Como cada año desde 1983, en que se declaró por Naciones Unidas, el 25 de noviembre se conmemora como Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. El maltrato a la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo, afirma la ONU.

Hace un año escribí: “En 1999 la ONU designó el 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer para conmemorar con ello los asesinatos de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, ordenados por el dictador Trujillo de República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. Los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un acantilado en la costa de la República Dominicana. Habían sido muertas a garrotazos. Formaban parte del grupo de oposición política al dictador “Agrupación Política 14 de junio”.

“La mayoría de las asociaciones feministas del mundo no conocen el horrendo suceso que dio origen a su conmemoración, pero a partir de la declaración por la ONU saben honrar adecuadamente en esta fecha a las víctimas de los miles de feminicidios, violaciones, palizas, mutilaciones, acosos sexuales, ablaciones genitales, encierros, marginaciones y opresiones que sufren las mujeres en todo el planeta, por el solo hecho de ser mujeres. “

En ese año 2017 contamos al finalizar 109 feminicidios, 8 niños asesinados por su propio padre y 28 niños huérfanos porque el padre mató a la madre. En este 2018, hasta la fecha lamentamos 88 feminicidos y 12 niños asesinados. Todavía en las estadísticas no han entrado los huérfanos.

En esta macabra contabilidad no he incluido las maltratadas habitualmente que se suponen 2.500.000; las violadas, de las que se denuncia una cada 8 horas, y ya exceden del interés de las cuentas oficiales las acosadas sexualmente y laboralmente, aunque UGT ofrece cada año un cálculo aproximado de que el 70% de las trabajadoras han sido víctimas de ese acoso.

Después de décadas de denunciar esta masacre que convierte a las mujeres en la clase con más víctimas de todas las clases explotadas –el primer informe lo publiqué en Vindicación Feminista en agosto de 1976- el Movimiento Feminista ha logrado que los medios de comunicación y algunos partidos -no todos- se hagan eco de las denuncias y se muestren preocupados, e incluso escandalizados, por la situación que se mantiene inamovible a pesar de la Ley de Violencia de Género, aprobada en diciembre 2004; a pesar de la creación de algunos juzgados especializados en violencia machista, a pesar –en fin- de un pomposo Pacto de Estado ratificado por la mayoría de partidos políticos hace un año.

Porque lo sustancial es que el sistema social se asienta sobre el Patriarcado, y a pesar de los aspavientos que hacen algunos responsables políticos, los legisladores, que son los que organizan el marco legal por el que debe regirse una sociedad, no piensan establecer seriamente medidas preventivas, coercitivas y punitivas para reducir esta lacra.

Porque el Estado, que es el garante de la protección de sus ciudadanos no lo evita. Del maltrato machista no libra a las mujeres ni la legislación, con esa inoperante y falaz Ley de Violencia de Género, y ahora el esperpéntico Pacto de Estado completamente inútil, ni la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni el poder judicial, siempre tan comprensivo con los maltratadores, los violadores y los feminicidas.

Este domingo, 25 de noviembre, nuevamente las feministas y los hombres de buena voluntad saldremos a la calle a mostrar nuestra repulsa, nuestra indignación, nuestra tristeza, nuestro duelo por tantas hermanas nuestras muertas y heridas y humilladas, pero en este año 2018 es imprescindible exigir a nuestros gobernantes una acción eficaz para evitar este drama.

Es inaceptable que los agresores se encuentren en libertad mientras las amenazadas tengan que refugiarse en las llamadas Casas de Acogida, que son un encierro. Sería imposible que los terroristas anduvieran tranquilos por la calle y las víctimas amenazadas por ellos tuvieran que protegerse en lugares especiales.

Cuando desde el Partido Feminista reclamamos que los maltratadores vayan a la cárcel y se proteja e indemnice a las víctimas, no estamos demandando más que el ejercicio de una justicia democrática. El 30% de las víctimas de asesinatos machistas habían presentado denuncias, algunas incluso obtenido órdenes de alejamiento o protección. Ninguna de ellas se cumplió. Muchos de los policías que recibieron las denuncias las minimizaron, rebajando el riesgo que corría la mujer. Otros se limitaron a enviar el atestado al juzgado, y el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite por estar mal redactadas, por no haber podido ser citado el denunciado o por no declarar la denunciante. Y en muchos casos, ésta acaba en el cementerio.

El Convenio de Estambul, recientemente ratificado por España exige que se considere víctimas a todas las mujeres que sufran violencia por parte de un hombre, sin distinguir su relación con él, exige que se consideren perseguibles todas las violencias: física, psíquica, sexual, económica, y que se adopten las medidas imprescindibles para perseguir los delitos y proteger a las víctimas, como debe hace un Estado democrático.

Ninguna de estas medidas se ha implantado ni en nuestra legislación, con esa inamovible y sagrada Ley de Violencia de Género que no se puede modificar, ni en el ejercicio de la justicia, cuyos representantes no tienen vergüenza en firmar sentencias, como las de la Manada, o una de las últimas donde se rebaja la pena a unos violadores en grupo, porque la víctima “había sido actriz cuando estudiaba en el colegio” (sic)

Con esta Ley de Violencia de Género, y las memorables sentencias reseñadas, con otras muchas semejantes o peores, nuestro Estado, administrado por los legisladores y la judicatura se convierte en el mejor mantenedor de la violencia machista. Y con ella, del mantenimiento del imperio del Patriarcado que impone la la represión y la violencia contra la mujer como la mejor manera de dominarla y mantenerla en el lugar de la clase social y económica más explotada.