Cristóbal Montoro, portavoz de Economía de Rajoy, se ha marcado una interesante reflexión sobre el sistema electoral, en la que concluye que el bipartidismo es sanísimo para el país -además de para el PSOE y el PP, claro está- y que la irrupción de una tercera fuerza alternativa no sería positivo, y menos en un momento como éste, en el que, según dice, no estamos para inventos. Es de suponer que la opinión de Montoro es compartida de la cruz a la fecha por los socialistas, hasta el punto de que la subcomisión parlamentaria que debía estudiar cómo corregir las injusticias del modelo sólo ha encontrado un punto mejorable: el diseño de la papeleta del Senado.

Conviene recordar a Montoro que la proporcionalidad no es un capricho de los partidos minoritarios, sino que se trata de un principio consagrado en, al menos, tres artículos de la Constitución (68.3, 69.5 y 152.1), que no sólo reserva este criterio para la elección de diputados sino que lo impone a los distintos parlamentos autonómicos. Ello implica una cautela expresa contra el propio bipartidismo, que vino a colarse de facto con la aplicación de la Ley D’Hondt, que favorece a los dos grandes partidos nacionales y a aquellos con una fuerte implantación en un solo territorio.

El hecho de que al PSOE y al PP les cueste cada diputado de media 66.800 votos puede ser muy sano. Que a IU le salga por 485.000 papeletas es una auténtica hemorragia. Se trata de una perversión tanto de la letra como del espíritu constitucional y un buen aliciente para que el desinterés por la política cunda entre un electorado que no se ve representado en sus elegidos. En este estado de cosas es imposible que surja una tercera fuerza que rompa el bipartidismo, pero si alguna lo consiguiera sería porque así lo quiere la soberanía popular, que está para inventar lo que le dé la gana aunque le pese mucho a Don Cristóbal.

Rosa Díaz, cuyo partido es hoy otro de los grandes perjudicados, ha propuesto a Cayo Lara constituir un frente común en las próximas elecciones autonómicas y municipales, de forma que cualquier pacto de gobierno con el PSOE y el PP quede supeditado a que se comprometan a modificar la ley electoral. El de IU no se ve con argumentos para imponer esta consigna en su organización. Ahí va uno: de bipartidismo también se muere.