A ese intento del PP valenciano de intentar que las televisiones no adictas dejasen de usar los términos “imputados” y “corrupción” para referirse a sus listas electorales se le ha prestado poca atención. Génova lo paró en seco, es cierto, pero ahí queda. En realidad, cualquiera que viva en Madrid o Valencia sabe perfectamente qué es lo que el PP entiende por libertad de expresión o código deontológico. Sólo hay que dedicar unos minutos a los informativos de Telemadrid o Canal 9. Lo de ponerle el cuño de ETA a Zapatero o a Rubalcaba no es nada comparado con la abnegada labor que cada día realizan estas dos cadenas, el buque insignia de la concepción “liberal” de la vida en esta parte del mundo libre.

Con estos antecedentes, es lógico que Francisco Camps haya prohibido la recepción de TV3 en el País Valencià. El sábado pasado, decenas de miles de valencianos se lo recriminaron en la calle. TV3, para entendernos, fue la única cadena en donde, a la mañana siguiente del 11M, ya se planteó sin ambages que la opción de la autoría de ETA era una patraña. No me lo contó nadie: lo vi yo con mis propios ojos. No hay que extrañarse ni lo más mínimo, por tanto, de que Camps y sus adláteres ejecuten fríamente el programa para el que están más dotados: lograr un universo informativo en manos de paniaguados, adictos fervorosos y los tontos útiles que hacen al caso. Un coro de muy agradecidos –y muy agraciados económicamente- que están escribiendo las páginas más negras de la historia del periodismo local. Y esto no ha hecho nada más que empezar.