FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

El secuestro del Alakrana ha vuelto a poner a prueba nuestra capacidad de articular respuestas a los problemas que periódicamente centran el debate social. El temor a que pudiera desencadenarse una tragedia, teniendo en cuenta las personas que estaban retenidas en el buque, no ha sido un obstáculo para la desmesura con la que este asunto ha sido abordado. La estrategia de los piratas ha contribuido a ello, al potenciar un seguimiento en directo de las condiciones del secuestro a través de las declaraciones de los secuestrados a los medios de comunicación, lo que ha generado una tensión emocional muy fuerte en la sociedad española, que no estaba preparada para estas nuevas modalidades de delincuencia.

Esa tensión se ha visto incrementada como consecuencia de las circunstancias relativas a la detención y posterior traslado a España de dos de los piratas, que ha contribuido a redimensionar el problema potenciando su vertiente interna. Situado ya en esa clave, el aumento de la temperatura política en torno al secuestro era previsible, generando auténticas aporías. La confusión –habitual en nuestro país– entre el ámbito político y el judicial, ha terminado por viciar todavía más el debate público. Por fortuna, esta espiral ha concluido –de momento– con la liberación de los secuestrados, que podrán estar pronto con sus familias tras largos días de cautiverio y de sufrimiento.

Como en todas las malas experiencias de la vida, también en esta sería conveniente extraer algunas enseñanzas. La primera afecta al Gobierno, que debería establecer un protocolo de actuación para las Fuerzas Armadas que clarifique qué intervenciones son aconsejables y cuáles no lo son en este tipo de situaciones. No resulta obligado practicar detenciones si la estrategia que parece más razonable es la negociación para preservar la integridad física de los secuestrados. En la opción por una u otra intervención hay un amplio margen de discrecionalidad que deja de existir, sin embargo, en el momento en que se ha realizado la detención y hay que poner a los piratas a disposición judicial.

La segunda afecta a la oposición del Partido Popular, que debería asumir que hay temas de Estado en los que, desde el primer minuto, tiene que estar públicamente al lado del Gobierno aunque pueda manifestar las discrepancias que estime oportunas en las reuniones o conversaciones que tenga con los responsables gubernamentales. La utilización partidista de este tipo de asuntos debería estar vetada mientras dure la crisis. Ello sin perjuicio de que el Partido Popular pueda exigir después todas las responsabilidades que quiera al Gobierno, como ha hecho ya a pocas horas de la liberación de los secuestrados, eso sí, con una contundencia exagerada.

La tercera tiene que ver con las propuestas de carácter militar para la zona. Seguramente serán necesarias para garantizar la actividad pesquera, pero no deberíamos olvidar nunca que con la piratería sólo se acabará cuando se termine con el hambre y el desamparo de la población somalí.

Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional