Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid de Podemos

Un indicador habitualmente utilizado en los estudios socioeconómicos sobre desigualdad de ingreso es el índice de Gini, cuyo rango de valores se encuentra comprendido entre 0 —igualdad total— y 100 –inequidad extrema—. La evolución de esta ratio, referida a los salarios entre 2008 y 2013, último año del que ofrece información el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aumentado en más de dos puntos porcentuales, pasando del 32,2 al 34,6; por cierto, uno de los niveles más altos de la Unión Europea.

Pero no se trata sólo de un aumento de la desigualdad, que podría ser reflejo de que unos grupos sociales mejoran más que otros (“todos los barcos suben con la marea”), como ha ocurrido en fases anteriores de la evolución del capitalismo. Estamos asistiendo a una fractura social en el mundo laboral, que ya se divisaba en los años de auge, pero que es ahora cuando está alcanzando toda su envergadura, amenazando con convertirse en un rasgo estructural de nuestra economía.

En esta misma línea, que pone el acento en la desigualdad de ingreso, resultan reveladores los datos publicados por el INE relativos a los salarios promedio de cada decila de ingreso para el periodo 2008-2014. Esa información apunta a que la disparidad ha crecido con fuerza. En efecto, la distancia entre los asalariados mejor y peor pagados era en 2008 de 8,7. En 2014 la brecha se había ampliado hasta 11,2; buena parte de dicho aumento se materializó a partir de 2010.

Si se pone el foco en el comportamiento de los salarios según decilas en el último tramo del periodo -2010-2014-, y la comparamos con la trayectoria seguida por los precios encontramos que, precisamente, los trabajadores con retribuciones más bajas han sido los que han soportado en mayor medida el ajuste salarial. Las cuatro decilas de menores ingresos han experimentado una contracción de los salarios nominales, ajuste que en las dos inferiores han sido del 14,8% y del 8,2%. Para calibrar la importancia de la capacidad adquisitiva perdida por estos trabajadores, hay que reparar que el IPC aumentó en el mismo periodo el 7%. Los integrados en los otros tramos de ingreso también perdieron poder adquisitivo, si bien en este caso aumentaron los salarios nominales. Los que mejor resistieron este proceso han sido los asalariados situados en los tramos superiores de ingreso.

Según la Encuesta de Población Activa, la situación de los trabajadores de bajos ingresos ha empeorado de manera sustancial. La retribución promedio del 10% de la población asalariada era de 411 euros en 2014 (502 en 2007). Los ingresos de la decila siguiente eran en 2014 de 820 euros (852 en 2007). Para estos trabajadores, el denostado término de mileurista se ha convertido en un sueño inalcanzable.

Los trabajos de bajos ingresos están especialmente representadas en los contratos temporales y a tiempo parcial, modalidades contractuales que han ganado protagonismo en los últimos años, fruto de las últimas reformas laborales, y de manera muy destacada como consecuencia de la impulsada por el gobierno del Partido Popular. Así, más de la mitad de los asalariados con contratos a tiempo parcial se localizan en la primera decila de ingreso, con salarios promedio en 2014 de 400 euros (460 en 2010); en el siguiente tramo, los salarios, donde también abundan los contratos a tiempo parcial (el 26% de la cifra total) se situaban en 2014 en los 790 euros (también lejos de los 847 recibidos en 2010).

En este contexto de progresiva precarización de las relaciones laborales, ha aumentado el grupo de trabajadores cuyas retribuciones se sitúan por debajo del umbral de pobreza. En 2014, el 12,6% de los empleados formaban parte de este colectivo -entre los países comunitarios, sólo Grecia y Rumania ofrecían peores resultados-, lo que, en relación a 2008, representa algo más de un punto porcentual de aumento.

Estamos ante un asunto de gran trascendencia, pues a menudo se afirma –las patronales, los gobiernos conservadores, el discurso dominante en las facultades de economía- que la creación de empleo es el camino, o incluso la única ruta, para salir de la pobreza. Se sostiene, desde esta perspectiva, que no hay mejor política social que la creación de puestos de trabajo. La información que se acaba de presentar obliga a revisar este postulado, por apriorístico y por carecer de evidencia empírica.

De todo lo anterior se deduce que no sólo se ha aplicado una drástica política de devaluación interna, no sólo se ha abierto la “tijera” salarial, contribuyendo al aumento de la desigualdad, sino que el ajuste ha recaído de manera particularmente intensa sobre los trabajadores de menores ingresos, los que, por lo demás, cuentan con contratos más precarios.