Ana Encinas (@anaencinasd) y Mario Espinoza (@MarioEspinozaP)

Tras dieciséis años de denuncias, inoperancia e incompetencia por parte de la administración, la madrugada del viernes se confirmaba uno de los peores temores de los vecinos de Seseña: el cementerio de neumáticos más grande de Europa –declarado ilegal ya en 2003– ardía por completo. Sus 117.000 metros cuadrados, un nada metafórico mar negro de caucho, contenían entre 80 y 100 mil toneladas de neumáticos abandonados. La combustión de tal cantidad de material inflamable –además de provocar llamas que han llegado a alcanzar los 20 metros de altura– ha desencadenado una nube tóxica que aún mantiene en vilo a la práctica totalidad de los municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid y el norte de Castilla-La Mancha. La expansión de la inmensa columna de humo, compuesta por importantes dosis de componentes cancerígenos, ha terminado con la evacuación de El Quiñón, el pelotazo urbanístico con aspiraciones de megalópolis impulsado por Francisco Hernando (“El Pocero”) en los años dorados de la burbuja inmobiliaria. El resultado de esta dejadez ha tenido un desenlace, por desgracia, anunciado: un paisaje devastado y daños medioambientales todavía difíciles calcular.

Pero ¿cómo es posible que en más de una década nadie haya hecho nada para remediar un problema ecológico y de salud pública de tamaña magnitud –el equivalente a 10 campos de fútbol, en concreto–? ¿Por qué no se pusieron medios ni se movilizaron recursos para atajar una catástrofe a todas luces previsible? Estamos ante un desastre provocado –a ello apuntan todos los indicios– en el que hay diversos responsables, por acción y por omisión. Y es que si la mano que prende la mecha es directamente culpable en un sentido criminal, quienes permitieron la acumulación de esas miles de toneladas de neumáticos que están ardiendo no dejan de ser corresponsables de la tragedia. En cualquier caso, la pregunta que sigue martilleando es la misma: ¿Por qué mantener un vertedero ilegal activo tanto tiempo? ¿Por qué no actuar conforme a las continuas demandas de vecinos y organizaciones ecologistas? ¿Qué ha podido obstaculizar las acciones del consistorio y otras instituciones de orden superior? Para arrojar algo de luz sobre tantas sombras conviene analizar la historia del territorio.

La [dudosa] historia de una actividad mercantil ilegal y de un desastre anunciado

La historia del vertedero arranca a finales de la década de los 90, cuando la finca de Seseña (propiedad de las inmobiliarias Euroseseña y Lontana Sureste) comienza a servir como depósito provisional de neumáticos. Lo que en principio iba a ser un espacio de almacenaje temporal –supuestamente a la espera de reciclado– pronto comenzaría a adquirir la forma de una inmensa extensión de caucho fácilmente visible desde la A-4. Corría el año 2001 y la empresa Disfilt S. A. “gestionaba” el cementerio de neumáticos sin licencia; un hecho que el SEPRONA sancionará de inmediato por “vertido incontrolado de residuos”. Pero el vaivén entre licencias, multas e incompetencia institucional empieza el año 2002, cuando el Gobierno de Castilla–La Mancha conceda a Disfilt S. A. una declaración de impacto medioambiental favorable, lo que daba luz verde a la instalación de una planta de reciclado en el terreno para gestionar los residuos. En el año 2003, el Ayuntamiento de Seseña concede a la empresa la licencia municipal de actividad, aunque meses más tarde será denunciada en el juzgado de Illescas por delitos contra el medioambiente (no sin contradicciones, pues acababa de recibir el permiso) solicitándosele el cese de la actividad. No obstante Disfilt, a pesar de la irregularidad de sus actividades, desobedecerá y continuará gestionando de manera ilegal el vertedero.

Entre 2005 y 2006, y tras varias multas de la Junta de Castilla–La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña, la Delegación Provincial de Medio Ambiente obligará judicialmente a Disfilt a paralizar su actividad. Ya no tendrá permiso para acumular más neumáticos, sólo podrá “realizar actos tendentes a la eliminación de las ruedas acumuladas para evitar el riesgo contra la salud y el medio ambiente que las mismas están causando”. Pero la riada de multas y paseos por los juzgados no acabará ahí (tampoco los gestos de desobediencia del propietario de la empresa, Victorino Villadangos, especialista en encontrar recovecos legales y hacer oídos sordos). En 2009 incluso la Comunidad de Madrid llegará a actuar de oficio contra Disfilt: el mar negro se desbordaba e invadía el término municipal de Valdemoro. Por aquellas fechas el macro vertedero sería declarado oficialmente ilegal, precintándose en 2010 hasta valorar qué se hacía con los residuos.

Hasta 2011 no se desbloqueará, y de manera parcial, la situación. El tribunal da derechos, digamos, de propiedad a la administración sobre la montaña de caucho. La disputa se resolverá declarando el cementerio de neumáticos como “bien abandonado” (sic.). Ironías judiciales. A partir de este momento, el Ayuntamiento de Seseña –ocupado por un flamante el Partido Popular que acababa de relevar a Izquierda Unida en el gobierno local– podrá hacerse cargo de la gestión de los residuos.

Las empresas vienen y van, pero los residuos se quedan

La gestión “popular” del cementerio de neumáticos no ha sido excesivamente efectiva. A la vista está. Por no decir que ha sido incompetente, dudosa y paralizadora. Desde 2011 hasta 2016 el Partido Popular de Seseña ha firmado contratos con dos empresas (Reboot Corporation y DGR Iberia S. L.) para procesar los residuos y despejar la finca, teniendo finalmente que rescindirlos por la incapacidad de las concesionarias para prestar el servicio.

Lo más sorprendente de esta segunda fase de la historia es el vínculo entre estas dos compañías. A pesar de la escasa documentación disponible sobre esta adjudicación, es público por documentos oficiales que el representante de la senegalesa Reboot Corporation, Eduardo Martínez Muñoz, mantenía vínculos familiares con la representante de DGR Iberia S. L., empresa subcontratada que se haría con la gestión del depósito de neumáticos tres meses después de la rescisión del contrato con Reboot. Pero se da una circunstancia aún más llamativa: una semana después de que Reboot Corporation comunicase de forma oficial al ayuntamiento su intención de cesar a Eduardo Martínez como representante, la empresa Consorcio Hostelero Industrial El Palmar SL cambiaba repentinamente su denominación por DGR Iberia S. L. De un día para otro, una pequeña empresa dedicada al comercio de bebidas, alimentación y hostelería –con una plantilla de 4 personas– se transformaba en una firma dedicada a “La construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorización o eliminación de todo tipo de residuos, su recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, etc.” En resumen: mientras Martínez Muñoz dejaba de representar a la compañía senegalesa, la rebautizada DGL Iberia –que tenía vínculos familiares con la primera– se allanaba el terreno para firmar un convenio que la comprometería a deshacerse de los neumáticos en un plazo de 3 años. Un compromiso que finalizaba en junio de 2016.

Lo cierto es que DGL Iberia S. L. –al igual que su predecesora– será incapaz de prestar el servicio por el cual se la había contratado. Mucho menos a “coste cero” (¡ay el coste cero!), tal y como llegará a prometer. Ya en 2015 solicitará la ayuda de diversas administraciones para poder llevar a cabo su labor, comunicando asimismo que no va a poder cumplir los objetivos del contrato. En Febrero de 2016 el Ayuntamiento de Seseña, siempre de común acuerdo con la empresa, decidirá rescindir del contrato y desbloquear la situación de parálisis en la que se encontraba el vertedero. A partir de este momento se encomendará a TRAGSA y EMGRISA (empresas públicas estatales) que diseñen proyectos para el reciclado del cementerio de neumáticos. Esta vía, además, posibilitaría los gobiernos de la CAM, C-LM y el Ayuntamiento de Seseña pudiesen cooperar de manera integrada y asumir responsabilidades. Pero todo ha llegado tarde, en medio de un terrible incendio provocado y previsible.

Un relato opaco, varios responsables

Llegados a este punto resulta interesante retomar algunas de las preguntas que nos hacíamos más arriba. Si este desastre era más que previsible ¿Por qué tanta dejación? ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada por atajar un problema que estallaría más tarde o más temprano? La historia del vertedero está llena de incongruencias y actuaciones más que dudosas. Poniéndonos algo poéticas, podríamos decir que quizá no haya mejor metáfora que la humareda tóxica de Seseña para retratar todo lo que huele podrido en el país.

Para empezar, encontramos diversas contradicciones entre unas administraciones que son tanto capaces de declarar ilegales las actividades de una empresa sin licencia –el caso de Disfilt– como de regularizarlas al día siguiente. Todo ello sin importar si poco después tenían que contravenir sus propias decisiones por vía judicial. ¿Cómo pudo darse permiso a Disfilt para la gestión de residuos contando con varias denuncias de organizaciones ecologistas y sanciones del SEPRONA? ¿Cómo pudo prolongarse tanto tiempo –prácticamente hasta 2009– la actividad de Disfilt, una empresa que desobedecía y seguía acumulando toneladas de caucho usado? Puede resultar parcialmente justificable que el Ayuntamiento de Seseña tuviese poco margen de actividad, y ni siquiera ¿Pero y los gobiernos de Castilla–La Mancha y la Comunidad de Madrid? Parecía que, directa o indirectamente, se había decidido que el cementerio de neumáticos debía seguir desempeñando su función.

Cuando en 2011 el consistorio de Seseña, gobernado por el PP, recupera la capacidad para gestionar los residuos, decidirá firmar un convenio con dos empresas concesionarias para que presten el servicio. Dos compañías que serán incapaces de asumir las bases del contrato en tiempo y forma. Estas empresas –Reboot Company y DGL Iberia S. L. – eran pequeñas firmas con poco personal (y detalles más que sospechosos, como vínculos familiares y repentinos cambios de actividad) ¿Acaso no pudo preverse desde el Ayuntamiento que estaban inhabilitadas para atender a los fines para los que se las contrataba? ¿Cómo es posible que de 2011 a 2016 se redujese tan poco el mar de caucho de Seseña teniendo a dos compañías operando en la zona?

Ni siquiera la tardía entrada de TRAGSA, que iba a permitir operar a la entidad municipal con la CAM y el gobierno de Castilla–La Mancha, se ha hecho con la celeridad debida. Donde había un mar de caucho ahora hay un mar humo tóxico y fuego.

Como decíamos más arriba, si bien hay una mano directamente responsable del fuego, las administraciones no dejan de ser corresponsables de la tragedia: su forma de actuar, opaca, lenta e inútil, ha convertido Seseña y Valdemoro en el mayor cementerio ilegal de neumáticos de Europa. Se dice pronto. Ya por dejación, ya por otros intereses, la realidad es que quienes van a pagar la incompetencia de las acciones de empresas e instituciones, y muy caro, son las vecinas y vecinos del sur de Madrid y el norte de Castilla La Mancha. Y es que este caso no deja de ser un “modelo” de lo que ha sido el gobierno “burbujístico” del territorio: una forma de gobernar que ha representado, antes de nada, los intereses de empresas y élites políticas que los de la ciudadanía. Un gobierno que en lo último que ha pensado es en el costo de las externalidades negativas de sus acciones, en la destrucción del medioambiente o en la salud de la ciudadanía. Si algo demuestra el incendio de Seseña es lo lejos que estamos de tener una democracia de verdad: participada, transparente y al servicio del bienestar de vecinas y vecinos.

¿Hasta dónde veremos llegar las responsabilidades? Es probable que –por desgracia– se disipen más rápido que el humo.