Recientemente Luis Garicano, en un debate público organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en el que participaba como representante del partido Ciudadanos, preguntó si Podemos pretendía hacer un “simpa” con la deuda pública española, “al igual que plantea el gobierno griego”.

Como fórmula para captar la atención en un debate público, el giro en cuestión puede resultar ocurrente. Pero como posición ante un debate económico de enorme calado, convendremos que resulta algo frívolo y desde luego inexacto.

Seamos serios y aclaremos los términos del debate. En primer lugar, Grecia precisa y seguirá precisando –al margen del signo político que tenga el gobierno de la nación– una profunda reestructuración de su deuda pública externa. En segundo lugar, España no es Grecia: tenemos problemas y circunstancias distintas, y la estrategia que necesitamos para abordar el problema de la deuda es lógicamente diferente. En tercer lugar, resulta poco riguroso asimilar la reestructuración de la deuda –cualquiera que esta sea– con el hecho de “poner en riesgo al país”. Muy al contrario algunas reestructuraciones ayudan al país, y en particular a las gentes de a pie que lo habitan.

El primero de los aspectos del debate –Grecia precisa desde hace casi una década de una profunda reestructuración de su deuda pública externa– es hoy evidente hasta para el propio Fondo Monetario Internacional

El primero de los aspectos del debate –Grecia precisa desde hace casi una década de una profunda reestructuración de su deuda pública externa– es hoy evidente hasta para el propio Fondo Monetario Internacional. Como consecuencia de la aplicación continuada de las políticas de austeridad, Grecia mantiene aún una pérdida del 27% de su PIB (siete años después de la Gran Depresión, Estados Unidos ya había recuperado el nivel del PIB de 1929, gracias a una política de estímulo de la demanda). Esta evolución, junto con los sucesivos rescates del sistema financiero del país, ha disparado la deuda pública hasta el 180% del PIB.

Pretender que Grecia resuelva sus problemas de endeudamiento público externo por la vía del ajuste fiscal, como hasta ahora, exige superávits primarios en las cuentas públicas del orden del 7% del PIB durante más de una década, tal y como Barry Eichengreen ha mostrado. Y esto es sencillamente inviable, tanto en términos económicos como políticos.

Frente a este camino de servidumbre, el gobierno griego ha hecho planteamientos ciertamente coherentes y que no pasaban por el mero “simpa” al que se refería Garicano. El gobierno de Tsipras ha propuesto –igual que los acreedores internacionales acordaron con Alemania en la década de 1950– una moratoria en el pago que condicionase el reembolso de la deuda al crecimiento económico. Y ha propuesto a lo largo de la negociación un plan de inversión de gran calado para favorecer ese crecimiento (aunque también se ha visto obligado a aceptar otras medidas por imposición de los acreedores). No obstante, resulta evidente que la negociación del gobierno griego con el FMI, la Comisión Europea y el BCE no se dirime ya en el ámbito técnico-económico, sino en el terreno político, en donde otras prioridades se imponen.

Puede que el objetivo de quebrar al gobierno de Tsipras, y a los nuevos movimientos políticos que en Europa se oponen a la austeridad, resulte prioritario para Bruselas. En todo caso, esa vía seguirá sin resolver los problemas económicos de Grecia.

España y Grecia son dos economías que experimentan situaciones muy distintas. Y esto se traduce en que precisan abordar el problema de la deuda de forma diferente

En segundo lugar, hemos señalado que España y Grecia son dos economías que experimentan situaciones muy distintas. Y esto se traduce en que precisan abordar el problema de la deuda de forma diferente. Mientras que Grecia no se financia en los mercados internacionales de capitales, España lo hace con normalidad (gracias fundamentalmente a la política seguida por el BCE desde 2012). Mientras que Grecia precisa de una reestructuración inmediata de su deuda pública para disponer de cierto margen fiscal, España ya podría restablecer el gasto recortado en servicios públicos e inversión (fortaleciendo con ello la creación de empleo, la lucha contra las desigualdades y la transformación de su economía) sin necesidad de una reestructuración previa de la deuda.

¿Quiere esto decir que España no precisa entonces abordar de ninguna forma su excesiva deuda, privada y pública? ¿Dónde dijimos una cosa, decimos ahora lo contrario, como sugiere Garicano? No, España sigue necesitando reestructurar parte de su deuda, pero maticemos el debate.

España no precisa, en este contexto y mientras los tipos de interés se mantengan a la baja, una reestructuración unilateral de su deuda pública externa (que ciertamente desencadenaría una subida de las primas de riesgo difícil de manejar en ausencia de autoridad monetaria propia). Pero en todo caso España precisa de un gobierno que pelee por un fondo de reestructuración multilateral de las deudas públicas en el marco de la zona euro, con el objetivo de mutualizar los riesgos y monetizar a perpetuidad parte de los títulos actuales.

Además, España necesita tomar dos medidas muy concretas relacionadas con la deuda, ineludibles si queremos conjugar recuperación económica y cohesión social. Por un lado, la deuda hipotecaria lastra todavía hoy la situación de muchas familias –particularmente de aquellas con más necesidades– y debiera experimentar una reducción que acomode el valor nominal de las hipotecas al valor real de los activos inmobiliarios.

Debe renegociarse el Memorando de Entendimiento vinculado al rescate del sistema financiero español de 2012

Por otro lado, debe renegociarse el Memorando de Entendimiento vinculado al rescate del sistema financiero español de 2012. Este Memorando carga a los contribuyentes con el coste de los 60.000 millones de euros que sirvieron para recapitalizar al sistema financiero. En nuestra opinión, el rescate de la banca, si bien ha sido adelantado por el Estado, debiera ser finalmente cubierto –como ha sucedido por ejemplo en los Países Bajos– por las propias entidades financieras.

Abordemos la tercera arista del debate. Resulta incorrecto –aunque coherente con la estrategia de inocular el miedo a la población– decir que una reestructuración de la deuda “pone en riesgo” al país. La inestabilidad financiera que un proceso de reestructuración puede desatar dependerá de los instrumentos de los que se disponga y del tipo de reestructuración que se plantee.

Es cierto que una reestructuración unilateral del conjunto de la deuda pública exige tener una autoridad monetaria que pueda financiar transitoriamente al país en el momento en el que la financiación externa “se seque”. Para un país que forme parte de la zona euro eso exigiría, lógicamente, poner sobre la mesa la propia pertenencia a la moneda común.

No obstante, las dos medidas que aquí se plantean no repercutirían sobre el coste al que se financia la economía española en los mercados internacionales. En definitiva, no “pondrían en riesgo al país”. Muy al contrario, liberarían recursos para reforzar una política al servicio de la mayoría social, que priorice la creación de empleo y la lucha contra las desigualdades.

El problema de la deuda es demasiado complejo –por sus implicaciones sobre la dinámica macroeconómica y sus efectos sociales– como para despacharlo con una mera ocurrencia. Convendría por ello que todas las fuerzas políticas clarifiquen su posición al respecto a lo largo de los próximos meses. Y convendría también que los académicos no perdamos tan rápidamente algunas de las pocas virtudes –como la discusión franca y honesta– que aún resisten en las universidades.