Con esa forma tan curiosa de interpretar el liberalismo económico que a veces tiene la derecha, RODRIGO RATO, siendo vicepresidente del Gobierno, sacó adelante en 1999 una ley que limitaba el acceso de compañías públicas extranjeras al sector energético español. Cualquier adquisición superior al 3% del capital requería autorización administrativa, salvo que el comprador renunciara a ejercer los derechos políticos correspondientes, cosa que normalmente no ocurre. Energía de Portugal (EdP) y la alemana Enel tuvieron que pasar por el aro de la “ley Rato” cuando metieron la cabeza en Cantábrico y Viesgo, respectivamente, a pesar de que no eran ellas las causantes de los recelos del Gobierno, sino Électricité de France, que ya entonces le había echado el ojo a Iberdrola.

Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó la semana pasada esa norma por entender que impide la libre circulación de capitales que todos los Estados miembro tienen la obligación de facilitar. No es la primera medida proteccionista adoptada bajo el mandato de JOSÉ MARÍA AZNAR que España se ve obligada a retirar a instancias de Bruselas. Otra muy significada fue la “acción de oro” que el Estado se reservó transitoriamente en las grandes empresas privatizadas (Telefónica, Iberia, Repsol…) para evitar que cayeran en manos distintas de las que el Gobierno quería. Pasó a mejor vida en noviembre de 2005, sin haber sido utilizada jamás.

La derogación de la “ley Rato” ha sido interpretada como una buena noticia precisamente para la compañía que la inspiró, EdF, que nueve años después ha vuelto tras los pasos de Iberdrola. Y en cierta forma es así, porque ahora podrá comprar cuantas acciones desee sin pedir permiso a nadie. Pero se da la circunstancia de que, al menos de momento los obstáculos para que EdF entre en Iberdrola no los pone el Gobierno, que lleva tiempo al cabo de la calle de sus intenciones, sino el propio consejo de la eléctrica española y el blindaje antiopa del que ésta se dotó.

Su presidente, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, cuando conoció el plan de FLORENTINO PÉREZ y de sus socios en ACS (la familia MARCH y los ALBERTOS) de darle un zarpazo a Iberdrola para fusionarla con Fenosa, se cuidó muy mucho de introducir en los estatutos algunos preceptos disuasorios, que como mínimo encarecerían notablemente la operación. Ése es el gran problema de EdF, aunque fórmulas hay para sortearlo, que sin dudan serán activadas en el supuesto de que, después de las elecciones del 9 de marzo, los interesados decidan seguir adelante.

Si RODRÍGUEZ ZAPATERO renueva la confianza de los ciudadanos y continúa en la Moncloa, el Gobierno probablemente no ponga pegas, salvo que se plantee un troceo de Iberdrola, sobre el que PEDRO SOLBES ya se ha pronunciado en contra, o los nacionalistas vascos no lo vean claro y su concurso sea imprescindible para la investidura.