La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. La propia Constitución española, en su artículo 47, establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Vamos, una peli de ciencia ficción con muy poca gracia y que nada tiene que ver con la realidad.

Una desagradable realidad que comienza con un señor mazado con bigote y cierto acento tejano. Porque, aunque no te lo creas, fue Aznar uno de los artífices que decidió que el Estado español no sería un actor tan activo como lo es en la mayoría de los países de nuestro entorno a la hora de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda cuando, en 1998, aprobó la conocida como Ley del Suelo. ¿Objetivo? Que las personas jóvenes pudieran acceder a la compra de una vivienda. ¿Cómo? Privatizando el terreno urbanizable para convertirlo en un negocio rentable, donde empresarios —movidos por el dinero y a quienes les da exactamente igual que las personas jóvenes puedan acceder a una vivienda— puedan obtener grandes beneficios para que así construyan muchas viviendas.

En su cabeza era espectacular. Porque al incrementar la oferta, y según las sacrosantas reglas del mercado, bajaría el precio. Nada puede salir mal, decían, es de primero de economía. Sin embargo, los hechos no siguieron el patrón grabado a fuego en todas y cada una de las facultades de economía. Los precios se dispararon. En 1998, año de aprobación de la Ley del Suelo, el precio medio de la vivienda nueva en España era de 1.089€/m2; para 2002 ya había ascendido hasta los 1.667€/m2; para 2005, hasta los 2.516€/m2; y en 2007, hasta los 2.905€/m2. Es decir, el precio medio de la vivienda aumentó un 167% en tan solo una década. El mercado inmobiliario pedía fiesta, dopado con una enorme expansión del crédito. Tanto es así, que en el año 2005 España construía más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Pero tras el subidón, llegó el bajón y la burbuja no tardó en explotar con consecuencias dramáticas que todos y todas conocemos.

¿Por qué esta necesidad en explicar lo que supusieron las políticas de Aznar? Porque considero que es imprescindible que, a la hora de analizar el problema de la vivienda, tengamos en cuenta que el panorama actual es consecuencia directa de las políticas económicas llevadas a cabo entre 1998 y 2007. O, mejor dicho, de la falta de ellas. Como resultado, nos encontramos, por ejemplo, que España es uno de los países con menor porcentaje de viviendas en alquiler social. Mientras Países Bajos destina a alquiler social un 37,7% del total de las viviendas, Austria un 23,6%, Dinamarca un 21,2%, Francia un 14% o Irlanda un 12,7%, España tan solo destina un 1,1% del total. Menos de una quinta parte que la media de los países pertenecientes a la OCDE.

El panorama no es muy alentador, desde luego. Menos aún si se realiza un pequeño análisis del mercado laboral español, impregnado de precariedad que golpea especialmente a las personas jóvenes. Como consecuencia, nos adentramos en un bucle perverso del que salir se ha convertido en misión casi imposible —a no ser que heredes una casa, claro. Vayamos por partes:

1. Casi la mitad de los trabajadores menores de 30 años cobra menos que el SMI y los salarios de las personas jóvenes se sitúan al nivel del año 1999.

2. En 1988 se necesitaban 2,8 años de rentas para comprar una vivienda, actualmente se necesitan las rentas de más de 7 años.

3. La pandemia lo ha recrudecido todo. Para pagar la entrada a una hipoteca —20% del valor de la vivienda—, en 2020 una familia necesitaba los ahorros de 8,3 años. En 2022, los de 13,5 años. La entrada media de un piso en Gipuzkoa, la provincia más cara, asciende a 58.600€, 52.400€ en Madrid y 47.700€ en Barcelona. Conclusión: sin ahorro, o ayuda familiar, no hay vivienda en propiedad.

4. La solución, por tanto, parece que pasa por el alquiler. Descartamos el alquiler social, que brilla por su ausencia en el país del rentismo inmobiliario —una de cada tres viviendas registradas en España desde 2015 pertenece a grandes propietarios. Vayamos, pues, al mercado libre, donde desde 2008 los alquileres han incrementado ocho veces más que los salarios de las personas jóvenes. Si atendemos a los datos ofrecidos en 2022 por el Consejo de la Juventud de España, mientras que una persona joven solo puede asumir un alquiler de 320€ de media sin caer en el sobreendeudamiento, a finales de 2021 el precio medio del alquiler de una vivienda ascendía a 848€. Es decir, si una persona joven quiere emanciparse en solitario debería destinar el 79,2% de su sueldo al alquiler.

5. ¡Las cañas!, dirá alguna. Bueno, relajémonos. Si consideramos, para hacer los cálculos de forma sencilla, que el precio de una caña está a 2€, para pagar un piso en Gipuzkoa deberíamos dejar de tomar, de media, 146.600 cañas, en Illes Balears, 132.410 cañas, en Madrid 130.995 cañas, en Barcelona 119.430 cañas y en Málaga 100.000 cañas. Muchas cañas. Y de Netflix no hago ni las cuentas, porque no tengo vidas para ver tantas series.

Así que, paradójicamente, emanciparse sitúa a las personas jóvenes en una situación económica más precaria y con mayor riesgo de estar en situación de pobreza. Quizá por eso España es el sexto país por la cola con la edad de emancipación más tardía de Europa. La edad media de emancipación en la UE-27 es de 26,2 años, mientras que en España es de 29,8 años. Y si miramos países con políticas fuertes dirigidas a las personas jóvenes, como pueden ser Suecia, Finlandia o Dinamarca, observamos que la edad de emancipación se sitúa entre los 19 y los 21 años.

Estamos inmersos en bucle perverso: vivimos de alquiler porque no tenemos ahorros suficientes para comprar una vivienda lo que, a su vez y con sus precios desorbitantes, se come una gran parte de nuestro salario impidiendo que ahorremos y juntemos el dinero necesario para poder comprarnos una vivienda. Es necesario poner límites a la especulación de la vivienda. Según el Banco de España, el 48,7% de los españoles que vivían en alquiler en 2020 se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social —el porcentaje más elevado de toda la Unión Europea.

Las personas jóvenes tan solo necesitan salarios decentes y viviendas con precios asequibles que puedan pagarlos con los salarios que cobran. Lo que no necesitan, desde luego, es un bono de 250€ para pagar el alquiler —que va directamente al bolsillo de los propietarios. Desgraciadamente, se ha permitido que la vivienda pasara de tener un valor puramente de uso a ser la forma en la que las familias invertían sus ahorros para, finalmente, acabar convirtiéndose en un bien sobre el que especular. Resulta decepcionante observar lo clara que es la Constitución a este respecto y qué poco caso le hacen los “patriotas constitucionalistas” que la utilizan día sí y día también como arma arrojadiza. Al final va a ser que, como decía el exministro socialista José Luis Ábalos, “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica”. Aunque sea frustrante que se priorice su faceta de bien de mercado frente a la de derecho.