ÓSCAR CELADOR ANGÓN

La lectura del informe recién presentado por la Comisión sobre Abusos a Menores, creada por el Gobierno irlandés en 2000, nos pone ante el guión de una espantosa película de terror. Los cinco tomos que componen el informe documentan cientos de casos de abusos físicos y sexuales sistemáticos, de los que fueron objeto muchos de los niños atendidos entre 1930 y 1990 en los hogares de acogida, reformatorios y escuelas gestionadas por la Iglesia católica irlandesa. El informe no contiene los nombres de los culpables, las víctimas o los testigos, debido a que la Comisión, constituida con el objeto de aclarar numerosas denuncias de abusos sexuales y no para depurar responsabilidades penales, operó de acuerdo con una estricta cláusula de confidencialidad. Lo que sí deja claro el informe es que las numerosas denuncias sobre abusos sexuales eran ciertas y que la principal culpable de los hechos es la jerarquía católica irlandesa porque, pese a conocer lo que estaba sucediendo, no hizo lo necesario para evitar los abusos.

Las historias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes no son nuevas, pero hay dos datos del caso irlandés que son escalofriantes: por una parte, que la Iglesia subordinase completamente el discurrir de las atrocidades que experimentaron los menores a la salvaguarda de su imagen institucional y, por otra, que no trasladase las numerosas denuncias que recibió sobre abusos de sus religiosos a la jurisdicción civil, limitándose, en el mejor de los casos, a reubicar al abusador o violador en otro de sus centros donde, las más de las veces, este volvió a cometer abusos. Este informe puede ser sólo la punta del iceberg, ya que en breve está previsto que la opinión pública conozca un segundo estudio de la Comisión sobre Abusos sexuales a Menores realizado en el periodo 1975 y 2004 en las parroquias de Dublín y que la jerarquía eclesiástica irlandesa ya ha adelantado que será muy duro.

El daño generado a la credibilidad de la Iglesia católica en Irlanda es enorme, especialmente por el papel que la institución ha desempeñado en la historia nacionalista de este país y porque es la responsable de escolarizar a la mayoría de los católicos irlandeses. De ahí que su primado haya respondido de forma rápida pidiendo disculpas por los delitos y abusos sexuales cometidos por sus religiosos, así como su deseo de que los abusos relatados no vuelvan a repetirse y de que las víctimas sean resarcidas.

Ahora bien, ¿es suficiente con pedir perdón? En el derecho canónico puede que sea así, ya que según el canon 1397 el sacerdote o religioso que cometa violación carnal será trasladado a otro lugar o territorio, y en el peor de los casos puede ser suspendido del estado clerical. Pero en el Estado de Derecho las disculpas de los delincuentes, aún las más sentidas, resultan insuficientes.

El problema de fondo es la impunidad. Sería deseable que los poderes públicos –si no la propia Iglesia–, dieran a conocer los nombres de los abusadores y facilitaran la labor de la justicia. Delinquen quienes abusan pero también quienes, conociendo los hechos, no denuncian al abusador.

Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado.