas personas que necesitan protección internacional. Los padres de Aylan Kurdi trataron de solicitar asilo en Canadá a través de sus embajadas, pero tuvieron que optar por jugarse la vida ante la imposibilidad de un acceso seguro.

Tras la catástrofe migratoria de 2015 y como reacción a los llamamientos de ACNUR y la comunidad internacional, la Comisión europea propuso la refundación del Código europeo de Visados y la creación de alternativas seguras y legales para la migración legal. Pero el recorrido legislativo del visado humanitario ha sido arduo y estéril en su intento de integrarse en la actual reforma del Código comunitario sobre visados debido a la polarización en el Consejo, el desacuerdo interinstitucional sobre las enmiendas y la puntilla del fallo de 7 de marzo de 2017 del Tribunal Europeo de Justicia. Este Tribunal, desoyendo la opinión del Abogado General Mengozzi, dictaminó que los Estados miembros no estaban obligados, en virtud del Derecho de la Unión, a expedir un visado humanitario, pero si eran libres de hacerlo de acuerdo al derecho nacional. Mengozzi, por el contrario, apoyaba la obligatoriedad de la concesión de visados humanitarios si existían razones serias y fundadas de que su denegación pudiera exponer a los solicitantes a la tortura o a tratos inhumanos o degradantes.

Ante este estancamiento político, en junio de este año, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) presentó un informe de iniciativa legislativa con el fin de regular esta figura a nivel europeo.

Este proyecto, cuyo ponente es el socialista Fernando López-Aguilar, insta a la Comisión Europea a que proponga un Reglamento específico antes de marzo de 2019, lo que supondría que su tramitación quedaría en manos del parlamento entrante tras las elecciones de mayo.

Este mes de septiembre se cumplen tres años desde que el cuerpecito sin vida de Aylan Kurdi golpeó nuestras conciencias. Sus padres trataron de solicitar asilo en Canadá a través de sus embajadas, pero tuvieron que optar por jugarse la vida ante la imposibilidad de un acceso seguro.

Desde la Fundación porCausa, defendemos que, si se trata de proteger y acoger, la respuesta no está en el cierre de fronteras, sino en crear vías legales a través de cuotas obligatorias, visados humanitarios o solicitudes en origen, por lo que la iniciativa de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo nos parece una excelente noticia.

A partir de ahí, se habrá de buscar un enfoque político más amplio para gobernar un fenómeno que va infinitamente más allá del desplazamiento forzoso y que afecta a la libertad de movimiento, una práctica humana natural y ancestral.