ÓSCAR CELADOR ANGÓN

La fría estadística dice que en el año 2007 se realizaron algo más de 112.000 interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país. ¿Qué ha pasado para que en un par de décadas hayamos pasado de tener un grave problema de salud pública, debido a los numerosos abortos que se realizaban en la clandestinidad, a convertirnos en un destino turístico abortivo de primer orden?

La Ley del Aborto vigente permite la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de violación, graves taras físicas o psíquicas del feto, o riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre. El legislador no reconoció el derecho de las mujeres a abortar, sino que lo despenalizó en los supuestos aludidos. Se trata de un modelo restrictivo que consiente el aborto exclusivamente en los supuestos tasados, pero que resulta muy permisible cuando existe un grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, ya que para este supuesto no existe plazo. Esta peculiar regulación explica por qué muchas europeas que pueden abortar legalmente en sus países de origen en un plazo vienen a España a interrumpir su embarazo cuando este plazo expira.

La Comisión de Igualdad del Congreso va a remitir al Gobierno una propuesta de ley de plazos que reconoce el derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública durante las primeras semanas del embarazo, o sin límite de plazos cuando existan graves malformaciones en el feto o corra peligro la salud de la madre, tal y como ocurre en la mayoría de los países europeos. Este modelo presenta la ventaja de que soluciona la inseguridad jurídica del sistema actual. Pese a esto, algunos pretenden reconducir el tema del aborto al debate filosófico sobre la vida y la muerte, como ha ocurrido recientemente con el intento de mantener con vida a Eluana Englaro, y forzar así la restricción del derecho. Una legislación restrictiva en este terreno no reduciría el número de abortos; en ese caso, como ocurrió en el pasado, las españolas viajarían a los países europeos donde la regulación fuera más permisiva.

Los problemas de índole social no se solucionan exclusivamente aprobando una ley. Es necesario que, de forma complementaria, el Gobierno impulse políticas que erradiquen la elevada tasa de abortos. España está en el vagón de cabeza de Europa en abortos, pero a la cola en educación sexual y en políticas familiares. Las estadísticas indican que los países europeos con menor porcentaje de abortos son aquellos que incluyen en sus planes de estudio la asignatura de educación sexual, con independencia de que tengan legislaciones muy permisivas en este terreno.

Asimismo, la nueva ley debe ordenar que los abortos se realicen en la red pública sanitaria, y acabar así con la hipocresía de un modelo que permite a un médico objetar en conciencia cuando está en la sanidad pública y, un rato más tarde, salir del armario para practicar un aborto en la sanidad privada. Es intolerable que las españolas tengan que refugiarse en la sanidad privada, como si no fuera su salud un derecho y su acción el ejercicio de una potestad que les reconoce la ley, y más aún que tengan que trasladarse lejos de su lugar de residencia cuando, en su comunidad autónoma, ni la sanidad pública ni la privada realizan la interrupción.

El Gobierno no debe desaprovechar la oportunidad de abordar de forma responsable el debate de un tema tan central, en el que está en juego la dignidad, la salud y la maternidad de cientos de miles de mujeres.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado