Si hay un elemento irracional que se ha instalado en los últimos tiempos en el debate político es la cuestión del agua. Sin distinción de partidos o credos, cualquier gerifalte se cree hoy facultado, en cualquier plaza pública, para subirse a un taburete y ponerse a vocear que “el agua es nuestra”. Los resultados están a la vista.

Creo que en los asuntos hídricos es donde se está viendo con mayor claridad la cara fea de los nacionalismos (o regionalismos o localismos: táchese lo que no proceda). Que un río pase por un territorio no puede significar, automáticamente, que su caudal deba ser explotado en exclusiva por los habitantes de ese territorio. El agua debería ser un asunto de estado para evitar agravios estúpidos.

Es razonable, por otro lado, preguntarse qué querrían hacer con el agua del Ebro o del Tajo los mandamases del País Valenciano o de Murcia que la reclaman. ¿Más urbanizaciones insostenibles? ¿Más agricultura sobreexplotada? ¿Más campos de golf? Cuando excitan al personal con sus proclamas a favor del agua que les falta, saben que nadie piensa en eso. Negar el agua es negar la vida. Entramos, así, en el nivel peligrosísimo de las emociones masivas.

Si aceptamos el principio de que los ríos son de todos, y de que nadie puede ser desprovisto de un acceso racional a sus recursos, tendremos que sentarnos a orquestar soluciones razonables para el problema. Pero convertirlo en banderín de enganche para demagogias envenenadas no es una buena idea. Habría que reclamar cordura a los políticos, aunque da la impresión de que muchos de ellos no conocen realmente el agua. Sólo beben whiskey.