Carlos del Castillo

Periodista integrante de la Comunidad del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales

“Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que vigilar a los terroristas”. Esta fue la respuesta de la Administración Obama cuando el escándalo del espionaje destapado por Edward Snowden se hizo demasiado grande como para intentar contenerlo. El propio director de la NSA aseguró que la vigilancia electrónica ha desbaratado “unos 50 atentados terroristas desde el 11S”. El mensaje era claro: el objetivo son los terroristas; si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer.

Sin embargo, esta fachada se derrumbó muy pronto y las prácticas del gobierno estadounidense se ganaron su primer gran enemigo. Un mes después de comenzar las publicaciones sobre espionaje en The Guardian, Glenn Greenwald, confidente de Snowden, se alió con el periódico brasileño O Globo para destapar el espionaje industrial que habían sufrido las empresas públicas energéticas del país, incluida Petrobras (la mayor empresa del hemisferio sur y la sexta petrolera más importante del mundo) y el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão.

Estas revelaciones mostraron que, además de aplicar a Brasil el ‘paquete estándar’ de vigilancia (ciudadanos y líderes políticos), la NSA se había aliado con la CSEC (agencia de seguridad canadiense) para recopilar información confidencial sobre los yacimientos energéticos brasileños. El interés de los norteamericanos se centraba en los gigantescos pozos de crudo que Brasil descubrió en 2006 y 2007 frente a su costa atlántica, y cuya explotación se disponía a subastar.

La reacción del país sudamericano no tardaría en llegar. El domingo 7 de julio, un día después de la primera publicación de O Globo, el ministro de Exteriores brasileño compareció para exigir explicaciones a los Estados Unidos. Ante la ausencia de una respuesta convincente, Dilma Rousseff, presidenta de la República, suspendió la visita de Estado que tenía previsto realizar en octubre.

El plantón diplomático no pasaría a mayores hasta la Asamblea General de la ONU, celebrada el 23 de septiembre. Aquel día Rousseff denunció el centralismo de Internet en torno a los Estados Unidos y pidió el consenso internacional para ponerle fin. La líder brasileña argumentó que la red, como fenómeno global, no puede depender de la supervisión de un solo país que acapare gran parte de la infraestructura que sustenta las telecomunicaciones internacionales, sometiéndola a su control.

“Las tecnologías de la comunicación no pueden ser el nuevo campo de batalla entre estados. Llegó el momento de crear las condiciones para evitar que el ciberespacio sea usado como un arma de guerra, a través del espionaje, sabotaje y ataques contra los sistemas y las infraestructuras de otros países.”

Rousseff pidió el fin del imperialismo tecnológico y exigió el respeto a los Derechos Humanos en Internet. Sin privacidad no existe la libertad de expresión y opinión. Sin ellas es imposible transmitir o encontrar información libre y veraz, y por tanto, la neutralidad de la red se convierte en una utopía. La llama democrática que Internet propagó durante la primavera árabe, que continuó con el movimiento indignado español y alcanzó relevancia internacional con Occupy Wall Street se extinguirá, y la red se convertirá en un gran centro comercial en el que los consumidores llevarán sus gustos y necesidades tatuados en la frente. Este es el mensaje que primero los criptopunks, después Julian Assange y por último Edward Snowden han intentado transmitir, y que Rousseff sacó a debate por primera vez ante los líderes mundiales.

Su discurso no se detuvo ahí. Como antigua colonia europea, miembro de los Brics y potencia emergente, Brasil entiende que la libertad de la red forma parte de un movimiento mayor. Lograr la independencia digital puede ser el último paso para romper definitivamente la subordinación a las metrópolis occidentales. Por ello, Rousseff desacreditó la teoría que ha entronado a EEUU como el líder de ‘El Eje del Bien’ en su declaración en la ONU. No tolera que los derechos de sus ciudadanos sean vulnerados por autoridades extranjeras en su supuesta persecución de terroristas. Tampoco admite que su país sea considerado tolerante con los extremistas por dicha causa: para su presidenta, Brasil no necesita que otro estado se convierta en su faro democrático y marque su camino.

El proceso está abierto. Las propuestas de Rousseff de obligar a las empresas a reubicar en Brasil las bases de datos sobre ciudadanos brasileños, o crear un servicio de correo electrónico propio, público y encriptado, aún no se han traducido en medidas concretas. Por el momento, su reacción ante el espionaje ha sido más política que práctica.

No obstante, hay que tener en cuenta que la primera legislatura de Rousseff al frente de Brasil está próxima a finalizar y deberá convocar elecciones para octubre de 2014. Si entonces obtiene una firme reválida del pueblo brasileño, como previenen las encuestas, puede que sienta el suficiente respaldo político como para intentar convertir a Brasil en un país pionero en el movimiento descentralizador de Internet.