El efecto bumerán de la amnistía

El 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará su sentencia sobre la ley de amnistía del Gobierno para determinar, por un lado, si los gastos del procés en Catalunya pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión, una responsabilidad contable que reacería, entre otros, sobre los presidents Mas y Puigdemont, según mantiene el Tribunal de Cuentas en consonancia con el Alto Tribunal, que se niega a aplicar la amnistía al líder de Junts. Por otro lado, el TJUE se pronunciará sobre si el olvido (la amnistía) de los delitos de terrorismo por los que fueron condenados 12 miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República, está acorde con la normativa comunitaria, como plantea la Audiencia Nacional.

El abogado general ya respaldó hace siete meses esta ley del Gobierno PSOE-Sumar que provocó el rechazo feroz de derecha y ultraderecha políticas, manifestaciones con gritos e insultos contra Pedro Sánchez y, sobre todo, Carles Puigdemont, a quien se llegó a llamar "terrorista"; concentraciones diarias y violentas en la puerta de la sede nacional del PSOE, rezos y vigilias para salvar a España, y hasta una manifestación de jueces metidos en sus togas cuando la ley no estaba siquiera presentada en Consejo de Ministros. El malestar generado por una norma que se incluía en el paquete de negociación de la investidura de Sánchez con ERC y Junts, respaldados por Sumar, Bildu, PNV y Podemos llegó a incomodar a un sector del PSOE que nunca la vio con buenos ojos, aunque acabaron tragando. 

La aplicación de la ley, sin embargo, aún mantiene a Puigdemont viviendo en Waterloo y a Junqueras inhabilitado gracias a la traca final de un Supremo empeñado en mantener una delito de malversación por vía institucional interpuesta, o algo así, para no amnistiar a los líderes de Junts y ERC y marcar el paso al Legislativo, al Ejecutivo y a quien haga falta. Desde que el Gobierno de Rajoy depositó en el Supremo la pelota política, incapaz como se vio el entonces presidente de negociar con el independentismo catalán mayoritario en el Parlament, el Alto Tribunal se encuentra muy a gusto con ella y no parece que quiera soltarla. Veremos cómo respira con la sentencia europea que se prevé favorable a la ley.

Este fin de semana, no obstante, el Partido Popular ha puesto todas sus cartas boca arriba, o las pocas que le quedaban sobre su nueva relación con Junts. En el XVI Congreso del PP catalán que reeligió presidente a Alejandro Fernández, Alberto Núñez Feijóo sacó pecho por haber ido de la mano de Junts y de Vox en el Congreso para aprobar la moción que pedía a Sánchez someterse a una cuestión de confianza Enamorado de Catalunya ahora, el líder del PP está convencido de que todo rema a su favor para desalojar a Sánchez antes de marzo de 2027 sin que su electorado se resienta por pactar con Junts ni el de Junts con ellos, incluso, una moción de censura nunca descartada del todo. Todo apunta, se argumenta en la calle Génova, a que el procés está amortizado para los votantes del PP, los tribunales europeos avalarán una amnistía que, por tanto, el Supremo deberá aceptar íntegramente y Puigdemont podrá verse pronto con Feijóo en Catalunya para negociar lo que sea sin que lo detengan. Por encima de los ya viejos demonios nacionalistas, la prioridad de las derechas, de extremas a ultras e incluidas las catalanas, es acabar con el sanchismo como sea a finales de 2026 o principios de 2027. El efecto bumerán de la ley de amnistía contra un PSOE que la sacó adelante enmendándose a sí mismo y con una oposición salvaje por tierra, mar y aire es la mejor representación de la ingratitud de la política y de cuál es su peor enemigo, el tiempo que todo lo relativiza.