Ha tenido que arder buena parte del país, durante la peor ola de calor padecida desde que se tienen registros, para que una porción de la ciudadanía haya resucitado un debate que regresa de tanto en tanto a nuestro inconsciente colectivo: ¿hay que regresar a los pueblos? Anhelo de cientos de miles de migrantes que protagonizaron, al menos desde la década de 1960, aquello que vino a llamarse "éxodo rural", y fuente inagotable de memoria en quienes nunca acabamos de desvincularnos de esos enclaves donde radican nuestros orígenes. El pueblo se ha convertido en una suerte de eslogan publicitario en tiempos de crisis (también durante la pandemia se reivindicó), entre cuyos vericuetos semánticos hallamos mucha mitología, pero también verdades iluminadoras. El mío, Castro del Río (Córdoba) —por ejemplo—, vio morir a mis abuelos en una plenitud que quizá solo habrían podido experimentar allí: cuidados por los vecinos y la familia; atendidos por un personal médico excelente que, en ocasiones, no dudaba en desplazarse a su casa; y tratados humanamente después en una residencia donde las empleadas integran extensas dotes de profesionalidad con redes afectivas de años, no vivieron el maltrato ni el abandono que a veces se produce en las grandes ciudades. Sin embargo, sé que esta imagen idílica, al hilo de los incendios, esconde algunas carencias.  

La primera, por supuesto, es medioambiental. Nuestros pueblos se han transformado en depósitos alimentarios, mineros y energéticos para unas urbes depredadoras que reclaman suministros diarios. Las centrales nucleares, las plantas de biogás que quieren instalarse o gran parte de la infraestructura de renovables ocupan zonas rurales que sufren o sufrirán las consecuencias de todo ello. La minería de litio proyectada fundamentalmente en Extremadura también busca núcleos reducidos de población, al igual que lo hace una ubicua agricultura mecanizada, bien servida de sustancias químicas, y la proliferación de macrogranjas que contamina pantanos y acuíferos. A cambio, se han ido eliminando servicios públicos que van dejando a la gente en una situación de desatención prolongada: faltan centros educativos y personal sanitario; se han cerrado líneas ferroviarias que antaño satisfacían necesidades de transporte ahora sin cubrir; es más, si mis abuelos hubiesen estado vivos este 2025, se habrían llevado las manos a la cabeza al comprobar que su centro de salud cierra por las tardes en verano.  

No se puede fomentar una mudanza demográfica a unas tierras sin pediatras ni cajero, en las que, además, depender del coche para todo contradice las mejoras ecológicas que se pretenden. Resulta que querer vivir en un pueblo no implica poder sobrevivir en él; en otras palabras: a la intención benevolente debe acompañarle un conjunto de políticas públicas y eso, a día de hoy, no se está ejecutando. Al contrario, más bien se está favoreciendo una noción infantilizada de locus amoenus que impulse un turismo rural tantas veces irrespetuoso con los lugareños –privados de sus servicios de urgencias, sin la plantilla reforzada; confrontados por la basura, el ruido o las quejas de quienes odian oír gallos o las campanas de una iglesia repicando–; un aparente edén compatible con la noción colonialista de tierra de sacrificio. Pero ni de los ríos contaminados brotan las ninfas de Garcilaso, ni la población rural está predestinada a ejercer exclusivamente de proveedora de comida o electricidad mientras observa cómo se desmantela su ya precario estado del bienestar.

Y si se trata de luchar contra el fuego –cosa que muchos de los habitantes de estas zonas han hecho con sus propias manos, a falta de estrategias y medios de prevención y extinción autonómicos–, entonces se deberá hablar de algo más que de aumentar la ganadería extensiva. Entre los mecanismos para evitar catástrofes como las que estos días nos han sobrecogido se encuentran el rewilding o resilvestrización, la introducción de especies animales y vegetales autóctonas en los territorios y la reformulación de unas ciudades que, una vez reverdecidas y estructuradas en pequeñas comunidades energéticas, dependerían menos del campo. Finalmente, se añade a la paleta de posibles soluciones combinables el teletrabajo. Esa recomendación popularizada por la Agencia Internacional de la Energía cuando comenzó la guerra en Ucrania (2022) podría incitar a algunos a mudarse a unos pueblos donde gozar de mejor calidad de vida y, posiblemente, mitigar el problema de la vivienda. Pero, de nuevo, trasladarse con un portátil y cantidades ingentes de ilusión, si falta todo lo demás, desemboca en la tiranía del vehículo privado.

Hace no tanto tiempo, yo también quería volver a mi pueblo. Su belleza es incomparable con la de otros rincones de España (porque es una belleza, hasta cierto punto, sentimental); su gente es amable, cariñosa, conservo amigos y familiares muy queridos; habría podido disfrutar de una casa amplia y cómoda con poco gasto. Pero los frecuentes viajes de mi profesión y algo tan simple como la falta de librerías (y ahora de centro de salud estival) me colocaron en la capital de la provincia. No obstante, reavivar esta conversación quizá sirva para darnos cuenta de la deuda ancestral que tenemos con los espacios rurales y la urgencia de una política acorde a sus necesidades.