Sostener que todo político es un mal gestor resulta tan demagógico como creer que todo profesional de las finanzas es un buen gestor. De esta última especie están abarrotados los escombros de Lehman Brothers. Asumir el citado axioma interesa desde siempre a quienes se dedican a denigrar lo público por sistema. A base de adelgazar lo que es de todos se ensanchan los márgenes para el enriquecimiento privado puro y duro. Lo que cabe exigir a los entes y administraciones públicas es una buena gestión, eficaz en los resultados y austera en los costes. Este simple recordatorio viene al hilo del decreto ley de cajas que hoy será aprobado en Consejo de Ministros. Aborda una reforma que era imprescindible para que las cajas de ahorros fusionadas puedan obtener capital privado suficiente para seguir existiendo y prosperar.

Y para devolver los 10.200 millones en ayudas facilitados por el Estado. Por otra parte, se garantiza el mantenimiento de la llamada obra social de las entidades con la exigencia de que parte de los beneficios se dedique a esos fines. Tiene lógica la distinción total entre “supervisor” y “gestor”. El acuerdo entre Gobierno, PP y la CECA para eliminar la participación de las comunidades autónomas en la gestión se basa en esa distinción y abrirá, seguro, un debate político y quizás jurídico de gran calado. La reforma es “revolucionaria”, pero su éxito o fracaso se medirá con el tiempo por la buena o mala gestión de las entidades.