El Gobierno español ha mostrado por fin la propuesta que hará en el Consejo Europeo de mañana jueves para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. El presidente Sánchez propondrá la creación de un fondo de reconstrucción de 1,5 billones para realizar inversiones que, a partir de 2021, permitan reconstruir las economías dañadas como consecuencia del obligado cese de una gran parte de la actividad económica. Lo singular de la propuesta española (además de que, casi por primera vez, sea España quien lleve la iniciativa en un asunto de gran envergadura para el conjunto de la Unión Europea) es el modo de financiarla y el uso que se haría de los fondos.

Según lo que se ha informado, nuestro Gobierno propondrá que sea la Comisión Europea quien se endeude emitiendo deuda perpetua, lo que significa que no se devuelve su principal sino sólo los intereses, los cuales no deberían ser elevados dadas las condiciones actuales del mercado. Los fondos así obtenidos permitirían aumentar considerablemente el presupuesto europeo, casi doblarlo, y se repartirían después entre los diferentes países -con preferencia de los más afectados por la crisis- en forma de una especie de fondos estructurales que se recibirían a fondo perdido y que no habría que devolver.

Las principales ventajas e inconvenientes y los retos que plantea a España, tanto si se finalmente se aprueba como si no, me parece que son los siguientes.

Ventajas

La principal ventaja de la propuesta es que no aumentaría el endeudamiento de los países que reciban esos fondos, puesto que la deuda sería emitida por la Unión. Así se trataría de evitar la crisis financiera que llevaría consigo que Italia y España tuvieran problemas de sobreendeudamiento en mercados que, por mucho que intervenga el Banco Central Europeo, les impondrían un castigo severo. Si la crisis griega fue un lastre pesado para La UE y el euro, representando aquel país un magro 2% del PIB comunitario, una eventual crisis de España e Italia supondría un golpe de muerte para el proyecto europeo.

Una segunda ventaja de la propuesta española es que supone un reforzamiento sin precedentes del presupuesto de la Unión Europea. Lo cual, a su vez, tendría otras consecuencias positivas. Por un lado, el necesario mayor protagonismo de un Parlamento Europeo que es donde está representada la ciudadanía europea. Y, por otro, que la disposición de unos fondos tan importantes debería obligar, al menos, a repensar la puesta en marcha de una auténtica y necesaria hacienda europea.

En tercer lugar, con una cantidad tan ampliada de recursos, se abriría la posibilidad de que Europa por fin emprendiese con efectividad la reformas estructurales que se han estado dilatando y que, si eran urgente antes de esta crisis, ahora son ya imprescindibles. Me refiero a la reindustriaización sostenible, a la transición energética y tecnológica frente al cambio climático, al reto de la digitalización o a las que puedan frenar la divergencia progresiva entre territorios.

Finalmente, con un fondo de reconstrucción de esa naturaleza, que no suponga una sobrecarga de deuda para los países más afectados, se podría garantizar no sólo que se recobrase pronto una gran parte de la normalidad, sino que esos países tuvieran la posibilidad de acometer reformas de sus estructuras productivas, muy dañadas por las políticas europeas de los últimos años y, en el caso de España, por la desindustrialización y la especialización tan inadecuada de nuestra economía.

Inconvenientes

La propuesta española tiene, sin embargo, algunos inconvenientes importantes.

El primero de ellos es que implica dar por hecho que se va a sufrir un daño económico que podría haber sido mucho menor si se hubiera actuado en la dirección que venimos proponiendo muchos economistas, proporcionando ayudas directas y mucho más rápidas a empresas y familias, preferentemente mediante la intervención directa del Banco Central Europeo. Es cierto que esta era una medida que no hubiera podido emprender España por sí sola o que, de haberlo hecho, hubiera tenido un coste inicial muy elevado, pero no estoy seguro de que a la postre hubiera sido mayor que el que nos va a suponer el no haberla tomado.

El segundo inconveniente de la propuesta es que sigue el camino de hacer esclavas de la deuda a las economías. Es verdad que ahora no a cada una de ellas en concreto, aunque sí a la europea en su conjunto. Por esta última razón es por lo que creo que Alemania no va a aceptar la propuesta española tal y como se ha presentado. Pondrá objeciones a la cantidad y muchas más a la forma de financiarla. Y, si se acepta en esa cuantía o incluso en una menor, dejará a la Unión Europea sin munición para episodios futuros que, sin lugar a duda, van a darse bajo la forma de rebrotes de esta pandemia o de otras semejantes, de crisis climáticas, de inestabilidad social o de crisis financieras. No hay que olvidar que esta crisis del coronavirus se ha producido en medio de un proceso de debilitamiento generalizado de la industria y el comercio mundial que va a dilatar bastante la recuperación si ésta se hace bajo la misma lógica productiva anterior, en particular, en las economías con mayor dependencia de turismo y del resto de las actividades que implican consumo social.

En particular, hay que tener en cuenta que la propuesta española es una respuesta para el día después que no pone remedio a lo que está pasando en el de hoy, a saber, que tanto Italia como España están incurriendo en déficits que, en un cortísimo espacio de tiempo, van a incrementar su deuda sin que, para colmo, esta esté siendo suficiente para evitar la sangría que se produce en sus economías. Haber impuesto el "sálvese quién pueda" como plan de choque inmediato frente a la crisis se está pagando ya muy caro y su factura puede hacer inútil incluso una ayuda tan importante como la que supone la propuesta española.

El tercer inconveniente que la propuesta de nuestro Gobierno es que, si no se rediseñan al mismo tiempo el conjunto de las políticas e instituciones en que se ha basado la Eurozona, será inevitable que el incremento de los recursos aumente las divergencias que se vienen dando desde que el euro se puso en marcha. Sin un programa o estrategia bien diseñados de convergencia en la productividad, el crecimiento del PIB, la inversión o el empleo, lo que resultará de esta crisis, por muy abundante que sea el plan de reconstrucción, será una Europa todavía más deformada e insostenible. Aunque, dicho esto, es igualmente cierto que, sólo disponiendo de un gran volumen de nuevos recursos, como proporcionaría la propuesta española, se puede comenzar a cambiar la lógica y el diseño tan negativos e irracionales que gobiernan la Eurozona.

Por último, hay que señalar que la propuesta de España será exitosa para nuestro país si el Gobierno es capaz de liderar una buena estrategia de reactivación y reconstrucción. Y, al respecto, creo que hay algunos principios que no se debieran olvidar. Hay que involucrar para ello a toda la sociedad y no sólo a la clase política y me parece que es un gran error circunscribirse al ámbito parlamentario a la hora de diseñarla. El Gobierno debería lanzar desde este preciso momento una iniciativa nacional dirigida a reclamar ideas y a diseñar proyectos de relanzamiento económico y eso sólo lo pueden hacer quienes día a día ponen en pie a nuestro país, desde los más altos directivos empresariales a las trabajadoras y trabajadores más humildes, que son quienes conocen bien las cosas que funcionan bien y las que hay que cambiar. Sólo de esta forma, además, se podrán vencer las resistencias tan irresponsables que se están generando desde la oposición y muchos medios de comunicación y lograr un mayor consenso en la toma de decisiones.

Sin ese impulso y sin más acuerdo transversal, cualquier propuesta que Pedro Sánchez consiga que se apruebe mañana en el Consejo Europeo será improductiva. El punto de partida de la reactivación de nuestra economía y la garantía de que seamos capaces de reconstruir con éxito lo que desgraciadamente se nos ha venido abajo es la contribución activa de todos los españoles que a cada minuto sacan España adelante. El Gobierno debería empezar a trabajar inmediatamente en esa dirección.

En resumen, la propuesta española es arriesgada. No sólo porque es difícil que sea asumida, pues si bien no implica directamente la mutualización de la deuda que rechazan Alemania y otros países sí supone una carga fiscal común muy grande; sino porque, para ser efectiva, requiere reformas complementarias de gran calado que nunca hasta ahora se han puesto sobre la mesa en las instituciones europeas. Y, además, porque se basa en asumir que la propagación de la pandemia se va a detener pronto, que sus costes inmediatos no van a ser demasiado elevados, que la deuda nacional no se va a disparar y que la situación internacional no va a seguir deteriorándose, provocando problemas añadidos a los del virus.

En cualquier caso, es muy ingenuo creer que cuando uno se encuentra en una situación de emergencia se pueden tomar decisiones sin riesgo, sobre seguro. El Gobierno actual actúa y decide con una gran dosis de incertidumbre, tal y como le está ocurriendo a los demás y como le pasaría a cualquiera de otra tendencia política en España. Si logra hacerse cada día con más apoyo, si es capaz de mostrar cohesión, liderazgo, generosidad, capacidad de diálogo y humildad ante los errores que se puedan cometer, si es capaz de movilizar a quienes de verdad saben cómo funciona España y lo que hay que hacer para cambiar lo que está mal, si no se deja llevar por el sectarismo y la obsesión cainita de la oposición, sino que constantemente le tiende la mano a pesar de todo, España puede tener una oportunidad de oro para convertir esta situación desgraciada en el inicio de una nueva etapa de progreso. Si no lo hacemos bien, nuestros nietos se acordarán de nosotros.