En estos días, resulta complicado no caer en la tentación de dedicar esta columna a alguno de los mil frentes generados en torno a la cuestión catalana que, más allá de denominarla "desafío independentista" deberíamos comenzar a llamarla "crisis de modelo de Estado", porque Catalunya sólo es un síntoma, como apuntaba en el artículo de ayer.

A pesar de lo complicado de eludir esta tentación, lo haré movido por la contradicción en que caen tanto Gobierno como Partido Popular (PP). Todos sus miembros con cargo no hacen más que reiterar la importancia de volver a la legalidad pero, ¿cuál es su concepto de legalidad?

El último informe de la fiscal Concepción Sabadell, a cargo del jucio por el caso Gürtel, es demoledor, asegurando que esta trama convirtió en un "modo de vida" los sobornos continuados a cargos públicos del PP. ¿Es es la legalidad a la que le gustaría volver al Gobierno de Mariano Rajoy?

Desde la Fiscalía aseguran que cuentan con pruebas suficientes para condenar a nada menos que 37 acusados, con Francisco Correa a la cabeza, para el que se pide la máxima pena de 125 años de prisión. El extesorero, Luis Bárcenas, tampoco parece que se irá de rositas, pues para él se solicitan 39 años de prisión.

A Sabadell no parece tener la menor duda de que esta organización fue "constituida para delinquir", sobornando a los cargos públicos del PP con comisiones del tres o el cuatro por ciento a cambio de adjudicaciones. El informe final es contundente al asegurar que los acusados "esquilmaron arcas publicas". Además, el informe de la Fiscalía concluye también que la trama Gürtel contribuyó positivamente a la financiación ilegal el Partido Popular.

Con este panorama, Rajoy y sus secuaces deben de sentirse afortunados de que la cuestión catalana se haya convertido en la mejor cortina de humo para desviar la atención sobre la trama que hace tambalear los cimientos de la misma sede de Génova. Sin embargo, nuestra labor como periodistas es tratar de impedir que esto suceda, marcándonos como meta que ustedes, lector@s, sepan que las acepciones de "legalidad" para algunas personas trascienden las que se recoge la Real Academia de la Lengua.

En este punto, cabe preguntarse: ¿es legítimo que reclame volver a la legalidad quien puede llevar años moviéndose fuera de ella?