Ha pasado casi desapercibida la polémica en la comunidad científica a cuenta de los efectos que los recortes han tenido en la salud y en la esperanza de vida de los españoles. La revista de la Sociedad Americana de Salud Pública incluye en su número de agosto un estudio de tres investigadores de la Universidad de la Laguna y del Hospital de Nuestra Señora de La Candelaria en el que, tras examinar el repunte de la mortalidad entre 2010 y 2015, llega a la conclusión de que más de medio millón de fallecidos en ese período lo fueron por las políticas de austeridad.

El dato ha parecido una exageración a otros tres expertos, investigadores de la London School os Economics y de las Universidades de Las Palmas y la Autónoma de Barcelona, quienes en la misma revista admiten el impacto que los hachazos a la protección social ha tenido en la salud de la población pero desacreditan sus conclusiones: sus colegas, según explican, cometieron un error garrafal al no tener en cuenta el cambio de criterio del Instituto Nacional de Estadística, que modificó en 2011 la base de referencia sobre la que calcula la mortalidad. Y añaden que los grandes recortes en Sanidad se aprobaron en 2012, por lo que no pudieron tener consecuencias un año antes. Lo que sí admiten es que la recesión y los recortes “empobrecieron y dañaron a muchos españoles” y elevaron las desigualdades sociales.

Puede que la cifra de medio millón de muertos sea un disparate mayúsculo pero eso no oculta el problema de fondo. ¿Apaciguaría las conciencias que el número de ‘víctimas’ fuera mucho menor? ¿Habría estado justificada la poda en el gasto público en salud, acabar con la sanidad universal e implantar el copago (repago) de los medicamentos si en vez de 500.000 fallecidos hubiesen sido 100.000 o 50.000? ¿Hasta dónde son éticamente admisibles los daños colaterales?

Lo terrible es que un número indeterminado de personas muriera a consecuencia de esa batalla insensata contra el déficit público y a la asfixia a la que fueron sometidas amplias capas de la población. Víctimas fueron quienes dejaron de tomar medicamentos que les eran necesarios porque no podían sufragarlos, quienes no fueron atendidos en los hospitales por su lugar de origen o porque sus tratamientos resultaban demasiado caros al sistema, quienes se estrellaron con el coche porque no había dinero para mantener las carreteras y eliminar sus puntos negros, y los que se suicidaron porque perdieron su trabajo y su vivienda y se les retiraron los subsidios. Apretarse el cinturón fue el eufemismo de algo mucho más horripilante.

La política y la macroeconomía olvidan voluntariamente que tras las grandes magnitudes existen personas cuyas vidas se ven trágicamente afectadas desde la asepsia de un despacho. Reducir las becas puede convertir a un futuro ingeniero en un reponedor de textil de una gran superficie; cerrar el grifo a la dependencia puede acelerar la muerte de sus beneficiarios; la falta de trabajo y de ayudas destrozan familias. La austeridad mata. La cifra exacta de sus damnificados es lo de menos.