El debate sobre un ejército europeo reaparece cíclicamente en la historia de la integración europea, casi siempre asociado a momentos de crisis, de inestabilidad internacional o de repliegue del aliado estadounidense. No es una idea nueva, ni mucho menos, pues forma parte del ADN político del proyecto europeo desde sus orígenes, aunque nunca haya logrado materializarse plenamente. Su recurrencia dice tanto de las aspiraciones europeas como de sus límites estructurales.

La primera tentativa formal de crear una defensa común se remonta a comienzos de los años cincuenta, con la Comunidad Europea de Defensa. En plena Guerra Fría, el objetivo era integrar a la recién creada República Federal Alemana en un marco militar europeo que permitiera su rearme sin devolverle una soberanía militar completa. El proyecto fracasó en 1954 por la negativa del Parlamento francés, pero dejó una huella profunda ya que desde entonces, la defensa se convirtió en uno de los grandes “agujeros negros” de la integración, siempre presente en el discurso, pero ausente en la práctica.

En este sentido, la idea ha reaparecido bajo múltiples formatos: cooperación estructurada permanente, política común de seguridad y defensa, grupos de combate, misiones civiles y militares… todas ellas fórmulas intermedias que reflejan una tensión constante entre dos impulsos que oscilan entre la voluntad de avanzar hacia una defensa europea y la resistencia de los Estados a ceder soberanía en uno de los ámbitos más sensibles del poder político.

Esa tensión ha cristalizado históricamente en dos grandes posiciones. Por un lado, quienes han defendido reforzar la “pata europea” de la OTAN, es decir, aumentar las capacidades militares de los Estados europeos dentro del marco atlántico, sin cuestionar el liderazgo estadounidense ni la arquitectura existente. Por otro, quienes han planteado la necesidad de construir una defensa genuinamente europea, con estructuras propias, autonomía de decisión y, en último término, capacidad de actuación independiente.

Durante décadas, la primera posición fue claramente hegemónica. La OTAN no solo proporcionaba seguridad, sino también una coartada política perfecta puesto que permitía a Europa evitar el coste —material y simbólico— de construir una soberanía militar propia. La dependencia de Estados Unidos era asumida como un mal menor, o incluso como una ventaja estratégica. En ese contexto, hablar de ejército europeo era, en el mejor de los casos, una aspiración lejana; en el peor, una ingenuidad federalista.

Las dificultades para materializar esta idea son conocidas. No se trata solo de problemas técnicos o presupuestarios, sino de obstáculos profundamente político que incluyen divergencias estratégicas entre Estados, culturas militares distintas, ausencia de una política exterior común, falta de legitimidad democrática para el uso de la fuerza a escala europea y, sobre todo, inexistencia de un demos europeo capaz de sostener un proyecto de soberanía compartida en materia de defensa. Un ejército no es solo una suma de soldados; es una expresión directa de comunidad política.

Sin embargo, algo ha cambiado de forma cualitativa en los últimos meses. Las preguntas ya no son si es necesario reforzar la pata europea de la OTAN o si conviene, en abstracto, avanzar hacia un ejército europeo. La crisis transatlántica ha desplazado el eje del debate y ahora cada vez más voces plantean abiertamente la creación de un ejército europeo al margen de la OTAN, una idea que hace apenas un año muy pocos se atrevían siquiera a verbalizar en el espacio público.

La paradoja es evidente. Si Vladímir Putin consiguió, con la invasión de Ucrania, revitalizar y reforzar a la OTAN como alianza militar, Donald Trump está operando en sentido inverso. Su cuestionamiento sistemático del compromiso estadounidense con la defensa europea, su retórica transaccional y su concepción unilateral de las alianzas han erosionado uno de los pilares fundamentales del orden de seguridad europeo de las últimas siete décadas. No se trata solo de una figura concreta, sino de un síntoma más profundo de que Estados Unidos ya no garantiza de forma incuestionable la estabilidad estratégica de la UE.

En este contexto se inscriben algunas de las propuestas recientes que emergen desde Bruselas. Las iniciativas impulsadas por el comisario Andrius Kubilius, orientadas a reforzar las capacidades industriales y militares propias, reducir dependencias tecnológicas y avanzar hacia una base estratégica común, reflejan un cambio de tono significativo. Ya no se habla solo de complementar la OTAN, sino de prepararse para escenarios en los que la UE tenga que actuar sola.

Lo relevante es que estas propuestas empiezan a ser tomadas en serio por actores que hasta hace poco se mostraban abiertamente reticentes. Países como Alemania, tradicionalmente prudentes, por no decir abiertamente hostiles, en materia de integración militar, comienzan a revisar sus posiciones ante un entorno que perciben como estructuralmente más inestable. Incluso dentro de los marcos atlánticos, la idea de una mayor autonomía europea deja de verse como una amenaza y empieza a interpretarse como una necesidad funcional, casi como una condición de supervivencia política.

España, en este nuevo escenario, se ha situado a la cabeza de quienes defienden sin ambigüedades la necesidad de abrir este debate. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no solo ha planteado la conveniencia de avanzar hacia un ejército europeo, sino que ha vinculado explícitamente esta cuestión con la necesidad de profundizar en el proyecto político europeo. Su planteamiento es revelador puesto que no se trata únicamente de seguridad, sino de soberanía, de capacidad de decisión y, en última instancia, de existencia política de la Unión como actor global.

El detonante más reciente de esta aceleración discursiva ha sido la crisis en torno a Groenlandia. La posibilidad —impensable hace apenas unos meses— de una amenaza directa sobre un territorio vinculado a un Estado miembro de la UE ha activado una sucesión de discursos y propuestas que revelan hasta qué punto han saltado por los aires las certezas estratégicas de los últimos setenta años. La seguridad europea ya no puede darse por garantizada por defecto; debe ser pensada, construida y asumida como responsabilidad propia.

Lo que se ha ido por el desagüe no es solo un modelo de alianzas, sino una forma de entender el lugar de los europeos en el mundo. La idea de una Europa posthistórica, protegida, normativamente poderosa pero estratégicamente dependiente, ha quedado obsoleta. El momento actual es, en muchos sentidos, un tiempo de nuevos comienzos. La cuestión es por dónde empezar.

Y aquí emerge la pregunta política fundamental: ¿debe la creación de un ejército europeo ser el primer paso de ese nuevo ciclo histórico? ¿O corre el riesgo de convertirse en un atajo tecnocrático que sustituya al verdadero problema de fondo, que es la ausencia de una comunidad política europea plenamente constituida?

La autonomía estratégica no es, en esencia, un problema militar, sino político. Incluye capacidades industriales, energéticas, tecnológicas, económicas y, sobre todo, una voluntad colectiva de actuar en común. Pensar que el ejército es el punto de partida puede invertir el orden lógico del proceso. Antes que soldados, Europa necesita intereses comunes; antes que cuarteles generales, necesita un espacio público compartido; antes que capacidad coercitiva, necesita legitimidad política.

Quizá, en este sentido, el ejército europeo sea más un síntoma que una solución, el síntoma de una Unión que empieza a tomarse en serio a sí misma como actor político, pero que todavía no ha resuelto sus dilemas fundamentales de identidad, soberanía y demos. Como en todo proceso de construcción política, avanzar hacia una comunidad política europea es probablemente más urgente —y más difícil— que diseñar una estructura militar común.

El riesgo no es debatir demasiado pronto sobre un ejército europeo, sino hacerlo sin haber respondido antes a la pregunta esencial: ¿quién es ese “nosotros” europeo al que, en última instancia, habría que defender? ¿y qué valores y cómo quiere defenderlos? Sin respuestas a todas estas preguntas será complicado salir de la encrucijada. Hay quienes ya tienen su línea estratégica lista, las derechas y las extremas derechas, ¿qué piensa el resto?