Como de las infecciones no hay quien se libre, en Zarzuela tuvieron que declarar este domingo el estado de alarma ante la amenaza de que el rey acabase contagiado y se temiera seriamente por la vida de la propia institución monárquica, que ya está muy mayor y, en opinión de muchos, bastante caduca. Lejos de ser microscópico, el bichito en cuestión tiene un porte considerable, ocupó el trono durante décadas y padece un obsesión enfermiza por el dinero, lo que supuestamente le ha convertido en un virus comisionista de marca mayor. El tratamiento ha seguido en parte las directrices de Freud y, sin llegar a matar al padre, se le ha amputado sin anestesia o, lo que es lo mismo, se ha cortado por lo sano.

El comunicado de la Casa Real en el que Felipe VI renuncia a la herencia paterna y deja sin asignación pública a la termita de palacio supone el reconocimiento de que el emérito ha podido enriquecerse de manera ilegal, algo que era un secreto a voces y sobre lo que durante demasiado tiempo se extendió un manto de silencio del que todos los medios de comunicación son culpables. Lo que se ha conocido ahora es, posiblemente, una parte de su entramado para mantener oculta su fortuna, que incluye sociedades en paraísos fiscales y fundaciones pilotadas por testaferros, así como disposiciones y previsiones para que sus seres queridos y queridas se beneficiaran del dinero en el momento oportuno.

El cordón sanitario decretado por Zarzuela es digno de aplauso porque supone anteponer la jefatura del Estado a la relación familiar, aunque deja en el aire la duda de cuál habría sido la reacción en el caso de que los tejemanejes del ‘piloto de la Transición’ no se hubieran revelado. Según el relato que se ha dado a conocer, en marzo del año pasado el rey fue consciente de que él y la heredera eran beneficiarios de los fondos de la fundación Lucum, regada presuntamente por una multimillonaria mordida del contrato del AVE a la Meca. Un mes después, acudió al notario para que levantara acta de que había exigido a su padre que anulara dicha designación e hiciera constar que no aceptaría un céntimo de lo que pudiera corresponderle, además de manifestar ser completamente ajeno a estos negocios clandestinos.

El rey explica que trasladó a su padre y a las “autoridades competentes” copia de la carta de los abogados británicos en la que se le notificaba su condición de beneficiario de estos fondos, lo que deja en una posición insostenible al Gobierno y a su presidente, cuya única acción visible ha sido la de negarse en reiteradas ocasiones a aceptar en el Parlamento una comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I.

El alcance va mucho más allá de la hipocresía de negar al Congreso la posibilidad de indagar sobre las actividades aparentemente delictivas de las que ya tenía conocimiento, y pudiera tener, incluso, implicaciones penales. A diferencia del rey, que además de inviolable no está obligado por su condición de hijo a efectuar denuncia alguna, sí lo están todos aquellos que presencien la comisión de un delito o, sin haberlo presenciado, tengan conocimiento del mismo. Dicha obligación se acentúa en el caso de los funcionarios públicos, tal es el caso del presidente, que sabiendo de la existencia de la citada fundación y del más que probable origen ilícito de su patrimonio, guardó, que se sepa, un ominoso silencio compartido con entusiasmo por la derecha monárquica del país.

Aun reconociendo la contundencia de unas medidas que han retratado al aguafuerte al emérito y le han obligado a declarar públicamente que su hijo ignoraba todo lo relativo a su tenderete offshore, no parecen suficientes para erradicar la infección de cuajo. No se entiende que se haya tardado un año en revelar estos extremos o que, ya con plena consciencia del proceso de engorde las cuentas suizas de Su Enormidad, se demorara hasta el mes de junio de 2019 la decisión de retirarle de las actividades institucionales de la Casa Real. Es altamente probable que, sin la investigación de la Fiscalía helvética y las informaciones periodísticas de varios medios internacionales, se hubiera procedido nuevamente al sepelio de los hechos a varios metros de profundidad.

Si, como sostiene Felipe VI, la Corona se ha propuesto mantener una conducta íntegra y honesta inspirada en principios éticos y morales, ha de dar pasos más allá, empezando por renunciar expresamente a la inviolabilidad de sus actos con el que la Constitución le exime de cualquier responsabilidad penal o civil. No hay justificación posible a una impunidad que, llegado el caso, le facultaría para asesinar sin consecuencia alguna al camarero de palacio por servirle el bistec fuera de punto, algo que hasta Chicote vería excesivo. De la cuarentena de estos días puede extraerse una enseñanza: o te anticipas al virus o te pudre por dentro porque cuando te alcanza no hay profilaxis que valga.