No sé qué ocurrirá en otros países, pero aquí las organizaciones patronales siempre están quejosas de la imagen que la sociedad tiene de los empresarios. Según ellas, se les presenta con demasiada frecuencia como insaciables depredadores de los derechos laborales, sin reparar en la trascendental labor que desempeñan.

Es posible que, al menos en parte, esas quejas sean justificadas, aunque harían bien las organizaciones patronales en mirarse a sí mismas a la hora de buscar culpables. Cada vez que abren la boca, los trabajadores tienen nuevos motivos para echarse a temblar, porque suele ser para pedir alguna ventaja a su costa.

La última ha sido esta semana, a propósito de la publicación de un documento de la CEOE en el que se pide carta blanca para los contratos de formación y aprendizaje. Una modalidad fuertemente subvencionada y que permite no pagar más allá del salario mínimo interprofesional a los trabajadores que los firman.

Su razón de ser es que constituyan una puerta de acceso al empleo para aquellos que todavía no han adquirido ninguna cualificación profesional. Y de ahí que estén limitados a quienes tienen entre 16 y 25 años, si bien pueden ampliarse hasta los de 30 mientras el paro no baje del 15%.

A cambio de un sueldo normalmente bajo, esos jóvenes adquieren en las empresas los conocimientos y habilidades de los que carecían. Lo cual ayuda a aligerar la losa que pesa sobre un segmento de población en el que cuatro de cada diez de sus miembros no tienen trabajo.

Pues bien, la petición de la CEOE es que el Gobierno retire las restricciones que limitan el alcance de los contratos de formación y aprendizaje. De tal modo que puedan “beneficiar” a los trabajadores de cualquier edad, y particularmente a los de más de 45 años, que tienen serias dificultades para su reinserción laboral.

Es decir, que lo que constituía algo excepcional se generalice, ahondando la ya de por sí elevada dualidad de un mercado en el que cada vez hay menos contratos estables y más contratos precarios.

Ignoro si, como dice la CEOE, eso fomentaría el empleo de trabajadores que lo tienen muy difícil. De lo que no me cabe duda es de que se produciría un fenómeno de sustitución de quienes ahora disfrutan de más derechos y de un salario razonable por mano de obra ocasional y peor pagada.

En tal caso, el desequilibrio de la Seguridad Social se vería aún más agravado, porque los contratos de formación y aprendizaje llevan consigo una bonificación de cotizaciones de entre el 75% y el 100%, según el tamaño de la empresa, que no es precisamente lo que mejor le iría al sistema público de pensiones.

Esa es la última ocurrencia de CEOE, que luego se queja de la mala imagen de los empresarios.

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