Lo dirá la Abogacía del Estado o el sursuncorda pero cortar el grifo de la financiación de las Comunidades Autónomas con el argumento de que la entrega a cuenta de los fondos adicionales que les corresponden no forma parte de las atribuciones de un Gobierno en funciones suena a excusa o, incluso, a chantaje, sobre todo si se escucha a Carmen Calvo ofrecer la solución al problema: “El desbloqueo están en sus manos (de PP, C’S y Podemos, se entiende): que se abstengan (en la investidura)”. Más claro, agua.

El sistema de financiación territorial se basa en las previsiones de ingresos tributarios del año siguiente, y sobre esta base se reparten los fondos a cuenta de la recaudación definitiva. Las Comunidades tienen transferidos parcial o totalmente el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, pero es Hacienda quien recauda y quien reparte. Si la recaudación es mayor que las estimaciones, el Estado abona la diferencia o, como es el caso, pacta entregas a cuenta más elevadas una vez revisadas las expectativas de ingresos. Con estas previsiones las comunidades elaboran sus Presupuestos anuales.

En definitiva, las autonomías han presupuestado 7.500 millones de euros adicionales, de los que 5.000 millones proceden de esta revisión de las entregas a cuenta y otros 2.500 del cambio establecido en la contabilidad del IVA. Es decir, que han financiado o lo están haciendo servicios públicos a los ciudadanos con un dinero que ahora no recibirán en los plazos acordados, por lo que se verán obligados a hacer recortes para cuadrar sus cuentas o elevar su deuda si es que pueden permitírselo.

Como lo de formar Gobierno es cada vez más difícil va a ser necesario elaborar una guía exhaustiva sobre lo que puede hacer o no cuando esté en funciones. ¿Puede dar permiso para reabrir una central nuclear clausurada o para prorrogar 30 años la concesión de una papelera altamente contaminante en la ría de Pontevedra, como hizo el Ejecutivo en funciones de Rajoy? Puede. ¿Puede licitar el estudio de un tramo ferroviario entre Santander y Bilbao para convencer al PRC y al PNV de que hay que votar a Pedro Sánchez si vuelve a ser candidato? Puede también. ¿Puede cumplir lo acordado con las autonomías para evitar que haya que meter la tijera en la educación o en la sanidad de los ciudadanos? De ninguna manera, porque eso tiene una “fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa” que condicionaría las directrices políticas del nuevo Gobierno. Eso es, al menos, lo que dice la Abogacía del Estado aunque, como la historia reciente nos enseña, podría decir lo contrario a poco que el Gobierno se empeñara.

La figura del Gobierno en funciones está recogida en la Constitución y se desarrolla en la llamada ley del Gobierno, donde limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos pero permite la adopción de medidas en casos de urgencia debidamente acreditados o “por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”. Que los ciudadanos no se vean afectados en los servicios públicos que pagan con sus impuestos por la incapacidad de sus representantes políticos en ponerse de acuerdo para investir a un presidente parece encajar como un guante en estas razones de interés general.

La citada ley detalla expresamente lo que un Gobierno en funciones no puede hacer, como aprobar los Presupuestos del Estado o presentar proyectos de ley, por lo que se entiende que, sin comprometer al futuro Ejecutivo, está facultado para acordar todo aquello que evita la parálisis de la Administración –y la autonómica es parte esencial en ella- y de los servicios públicos. Por poder, podría declarar los estados de alarma, sitio y excepción y hasta aplicar, con el respaldo del Senado, el dichoso artículo 155. ¿En qué compromete pues al nuevo Gobierno que se libren ahora los fondos comprometidos con las autonomías cuando la inmensa mayorías de las fuerzas parlamentarias están de acuerdo en que así se haga y el interregno, sobre todo si hay nuevas elecciones, puede prolongarse hasta que las ranas críen pelo?

Fue Cataluña la primera en exigir lo que le corresponde al anunciar que reclamaría judicialmente estas partidas. A este carro –o al estribo- se han ido subiendo el resto de comunidades, especialmente las gobernadas por el PP, que exigen la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Precisamente desde el PP se ha trasladado el siguiente adagio: “Una cosa es un Gobierno en funciones y otra un Gobierno sin funciones”. Ahora que se publicita el banco no banco resulta que tenemos al Gobierno no Gobierno. Que ING vaya preparando créditos.